Pescado a la veracruzana

Las esterilizaciones de la era Fujimori siguen impunes en Perú

La última vez que Perú se presentó ante el Comité de derechos humanos de Naciones Unidas, en 2000, el país salía de ocho años del régimen autoritario de Alberto Fujimori. En noviembre de 2000, el Comité expresó su preocupación por las “denuncias recibidas sobre esterilizaciones involuntarias, particularmente de mujeres indígenas en zonas rurales y de mujeres de los sectores sociales más vulnerables”. Doce años después, la misma instancia vuelve a llamar la atención sobre el tema por la falta de sanciones a los responsables de esa política de control natal aplicada durante el gobierno de Fujimori y de resultados en la investigación.

“Pese al significativo número de años que han pasado, las víctimas aún no han recibido reparaciones y los perpetradores no han sido sancionados”, señala en sus conclusiones el comité que evaluó el desempeño de Perú como Estado parte del Pacto de Derechos Sociales y Políticos. El documento fue difundido el jueves 28 en Ginebra.

En 2011, durante la campaña electoral presidencial, el recuerdo de los casos de esterilizaciones forzadas minó la candidatura de Keiko Fujimori, hija del ex presidente que cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

Las investigaciones fiscales acerca de las esterilizaciones forzadas se reabrieron en 2012, aunque ONG alertaron que si el Estado no provee presupuesto y personal, las denuncias se archivarán como en el pasado. Los expertos de la ONU se han pronunciado en el mismo sentido. “El Comité urge al Estado parte a agilizar la investigación: disponer suficientes recursos económicos, humanos y técnicos (…) y asegurar que todas las víctimas reciban formas adecuadas de reparación sin más dilaciones”.

Perú presentó a la ONU, en septiembre de 2011, su quinto informe como Estado parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, aunque debió haberlo depositado en octubre de 2003. El año pasado, recibió preguntas específicas del comité de expertos en Ginebra y fue convocado al examen periódico en Ginebra. Estas audiencias del examen se realizaron el 19 y 20 de marzo, tras lo cual, el comité de expertos elaboró sus conclusiones.

Entre otras recomendaciones, el Comité indica que el Estado peruano debe asegurar la aplicación de un protocolo nacional de aborto terapéutico ya aprobado. “En otros países de América Latina, el aborto terapéutico es formalmente ilegal, pero en Perú es formalmente legal y no está adecuadamente implementado. Nosotros debemos enfatizar en la protección de la vida y la salud de las mujeres; en ese sentido es un problema más serio”, comentó a este diario Gerald Neuman, uno de los expertos del Comité, y catedrático en Harvard de Derecho Internacional y Derecho Comparado. “Cierta cantidad de problemas de Perú acerca de los derechos humanos se debe a que las normas dicen cosas coherentes con las obligaciones internacionales, pero fracasa en la implementación efectiva de la ley en la realidad, y no cumple, entonces, con su obligación”, añade Neuman.

El experto estadounidense también destacó que al Comité de la ONU le preocupa “la frecuencia con la que declara el Estado de emergencia, sin justificación, para lidiar con protestas pequeñas y locales”, dado que en esas circunstancias ha habido excesos en el uso de la fuerza por parte de los militares y la policía. “Esas violaciones de derechos humanos no están siendo investigadas ni sancionadas”, agregó por teléfono.

Al igual que Neuman, el abogado argentino y miembro del comité Fabián Salvioli, remarcó el riesgo que plantean los decretos 1064 y 1065 que autorizan la intervención de las Fuerzas Armadas ante un ‘grupo hostil’. “En dichas normas encontramos una posible incompatibilidad con el pacto, pues la definición de ‘grupo hostil’ puede incluso aplicarse a personas con piedras o palos, que no merezcan ese uso de la fuerza”.

Las conclusiones del comité también aluden a secuelas del conflicto armado interno y la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso entre 1980 y 2000. La instancia lamenta la falta de cooperación del ministerio de Defensa y las fuerzas armadas a la hora de entregar información.

Tráfico está decidido a imponer a los ciclistas el uso del casco en ciudad

“Es el primer día que llevo casco. Lo veo ridículo”. Esta es una de las reacciones que recogió EL PAÍS el 2 de septiembre de 1992, un día después de que entrara en vigor la obligación de que los usuarios de ciclomotores llevaran casco. “La historia de la seguridad vial está plagada de este dilema: cinturón de seguridad delante, cinturón de seguridad detrás, casco de motocicleta, casco de ciclomotor… No hay una sola medida de prevención que haya sido recibida favorablemente por todo el mundo”, estima la directora general de Tráfico, María Seguí. Y la polémica sobre la obligatoriedad o no del casco para ciclistas en zona urbana no está libre de controversia, hasta tal punto que, según fuentes de Tráfico es, junto a la subida de la velocidad a 130 kilómetros por hora en ciertos tramos, el principal escollo para la aprobación consensuada del nuevo Reglamento General de Circulación.

El borrador, que Tráfico ya ha enviado a los miembros del Consejo de Seguridad Vial, recoge la imposición de que los ciclistas usen casco cuando circulan por ciudad, una norma que ya ha suscitado el rechazo unánime, no solo de las asociaciones ciclistas sino de todas las fuerzas políticas en la ciudad de Barcelona. Sin embargo, según datos cruzados de las policías locales y la Guardia Civil, el 20% de los ciclistas muertos y heridos, en ciudad y en carretera, lo son por una lesión craneal, aunque los informes no especifican cuántos no llevaban casco.

A favor

• El casco reduce tanto las lesiones craneales como su gravedad.

• Si la medida es voluntaria, solo usarán el casco "los convencidos". El resto sigue en peligro.

•  Aunque el número de fallecidos no es alto, sí lo es el de heridos.

• Hay estudios que demuestran que la obligatoriedad del casco reduce el número de lesionados craneales y no incide en una disminución del uso de la bicicleta.

“La evidencia en la utilidad del casco para reducir la probabilidad de lesión craneal es incuestionable, hay más de 150 artículos científicos al respecto y eso no lo va criticar ninguna asociación ciclista”, defiende la directora. Y, efectivamente, el problema no reside en la utilidad o no del casco sino en la exigencia de llevarlo. Seguí apuesta claramente por establecer su uso por ley: “Cuando tú pones una medida voluntaria, se protege aquel que es más consciente. Y, por pura definición, es el que menos probabilidad tenía de tener un accidente”.

Pero las asociaciones ciclistas creen que el mensaje que envía Tráfico, en el momento de auge de la bicicleta, es que este tipo de vehículo es peligroso, cuando las cifras, aseguran, demuestran lo contrario. “Hay un promedio de 15 muertos anuales —en 2011, el último año con cifras consolidadas, fallecieron 12 ciclistas en ciudad—, por lo que es una medida totalmente desproporcionada, que frena la expansión ciclista", considera Manuel Martín, director técnico de ConBici. Según el Barómetro Anual de la Bicicleta, unos tres millones de personas usan en España este vehículo casi a diario. “La normalidad en el uso la bicicleta se verá afectada por la imposición del casco”, sostiene Martín. La comodidad o la estética son, según reconoce, dos de los factores. “Piensa en una mujer que acaba de salir de la peluquería y se lo tiene que poner”, continúa. Además, en el resto de Europa, según apuntan desde la Asociación de Ciclistas Profesionales, “no es obligatorio el uso del casco”.

En contra

• La implantación del casco provocará una disminución del uso de la bicicleta, según un estudio neozelandés.

• En el resto de Europa no es obligatorio usar el casco.

• La imposición del uso del casco envía un mensaje de peligrosidad sobre el uso de la bicicleta, pero la media de fallecidos anuales es de 15 personas.

• El casco afectará a la normalidad del uso de la bicicleta porque puede llegar a resultar incómodo y poco estético.

El director de ConBici tilda la imposición de “paternalista” y recuerda que “unas 300 personas pierden la vida al año por un ahogamiento pero no es obligatorio llevar chalecos salvavidas en los pantanos”. “Si la Dirección General de Tráfico está tan preocupada por velar por la salud de todos los ciudadanos, debería empezar por poner casco obligatorio a los ocupantes de los coches, que suman al año unas 5.000 víctimas entre heridos y fallecidos, muchos por politraumatismos craneoencefálicos”, añade.

Sin embargo, estas cifras, protesta María Seguí, “son incompletas porque son las mismas que las de la DGT y, por ley, solo se recogen los incidentes donde hay implicado un vehículo motorizado”. La máxima responsable de Tráfico admite que la cifra de víctimas mortales no es elevada. “Al ciclista, lo que realmente le mata es la velocidad de los vehículos, y de ahí la importancia de reducir la velocidad en ciudad con el nuevo código de circulación [a 30 en calles con un solo carril y sentido único o con un carril por sentido de circulación, y a 20 en las calles con una sola calzada y una acera]”. “Esa es la principal ayuda al ciclista”, apostilla.

Son los heridos, sin embargo, lo que más le preocupa. En 2011, hubo 285 ciclistas que resultaron heridos graves en ciudad, la cifra más alta desde 1997. “Las lesiones cerebrales son un mal silente en España”, insiste Seguí, que subraya que el casco ayuda a reducirlas tanto en número como en gravedad. Y arroja las cifras generales de siniestralidad de 2012: 5.600 lesionados cerebrales y más de 200 lesionados medulares. “¿Voy a promover un medio que me puede resultar en más lesionados craneales cuando tengo una herramienta que sé que es efectiva reduciendo esa lesión?”, se pregunta.

Pero los ciclistas argumentan que Interior y la DGT “legislan por percepciones”. “No tienen estudios hechos”, considera Manuel Martín, que sí alude a un estudio: “En Nueva Zelanda se demostró que el uso de la bicicleta cayó en un 30% tras la imposición del casco”, recuerda. Seguí conoce este estudio: “Es cierto, pero se hizo en el periodo inmediato a la aprobación de la ley, nadie ha seguido a más largo plazo qué sucede con eso y quien es un convencido de la bicicleta, tarde o temprano vuelve”.

Sin embargo, sí existen estudios científicos que avalan no solo la eficacia del casco como protección sino la efectividad de implantar la medida por ley. El Cochrane, una red internacional especializada en la elaboración de informes sobre recomendaciones de salud pública, concluye que la implantación por ley del uso del casco para ciclistas en ciudad es “efectiva en la reducción de lesiones craneales”.

Llega a resultados similares otro estudio canadiense publicado en la revista Injury Prevention, que, si bien alude al estudio neozelandés sobre la disminución de ciclistas, asegura no haber encontrado en su análisis “una reducción significativa del uso de la bicicleta” durante la implantación de una ley similar en Canadá. María Seguí se muestra contundente sobre la implantación de la normativa: “Si me quieren tirar tomates que me los tiren”.

Barómetro

• En España, alrededor de tres millones de personas usan la bicicleta casi a diario, y a 15,5 millones con alguna frecuencia, según el Barómetro Anual de la Bicicleta.

• En 2011 murieron 49 ciclistas, 37 en vía interurbana y 12 en vía urbana.

• En 2011, resultaron heridos graves 589 ciclistas, 304 en vía interurbana y 285 en vía urbana.

• Un golpe en la cabeza provocó el 20% de heridos y muertos entre los usuarios de la bicicleta.

Feijóo y el narco Marcial Dorado fueron amigos en los noventa

Fueron amigos durante unos años, y uno acabó al frente del Gobierno gallego y el otro en la cárcel por narcotráfico. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, del PP,mantuvo a mediados de los años noventa, mientras ocupaba altos cargos en los Gobiernos gallego y central, una estrecha amistad con el histórico contrabandista Marcial Dorado Baúlde. Entonces Dorado ya era muy conocido por sus actividades como uno de los jefes del contrabando de tabaco en Galicia, y Feijóo ocupaba destacados puestos en la Administración sanitaria, primero en la autonómica y luego en la estatal. La relación incluyó invitaciones a Feijóo a la casa y al barco de Dorado, además de viajes que realizaron juntos.

En aquella época el contrabandista había sido detenido dos veces: en 1983, en la primera gran redada contra el negocio ilegal del tabaco en las Rías Baixas, y en 1990, por orden del juez Baltasar Garzón, dentro de la Operación Nécora, aunque luego lo excarcelaron y no llegó a ir juicio. Años después de su relación con Feijóo, Dorado fue arrestado por narcotráfico y ahora mismo se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena a 14 años.

EL PAÍS se reunió con Feijóo el pasado día 20. En esa reunión el presidente de la Xunta pudo ver las fotos a las que había tenido acceso este periódico y ofreció su versión de los hechos. EL PAÍS había obtenido las fotos días antes, pero no contactó con el líder conservador gallego hasta que comprobó la veracidad de las mismas. Feijóo y el contrabandista se conocieron a través del que fuera durante años testaferro de este último en sus múltiples negocios, Manuel Cruz López —luego fallecido en accidente de tráfico—, militante del PP en Ferrol y chófer oficial de consejeros de la Xunta como José Manuel Romay Becaria, principal impulsor de la ascendente trayectoria de Feijóo como gestor en la Administración y de su meteórica carrera política hasta su nombramiento como sucesor de Manuel Fraga en 2004.

 Feijóo conoció a Dorado a través de un testaferro de este, chófer en la Xunta 

Cuando conoció al contrabandista, Feijóo tenía 34 años, vivía en Santiago y era el número dos de la Consejería de Sanidad que dirigía Romay. Su amistad con Dorado se mantuvo unos meses después de la marcha del actual presidente gallego a Madrid, reclutado por el propio Romay para dirigir el desaparecido Insalud. El entonces prometedor alto cargo empezó a acompañar a Cruz en sus asiduas visitas a la espléndida mansión de Dorado en A Illa de Arousa (Pontevedra), donde se celebraban comidas y reuniones a las que asistía personal de confianza del contrabandista, incluso algunos mandos uniformados.

La amistad entre el político y el contrabandista se fue estrechando. Entre 1995 y 1998, Feijóo acudió durante los veranos a otra casa que Dorado tenía en Baiona, cerca de Vigo. En estas escapadas no faltaba el paseo a bordo del yate que el empresario tabaquero tenía atracado en el Club Náutico de esta localidad turística. En algunas de esas excursiones participó también la que era entonces la pareja del que llegaría a ser jefe del Gobierno gallego. La afición de Dorado por los barcos de recreo llevó a Feijóo a pasear a bordo de uno de los yates insignia del contrabandista, el Oratus, que tenía fondeado en Ibiza. Esta embarcación sería intervenida años después en una operación contra el blanqueo de dinero, tras la detención de Dorado en relación con un cargamento de seis toneladas de cocaína, en octubre de 2003.

El contrabandista Marcial Dorado Baúlde (izquierda) y Alberto Núñez Feijóo, en un barco del primero en el verano de 1995, entre Baiona y las islas Cíes, en la ría de Vigo.

Feijóo también fue con Dorado a Portugal, donde este tenía negocios, y a Andorra. El Principado era entonces uno de los destinos frecuentes de los contrabandistas para evadir dinero. Personas próximas a Dorado, algunos exsocios en la importación ilegal de tabaco, recuerdan a Feijóo como una persona discreta pero muy integrado en las fiestas que organizaba su anfitrión. Era el amigo de Cruz, mano derecha del contrabandista, y apenas conocían detalles de su vida profesional. La sorpresa vino años después, cuando alcanzó la presidencia de la Xunta.

En aquella época, Dorado ya había amasado una de las más potentes fortunas a la sombra del negocio tabaquero con varias sociedades inmobiliarias y gasolineras. En Portugal se había introducido en el mercado vinícola con una importante plantación mientras orientaba parte de sus inversiones hacia Marruecos con la producción de aceite.

En esa época

el contrabandista ya había sido detenido en dos ocasiones

Feijóo explica que empezó a tratar a Dorado, en torno a 1995, a través de Cruz, con quien había trabado amistad en la Xunta. Su relación, asegura, se limitó al ámbito personal en reuniones en su tiempo de ocio en las que participaban más amigos. Reconoce que estuvo en su barco, en su casa y que al menos hizo un viaje con él, aunque insiste en que siempre había más amigos presentes. El presidente de la Xunta niega tajantemente que tuviera cualquier tipo de lazo económico con Dorado ni que estuviera al tanto de sus negocios ni que su relación con él hubiese tenido la menor influencia en sus decisiones como cargo público. Insiste en que también desconocía que Cruz participase en los negocios del contrabandista.

Según el jefe del Gobierno gallego, en aquel momento confió en la palabra de los amigos comunes, que le aseguraron que Dorado ya no se dedicaba al contrabando de tabaco. Y resalta que, cuando se produjeron los hechos, tampoco había ningún procedimiento judicial abierto contra él. Hacia 1997, en cuanto tuvo noticia de que la Audiencia Nacional había abierto una investigación a Dorado por una supuesta operación de contrabando, el presidente gallego afirma que cortó toda la relación con él y que desde entonces ni se han vuelto a ver ni han hablado nunca.

En conversación con EL PAÍS, Feijóo señala que en 2004 tuvo conocimiento de que fotografías suyas con Dorado habían sido requisadas durante un registro policial en el domicilio de este. Más tarde, durante la campaña de las elecciones autonómicas de 2009 —en las que alcanzó la presidencia de la Xunta—, asegura que dirigentes del PSOE le amenazaron con difundir esas imágenes si el PP no bajaba el tono de sus ataques. El presidente gallego sostiene que transmitió a los socialistas que no le importaba que se hicieran públicas porque entendía que no le comprometían en nada ilegal. En esos mismos días, el PP hizo circular una imagen del entonces vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, en el yate de un empresario que había recibido contratos de la Xunta. Mariano Rajoy llegó a pedir la dimisión de Quintana por esa foto.

Hicieron viajes juntos y Feijóo fue invitado a la mansión del capo

Desde su implicación en la gran redada contra los tabaqueros gallegos en 1983, Marcial Dorado, uno de los 94 procesados en este macrosumario, es uno de los que más páginas de periódicos ha acaparado. Aunque el asunto fue archivado por la Audiencia Nacional 15 años después, Dorado Baúlde fue objeto de múltiples investigaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) hasta el punto de que en 1998 la dirección de Aduanas en Madrid ya había diseñado la operación para detenerle bautizada como Cabeza de Vaca, en alusión al conquistador español y su relación con la leyenda de El Dorado. La operación fue desactivada coincidiendo con la fulgurante destitución de la entonces cúpula del SVA. De los históricos del contrabando de tabaco en Galicia, Dorado era el único al que nunca se había podido implicar en el tráfico de drogas.

Cuando su relación con Feijóo ya había concluido, Dorado acabó condenado a tres años por sobornar a dos guardias civiles. En 2003 le detuvieron por primera vez acusado de narcotráfico. Era el último de los históricos en caer y el único que permanecía en pie viviendo de las rentas de la importación de tabaco ilegal.

El  presidente de la Xunta afirma que creyó que Dorado ya no era contrabandista

Dorado, que pronto cumplirá 63 años, comenzó en el contrabando como jefe de una de las tres grandes compañías que se formaron en la clandestinidad a finales de los años setenta en la Ría de Arousa, denominadas ROS, Sito Carnicero y Marcial, por los nombres de sus jefes. Parte de su niñez la había pasado a bordo del barco en el que su padre traía y llevaba pasajeros y víveres de la isla de Arousa a tierra. Al igual que sus colegas, Dorado se refugió en Portugal cuando se desató en las Rías Baixas la gran redada de diciembre de 1983. Y fue uno de los que coincidieron en un lujoso hotel de la localidad de Viana do Castelo, donde se alojaban los fugitivos contrabandistas, con el entonces presidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor (de Alianza Popular), cuando este asistía a un acto oficial.

Albor accedió a entrevistarse con los fugados, que le pidieron que intermediara para negociar su regreso a España. Meses después, Dorado y el resto de los exiliados se entregaron voluntariamente en la Audiencia Nacional, donde el caso se archivaría años más tarde porque los delitos prescribieron antes de ser juzgados. Durante esa época, históricos contrabandistas gallegos como Vicente Otero Terito eran reconocidos militantes de Alianza Popular

Cuentas en Suiza y en Bahamas

Antes de conocer a Alberto Núñez Feijóo, Marcial Dorado ya era un habitual en los periódicos por asuntos como la llamada peseta connection, una investigación judicial franco-suiza que en 1989 le implicó en una red internacional de blanqueo. La investigación nunca dio fruto y Dorado fue esquivando a la justicia hasta 2003, cuando Aduanas lo vinculó con un gran alijo de cocaína. La Audiencia Nacional le condenó a 17 años de cárcel, que el Supremo rebajó a 14. Dorado llegó a confesar su actividad como contrabandista pero negó que traficase con drogas.
En 2009, el juez Fernando Grande Marlaska ordenó el embargo de sus bienes, valorados en más de 12 millones de euros, incluida su mansión de A Illa de Arousa. Entre su patrimonio figuran tres estaciones de servicio, otras tantas bateas de mejillón, 170 fincas rústicas, 12 plazas de garaje y 16 locales comerciales. En los bancos, la Agencia Tributaria le bloqueó 4,1 millones de euros: 1,8 millones en Suiza, 1,5 en el paraíso fiscal de las Bahamas, 300.000 en Portugal y 500.000 en España. En la causa estaba imputado como testaferro Manuel Cruz (el fallecido amigo de Feijóo), varios abogados y un teniente coronel de la Guardia Civil acusados de blanqueo de dinero. El asunto está ahora en manos del magistrado Javier Gómez Bermúdez, atascado por el volumen de respuestas a las comisiones rogatorias enviadas sobre todo a Suiza que hay que traducir.

España se vende por aldeas

"Se vende aldea. Impresionantes vistas y finca. Oportunidad, con seis edificaciones, manantial de agua y finca de 13.000 metros cuadrados. Zona Pontenova. 62.000 euros". "Conjunto rural en el sureste de Lugo, con 5 edificaciones y finca de 2.227 metros cuadrados. Oportunidad, 55.000 euros. Dos casas y anexos». Estos anuncios, ambos relativos a la provincia de Lugo, están publicados en Aldeas Abandonadas.com, el portal de Internet más activo en este negocio. No son una excepción.

Según los datos que maneja Rafael Canales, su gerente, "en España el INE tiene registradas 3.0000 aldeas abandonadas". Ellos tienen a la venta más de 60, de las que "el 70% están en Galicia", pero otros sitios como Trovit tienen ofertas similares y el auge de este mercado inmobiliario por el que en el último año han mostrado interés ciudadanos del Reino Unido, Alemania, Bélgica o Noruega incluso ha animado a Administraciones públicas a estudiar la oportunidad.

Es el caso de Cerdedo, en el interior de Pontevedra. Su alcalde, José Balseiros, explica que el representante de una familia alemana se ha puesto en contacto con el ayuntamiento para interesarse por la aldea de Fraguas, pero no ha sido posible localizar a todos los propietarios y la mayoría de las casas están en estado de ruina, de modo que será la propia Administración local la que estudie la fórmula para subastarla.

En Cotobade, municipio limítrofe, su alcalde, Jorge Cubela, ha hecho un inventario de las aldeas que están en esta situación y ha descubierto una auténtica joya en Arufe, un núcleo con cinco casas de piedra con sus correspondientes hórreos y palomares que ocupa cerca de 8.500 metros cuadrados. [VEA EL VÍDEO] Tras localizar a todos los propietarios, estudian fórmulas para promover su rehabilitación y que vuelvan los habitantes que no residen allí desde hace 60 años,

"Para el Ayuntamiento sería un proyecto muy bonito sacarlo adelante», indica. En su caso, estarían más interesados en promover algún complejo de turismo rural, ecoaldea o similar, pero están abiertos a todas las opciones y, de hecho, ya han recibido varias llamadas para adquirirla. Incluso han iniciado alguna gestión conjunta con Cerdedo y otros ayuntamientos del entorno para buscar una solución al abandono de estas aldeas que «se fueron quedando sin vecinos por la emigración, por el éxodo de la gente a las ciudades o por la falta de comunicaciones». No hay una única razón, pero sí una realidad común: sus propietarios no las mantienen y los gestores municipales ven en su riqueza arquitectónica y paisajística un nicho de mercado para ayudar a combatir la despoblación del rural gallego.

Recuerdos de aldeas en esplendor

Valisneria Vidal Gómez tiene 88 años y es una de las pocas personas que recuerda Arufe con vecinos. Rememora a los portugueses que adquirieron una de las viviendas, que otra es de una familia ourensana que se ha quedado sin herederos y, sobre todo, «cuando allí había mucha vida. Había un magistrado que veraneaba aquí y le llamaba al camino principal la calle de Segasta, porque de tanto pasear por ella, se gastaba el suelo». Ella ha heredado una de las viviendas «pero está abandonada, necesita ponerle la mano encima para vivir allí. En mis tiempos había mucha gente, pero ahora Arufe ya no es nada», explica.

La situación de Arufe no es habitual en el resto de las aldeas abandonadas que salpican el rural del país. «En la mayoría de los casos es muy difícil encontrar a los propietarios. Muchos son gente mayor que ha fallecido y ha dejado la herencia a los hijos, pero viven en la ciudad y están desvinculados del lugar», explica Rafael Canales. Desde su web están promoviendo expedientes para mediar entre posibles herederos y compradores y han logrado ya devolver la vida a algunos pueblos.

Recientemente, unos ingleses han adquirido una aldea que se ofertaba en su web como "Bonita aldea del valle del Eo, en venta por 125.000 euros". Está ubicada en A Pontenova (Lugo) y el encanto de las fotos con la que la promocionaban hizo interesarse a medios de comunicación de lugares como Bulgaria y recibir varias ofertas en firme. Los nuevos propietarios pretenden restaurar parte de las construcciones y dedicarlas al turismo rural. "Entre un 15 y un 20% de los compradores las compran como inversión», explica el gerente de Casas Abandonadas, pero también hay personas interesadas «en la tranquilidad que pueden tener en esos sitios, por ejemplo, para retirarse a vivir en el campo cuando se jubilan».

El 90% de los compradores son extranjeros

En el último año han recibido entre 300 y 400 solicitudes de información y frente al año pasado en que los clientes eran mitad y mitad españoles y foráneos, en los últimos meses «el 90% son extranjeros por la situación del mercado inmobiliario español». Es rara la semana en la que no tramitan algún expediente para adquirir gangas como una «aldea 3 casas, excelente zona. Cerca de playas, 60.000 euros». Está en la Costa da Morte, en A Coruña.

Tienen casas por toda España, pero más en Galicia, Cataluña o Asturias y las que más se mueven son las gallegas «porque son mucho más baratas». Por ofertas, «las más asequibles son las de Galicia y luego Asturias, parte de Castilla y León y Castilla la Mancha. Andalucía es mucho más cara y en Cataluña no las compras por menos de 250.000 euros».

Las 1.408 aldeas deshabitadas que contabiliza el INE en Galicia suponen la mitad de toda España, pero no es la cantidad de oferta la que decanta el mercado, sino el tipo de producto, «lo que en Galicia compras por menos de 100.000 en otras zonas te vale un millón». El mejor ejemplo puede ser contraponer estas dos ofertas: «Conjunto rural, masias en venta con finca espectacular, 150 hectáreas. 2 casas habitables, 1.200.000 euros. Barcelona». «Aldea 5-6 casas, Ribeira Sacra, Entre 15.000-40.000 euros. Impresionantes vistas. Toda ahora por 60.000 euros».

En dos años, todos seremos chipriotas

"Las necesidades de capital deben ser cubiertas en primer lugar y de forma prioritaria por los accionistas y el mercado y, donde eso no se dé, deberá haber ayuda coordinada de los Estados".

Esa frase, como recordaba esta semana en este artículo el ex vicepresidente de Moody’s, Christopher Mahoney, es del viceministro de Finanzas de Alemania, Jörg Asmussen. ¿Un ministro alemán diciendo eso? Sí. En 2011. En 2007, Alemania había rescatado, sin ningún tipo de vergüenza, a su banco IKB, que estaba en quiebra por haberse hinchado a comprar hipotecas basura.

Mahoney recordaba la frase de Asmussen en un artículo en el que aseguraba que, según Moody’s, tres de los mayores bancos en peligro de la eurozona son alemanes: Deutsche Pfandbriefe Bank, Norddeustsche Landesbank y HSH Nordbanken. Las tres criaturas suman en total 467.000 millones de euros en activos pero, como comentaba el ex directivo de la agencia de calificación de riesgos, ni los depositantes ni los acreedores de esos bancos están en peligro de que les pase algo como a los de Chipre. Como concluye 'Rebelión en la Granja', de George Orwell, "todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros".

En el pasado, Alemania se opuso también a recortar los acreedores, como recordaba Nicolas Véron, del Peterson Institute for International Economics (de Washington) y Brueghel (de Bruselas), refiriéndose al colapso de Irlanda en 2010. Ahora, sin embargo, el ministro holandés de Finanzas, Jeroen Dijselbloem, ha dicho que "los depósitos de los bancos sólo son tan seguros como lo sean los Gobiernos que han asegurado esos depósitos". ¿Es segura España? ¿Eslovenia? ¿Irlanda? ¿Portugal? Hasta hace tres meses, el mercado no lo creía así.

Pero ahora la Comisión Europea trabaja, bajo órdenes de Alemania, Holanda, Finlandia y Dinamarca, en un proyecto de Directiva europea, que entraría en vigor en 2015, en virtud de la cual los rescates de los bancos los pagarán los que tengan bonos… y los depositantes.

Esto, en la práctica, significaría poner el euro en la cuerda floja en dos años. Los bancos de los países 'acreedores' están recortando su exposición a los países 'deudores', tal y como ha recordado esta semana el Institute for International Finance. Eso significa que el riesgo de 'contagio directo' de una crisis es cada vez menor, y justifica que apenas haya habido reacción tras la hecatombe chipriota. Pero eso también implica algo muy grave: el sistema financiero europeo se está fragmentando. En vez de a una unión, caminamos hacia lo contrario.

Hay otro problema: si los mercados bancarios de fragmentan, los bancos de cada país tendrán más deuda del propio país. Eso significa que los países más solventes (los acreedores) serán cada vez más solventes (porque tendrán deuda soberana de sus Estados) y los de los países en quiebra (real, a la chipriota, o técnica, a la… bueno, mejor no lo pongo, que luego me llaman catastrofista) serán cada vez menos solventes, por la misma razón.

Así, esta semana se ha dado un paso de gigante hacia la destrucción del euro. No sólo con lo de Chipre, sino también con el precedente de la directiva.

Para generalizar la 'solución chipriota' es necesario tiempo. Ahora mismo aplicar ese sistema a otros países sería catastrófico.

La razón es que el sistema bancario chipriota era muy peculiar. Sus instituciones financieras dependían de los depósitos para financiarse y emitían muy poca deuda. No habría sido posible rescatarlos sólo con una reestructuración de la deuda, formal (a la griega) o informal (a la portuguesa o irlandesa).

Además, hay otro elemento, este político, que ha sido señalado por Tyson Barker, de la Bertelsmann Foundation: le tiene declarada la guerra a los paraísos fiscales, como Chipre. De hecho, gran parte del mundo desarrollado está endureciendo la presión sobre esos territorios, para así poder recaudar más. Varios países del Caribe, por ejemplo, están empezando a tener problemas porque la Hacienda estadounidense es menos tolerante con la evasión fiscal. ¡Hasta Berlusconi ha declarado que el secreto bancario de Suiza va a acabarse!

Pero, entretanto, hay una cosa clara: en 2015, todos seremos, legalmente, chipriotas.

FERIA MEDIEVAL CALONGE

Cacaolat ha despedido a 90 de sus 420 trabajadores en un año

Hace poco se cumplía el primer aniversario de la adjudicación definitiva de Cacaolat a la alianza formada por la cervecera Damm, la embotelladora de Coca-Cola Cobega y su socio Victory Turnaround. Cacaolat estaba a salvo tras el concurso de acreedores presentado por Nueva Rumasa. La propuesta de la alianza ganó con una oferta 130 millones de euros. Entre otras cosas, la oferta contemplaba el mantenimiento de todos los puestos de trabajo tras ocho meses de incertidumbre.

Pese a los compromisos, Cacaolat sufre desde pocas semanas después de la adjudicación un goteo de despidos que han afectado a casi 90 empleados de unos 420. Los sindicatos acusan a los nuevos propietarios de estar aplicando un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) encubierto. El incumplimiento comenzó en mayo, dicen, cuando Damm y Cobega segregaron en una nueva empresa la planta de Utebo (Zaragoza) y en julio despidieron mediante un ERE a 48 de sus 90 empleados.

En paralelo, hubo despidos individuales y jubilaciones forzadas tanto en las instalaciones de la calle de Pujades (fábrica y oficinas) como en Parets del Vallès (distribución) y dos tandas de despidos concentrados: una en octubre del año pasado, que afectó a 24 trabajadores, y otra hace dos semanas, que tuvo 18 víctimas. Nunca, eso sí, los despidos han afectado a más del 10% de un centro de trabajo en un plazo de 90 días, lo que obligaría a presentar un ERE.

Despidos “puntuales”

Fuentes de la Cacaolat responden que los despidos son “puntuales” para “ajustar la plantilla a la producción y tamaño actual”. “La sociedad adquirida tiene muchas pérdidas y todavía no genera beneficios”, añaden las mismas fuentes. También vinculan los despidos con el ERE temporal que durante el proceso de venta se aplicó a los trabajadores por falta de liquidez. La nueva propiedad mantiene que “tiene un proyecto firme con la planta de Santa Coloma”.

Las obras en la nueva fábrica avanzan a buen ritmo y está previsto que las nuevas máquinas lleguen en julio. De hecho, ya se ha cerrado Parets y la distribución se realiza desde las antiguas instalaciones de Damm en Santa Coloma, según el presidente del comité de empresa, Antonio Ubago (CGT). El temor de la plantilla es que el traslado provoque una tercera oleada de despidos, porque la nueva maquinaria requerirá de menos personal.

El 'porno casero' da trabajo a 10.000 italianos y genera 1.000 millones

1.000 millones de euros y 10.000 puestos de trabajo. Estas son las cifras que genera el llamado 'porno casero' en Italia, según un reportaje publicado en el diario italiano 'la Repubblica'.

Los datos no se quedan ahí, en el último año el número de actores y actrices porno que se pasan a este 'subnegocio' creció un 30%, un trabajo como cualquier otro para más de la mitad de los italianos. Un ejemplo del auge que está viviendo el 'porno casero' en el país es el incremento de visitas a páginas web como 'Youporn' que en 2012 recibió cerca de 5.000 millones de visitas, con los italianos en cuarto lugar, después de EEUU, Alemania y Francia.

Unas cifras que cuadran con la opinión de los italianos, que ante la pregunta de si consideran el trabajo de acto o actriz prono degradante o no, un 59% contesta que en absoluto, frente a un 25% que cree que sí lo es.

Y es que mientras en los últimos años el mercado del porno ha caído el del 'porno casero', como se conoce a las películas grabadas por 'amateurs' y difundidas a través de Internet, ha despegado de manera increíble. Las grandes producciones han dado paso a producciones de 2.000 euros con actores que lo hacen por placer y casi sin cobrar, afirma 'la Repubblica'.

Los DVD ya no venden y el negocio está en Internet a través de suscripciones y vídeos por chat. Es el caso de Adam y Mary un matrimonio que lleva en este mercado casi una década y que, según cuenta a 'la Repubblica', lo hacen por "el exhibicionismo y la búsqueda de emociones", aunque también ganan algo de dinero, unos 200 euros por vídeo, explican.

Como su caso miles. No es difícil hacer una búsqueda en Internet y encontrar decenas de ofertas de trabajo que buscan actor o actriz porno para la web. El año pasado este tipo de anuncios creció un 30% en comparación con 2011.

Así lo explica 'Film Hard XXX'. "Ya no buscamos actrices profesionales, sino también mujeres sin experiencia, que quieran desarrollar una carrera profesional en este mercado. Nuestro personal es muy limpio e higiénico con análisis de sangre frecuentes". ¿Y el contrato? "Horarios de 10 a 22 horas, a 40 euros la hora, por lo que en un día se puede embolsar hasta 400 euros limpios".

Un trabajo que cada vez se ve como algo más normal, sobre todo entre los jóvenes italianos, sólo un 33% lo ve con desagrado frente al 59% que dudaría en realizarlo.

Marzio Tangeri es uno de los considerados como pioneros en el 'porno casero' italiano. En 1982, cansado de películas y actores y actrices de plástico, puso un anuncio en el que pedía mujeres y hombres sin experiencia para trabajar en el porno, en seguida recibió cientos de cartas. Viajó por toda Italia grabando a parejas que no pedían dinero y que sólo lo hacían por placer.

Hoy la cosa ha cambiado y en la actualidad hay un boom de este tipo de porno, lo "que ha hecho que pierda su calidad". "Se trata de un porno para todos", asegura Tangeri.

Uno de los reyes de este mercado durante mucho tiempo ha sido el director Silvio Bandinelli, fundador de Showtime, que hoy produce en España. "Hasta hace unos años, explica, el presupuesto medio de una película iba desde los 20.000 hasta los 50.000, en la actualidad un película de porno aficionado llega a un máximo de 2.000 euros con unos costes diarios de unos 200. pares de trabajar gratis o al costo más de 200 euros. Esto ha incrementado el número de empresas dedicadas a ello, incluso entre los más jóvenes".

Cómo acabará la industria del 'porno' es una incógnita, aunque algunos apuntan a que el "boom es ahora el pago por webcam" sobre todo en EEUU, aunque en Europa no termina de despegar.

Mandela responde al tratamiento y ya respira por sí solo tras tres días ingresado

El ex presidente sudafricano y premio Nobel de la paz Nelson Mandela cumple su tercer día en el hospital, después de su ingreso la medianoche del miércoles por una "recaída" de una "infección pulmonar". Mandela se encuentra "cómodo" y es capaz de respirar por sí solo, y continúa respondiendo al tratamiento, ha informado el gabinete del presidente, Jacob Zuma.

Los médicos citados por el Gobierno afirman haber drenado el exceso de líquido de los pulmones de Mandela para frenar la infección. "Como resultado, ahora ya es capaz de respirar sin dificultad". En lo que supone la primera mención detallada del estado de salud de Mandela desde su hospitalización, el comunicado afirma que "ha desarrollado un derrame pleural que fue revertido".

Los informes médicos previos únicamente explicaban que Mandela, de 94 años, estaba respondiendo bien al tratamiento y que su estado de ánimo era bueno. Anteriormente, el portavoz presidencial había anunciado que Mandela estaba "consciente", tanto en el momento de su hospitalización como una vez ingresado.

Se trata del tercer ingreso en el hospital de Madiba -como se conoce a Mandela en su país- en los últimos cuatro meses. Madiba, que durante 67 años luchó contra el sistema de segregación racial del 'apartheid' impuesto por la minoría blanca en Sudáfrica, sufre problemas respiratorios surgidos durante sus 27 años de reclusión por parte del citado régimen.

Mandela fue ingresado el pasado 9 de marzo para ser sometido a pruebas médicas rutinarias con un resultado satisfactorio. Asimismo, el premio Nobel de la Paz de 1993 fue operado el pasado diciembre de cálculos en la vesícula y tratado de complicaciones respiratorias, durante una estancia de más de dos semanas en el hospital, lo que dio lugar a insistentes rumores sobre su muerte.

Mandela vive entre Johannesburgo y Qunu, la localidad oriental donde pasó su infancia, bajo permanente vigilancia medica. Su última aparición pública se remonta a la ceremonia de clausura del Mundial de fútbol de 2010 celebrado en Sudáfrica.

El PP renuncia a la auditoría externa por las reticencias de las empresas

El Partido Popular finalmente no contratará a ninguna empresa externa para auditar sus cuentas, a pesar de que Mariano Rajoy anunció en enero que encargaría a una compañía de renombre la revisión de sus finanzas para limpiar su imagen tras el escándalo provocado por el ex tesorero Luis Bárcenas.

Fuentes de la dirección nacional confirmaron que, tras más de dos meses de búsqueda, se ha renunciado a la auditoría externa porque ninguna empresa está dispuesta a asumir la tarea. Además, el Tribunal de Cuentas la ha desaconsejado tras una consulta escrita realizada por el partido.

Todo comenzó cuando el líder del PP y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado 21 de enero la realización de una auditoría interna y otra externa durante una reunión a puerta cerrada del Comité Ejecutivo Nacional. El PP revisó primero a nivel interno sus finanzas e hizo público un resumen de las mismas a través de su página web.

Acto seguido, comenzó una ronda de reuniones con las principales consultoras y auditoras de cuentas de España, pero pronto encontró dificultades. Dos meses después, ninguna de las firmas más importantes está dispuesta a realizar la auditoría. La formación que lidera Mariano Rajoy asegura que todas se niegan a llevar a cabo el encargo al entender que el Tribunal de Cuentas es el único competente para ello.

Consulta al Tribunal de Cuentas

Para ello, se basan en una comunicación que el propio Tribunal de Cuentas difundió en 2011 ante la posibilidad que se planteó en aquel momento de que las comunidades autónomas solicitaran una auditoría de sus cuentas a empresas privadas.

Este organismo recordó entonces que "la fiscalización externa de todas las entidades públicas está encomendada al Tribunal de Cuentas" y subrayó que "ningún auditor privado, persona física o jurídica, puede fiscalizar ni auditar a ninguna administración pública".

Las empresas a las que recurrió el PP alegaron estos dos argumentos del Tribunal de Cuentas para negarse a revisar las cuentas del partido, a pesar de que las formaciones políticas no son propiamente ni una administración ni un organismo público.

De hecho, el artículo 4 de la Ley Orgánica que rige el funcionamiento del Tribunal de Cuentas establece competencia exclusiva para fiscalizar las cuentas de aquellas instituciones que conforman el sector público: la Administración del Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, las entidades gestoras de la Seguridad Social, los organismos autónomos y las sociedades estatales y demás empresas públicas. No incluye expresamente a los partidos políticos.

El Tribunal de Cuentas subrayó que tiene 'competencia exclusiva' para auditar las finanzas de los partidos

Para despejar la duda, el PP remitió hace unas semanas una consulta escrita al Tribunal de Cuentas en la que planteaba la posibilidad de contratar una empresa externa para revisar sus cuentas, independientemente de la labor fiscalizadora que a posteriori siempre realiza este órgano con carácter anual.

Las fuentes consultadas aseguraron que la respuesta del Tribunal de Cuentas subrayó que tiene "competencia exclusiva" para auditar las finanzas de los partidos políticos, con lo que daba a entender que el PP no debía seguir adelante. Ante las reticencias encontradas en las empresas especializadas y el aviso del Tribunal de Cuentas, el PP ha tomado la decisión de abandonar la idea de contratar la auditoría externa que anunció Mariano Rajoy en el mes de enero, dado que es imposible encontrar una compañía que esté dispuesta.

El encargo de una auditoría externa en realidad no era una idea nueva del Partido Popular. En el año 2009 ya se impuso como una obligación esta práctica con el fin de verificar sus cuentas internas con carácter anual. Así lo establecía el punto 17 del Código de Buenas Prácticas que el partido elaboró hace más de tres años, a raíz del escándalo que el 'caso Gürtel' provocó en la formación por los regalos y el dinero que varios dirigentes recibieron presuntamente de la supuesta trama de corrupción organizada por el empresario Francisco Correa.

En aquel documento se plasmó por escrito como una obligación que "anualmente se someterán las cuentas del partido a una auditoría externa, cuyo resultado se publicará en la página web". Sin embargo, nunca llegó a hacerlo. Fuentes de la dirección nacional del PP precisaron a Servimedia que hasta ahora no se había recurrido a una empresa especializada porque se consideraba que el examen del Tribunal de Cuentas al que están sometidos todos los partidos políticos por ley ya constituía en sí mismo una auditoría externa.

Los agentes antidisturbios lucirán una identificación más grande y en la espalda

Los agentes antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía lucirán su número de identificación en la espalda y en grandes dimensiones, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Estas mismas fuentes han indicado que se trata de un recuadro que se adherirá al uniforme mediante un sistema de velcro y cuyas dimensiones hacen fácilmente visible el número a una distancia considerable. El citado recuadro tiene aproximadamente un palmo de ancho y dos de largo, según imágenes del modelo que usarán los policías a las que ha tenido acceso Europa Press.

En la actualidad, los agentes de la Unidad de Intervención Policial lucen sus números de identificación en el pecho, también adherido con un velcro, pero en unas dimensiones difícilmente visibles más allá de la distancia de respeto (1,20 metros).

Además tal y como reconoció el ex secretario de Estado de Seguridad Ignacio Ulloa, cuando los antidisturbios tienen que llevar a cabo alguna intervención se equipan con los chalecos antitrauma, que no son individuales, sino colectivos y por lo tanto no era posible hasta ahora que figurase en ellos el número de identificación de cada agente.

Difícilmente identificables

La prenda de protección asimismo tapaba el número del pecho por lo que los agentes eran difícilmente identificables en un momento de acción propio de una manifestación. El nuevo sistema de identificación que se situará en la espalda prevé su incorporación a los chalecos, según las mismas fuentes.

Desde el Ministerio del Interior han manifestado en numerosas ocasiones que se estaba estudiando desde el inicio de la legislatura la manera de mejorar la identificación de los antidisturbios en las grandes concentraciones.

Las dificultades actuales para esa identificación fueron motivo de protesta desde diversos colectivos y formaciones políticas, especialmente desde los disturbios del 25-S.

Estas reclamaciones fueron recogidas incluso por el Defensor del Pueblo que en su último informe anual incluía esta recomendación a la Secretaría de Estado de Seguridad. Le instaba a iniciar "los trabajos de modificación normativa necesarios, en lo relativo a aumentar las dimensiones de los números de identificación personal de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, incluidos los que forman parte de las Unidades de Intervención Policial en todas sus prendas".

También la Guardia Civil

Además pedía que se estableciesen "las mismas dimensiones para el Cuerpo de la Guardia Civil (...) al objeto de que se permita su fácil lectura por los ciudadanos desde una distancia prudencial que permita la debida identificación de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, incluidos los miembros de las Unidades de Intervención Policial en todas sus prendas".

Este sistema de identificación en la espalda ya ha sido en puesto en marcha por los efectivos de la Brigada Móvil (Brimo), los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, quienes lucen un código alfanumérico de identificación visible, también adherido con un velcro.

Muere el único hombre que sabía calcular cuándo cae Semana Santa

Semanas, un puñado de días es lo que ha tardado en aparecer la primera crisis del papado de Francisco (Fran o Paco para los amigos, “El repelotudo de blanco” para los amigos argentinos). ¿De qué se trata? ¿De los vatican leaks? ¿De Bárcenas entrando con bolsas de Mercadona en la Banca vaticana?¿De la escasez de fotos de One Direction desnudos en la red? Nada de eso, mucho peor: ha muerto la única persona en el mundo capaz de calcular cuándo narices cae la Semana Santa.

Pese a haber escuchado n-mil veces el ranciofact “va con la luna”, o que “el Jueves Santo coincida con la primera luna después del equinoccio de primavera” (concepto, por cierto, digno de receta de salmorejo mágico de Paco Porras) el tema no es tan sencillo. En realidad, es tan complejo que sólo una persona había dedicado todos sus años de seminario a estudiar el tema hasta conseguir la fórmula definitiva. Bueno, sólo un año, el resto se los pasó zurrándose la sardina, ¡pero un año sin eso ya es mucho tiempo!

El cargo de Jefe de calendario (o, como es conocido en Roma, Il CalendariPirelli) es uno de los cargos en la sombra más importantes de la Iglesia Católica: determina cuando cae la Semana Santa, el calendario ogino de las monjas y realiza las pruebas del carillón de la puerta del Sol que salen cada puñetero año en TVE.

Sin el cargo de il Calendari, ni el propio Papa sabría determinar la fecha de la próxima Semana Santa. Ante tan descontrol, las consecuencias podrían ser impredecibles: decenas de actos descoordinados, cientos de niños esperando a los Reyes Magos en julio y miles de cofrades de Sevilla muertos por deshidratación, de tanto llorar al intentar sacar un paso en plena temporada lluviosa.

A fin de evitar el desastre, los cardenales se han vuelto a reunir (ya que estaban por Roma y que hacer un grupo de Whatsapp no les mola mucho) a fin de encontrar una solución. La fórmula se fue a la tumba con el último responsable, la realización de nuevos estudios costaría años hasta encontrar de nuevo la solución. Así que la Iglesia ha optado por su tradicional, y ya conocida solución: una puñetera paloma. El nuevo día de Pascua vendrá determinado por el vuelo de 33 palomas blancas sobre un “Calendari del pagés” extendido en el suelo. La fecha con más cagadas encima será la elegida. “Era eso o inventarnos algo” - comenta un cardenal - “y creo que, si en la Iglesia nos inventamos algo más, ya se nos vería el plumero”.

Pimientos rellenos de carne

Perú : No al Indulto de Fujimori

Hayley Reyna

Coordinadora nacional de Derechos Humanos

Nuestro país ha sido víctima de una cruenta guerra interna que trajo consigo alrededor de 69 mil víctimas de violaciones de derechos humanos, es en este contexto, en el cual se configuraron graves violaciones de derechos humanos que no solo conmocionaron a la población peruana sino a la comunidad internacional en su conjunto.

Finalmente crímenes tan graves como los de Barrios Altos y La Cantuta, obtuvieron sentencias tanto en el plano nacional e internacional, relacionadas no solo con la sanción penal a los responsables de tan atroces hechos, sino también destinaron las reparaciones correspondientes a los familiares de las víctimas, ambas que el Estado peruano está obligado a cumplir y que no deben ser dejadas de lado, al momento de decidir indultar a no al ex presidente Alberto Fujimori por razones humanitarias.

Facultad del Presidente de la República para conceder indultos

Si bien nuestra Constitución Política en su artículo 118 señala dentro de las atribuciones designadas al Presidente de la República el:

“21. Conceder indultos y conmutar las penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”.

Esta atribución está enmarcada, por un lado, dentro de los límites que establece la Constitución Política, pues señala además que dentro de sus atribuciones el Presidente está llamado a: “cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales” ⁽¹⁾ , y por el otro, también está obligado no solo a tener en cuenta al momento de interpretar el contenido de la Constitución la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados en materia de derecho humanos que ha ratificado nuestro país ⁽²⁾, sino también a observar de manera vinculante las decisiones emanadas de tribunales internacionales en materia de derechos humanos ⁽³⁾, sobre todo aquellas dirigidas a establecer la prohibición de otorgar eximentes de responsabilidad y prohibir la impunidad de graves casos de violaciones de derechos humanos ⁽⁴⁾.

Por ello, debemos señalar que si bien la atribución dada al Presidente de otorgar indulto está señalada en nuestra Constitución, dicha atribución no puede ser omnipotente, pues al encontrarnos en un Estado Constitucional de Derecho, todas las actuaciones no solo del presidente sino también de los agentes de gobierno deben estar enmarcadas por lo señalado en la Constitución Política, los tratados internacionales materia de derechos humanos y las obligaciones internacionales que en dicha materia se ha comprometido a cumplir.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de fondo sobre el caso Barrios Altos vs. Perú señaló:

“Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” ⁽⁵⁾.

Por tanto, atendiendo a la gravedad de las violaciones de derechos humanos, el Estado peruano está en la obligación no solo de investigar, procesar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos, sino también organizar todo su aparato gubernamental, con la finalidad de que esta obligación del Estado se realice de manera efectiva, y por tanto debe no solo juzgar y sancionar a violadores de derechos humanos, sino que debe tener en cuenta que parte de la reparación hacia los familiares de las víctimas es precisamente que los perpetradores de tales crímenes cumplan su condena de manera cabal.

Requisitos para conceder el indulto humanitario

Dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, existe la Comisión de Gracias Presidenciales, la cual tiene por finalidad conocer, evaluar, calificar y proponer al Presidente de la República a través del Ministro de Justicia, la concesión de gracias presidenciales, respecto de las solicitudes presentadas por los sentenciados a través del correspondiente informe ⁽⁶⁾.

En aras de establecer una adecuada calificación dicha Comisión estará facultada a pedir la información que considere necesaria para elaborar su informe, para lo cual se valdrá de informes médicos y entrevistas personales a los médicos para que expliquen la real situación de salud del que solicita en este caso el indulto, así como convocar a instituciones de reconocido prestigio en la protección de derechos humanos para conocer su opinión y verificar si el pedido de indulto se encuadra dentro de los requisitos propuestos en su Reglamento.

El Reglamento establece, en su artículo 31, que se recomendará indulto y derecho de gracia por razones humanitarias, solo en los siguientes casos:

a). Los que padecen enfermedades terminales. b). Los que padecen enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y además que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad. c). Los afectados por trastornos mentales crónicos, irreversibles y degenerativos; y además las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad.

Como podemos observar, los requisitos para la admisibilidad de un pedido de indulto son muy claras, en el caso particular del ex -presidente Alberto Fujimori, para que dicho pedido de indulto por razones humanitarias sea admitido, deberá cumplir con alguna de las condiciones establecidas.

En primer lugar, debemos decir, que conforme a los reportes sobre su estado de salud, puestos en evidencia por sus familiares o miembros de la bancada de Fuerza 2011, debemos establecer claramente que:

• Alberto Fujimori, no posee una enfermedad terminal ⁽⁷⁾, por tanto ha tenido y tiene posibilidades de ser tratado a tiempo y por ende no puede considerarse ni en etapa avanzada, ni que es progresiva pues recibe tratamiento médico de primera para evitarlo, ni degenerativa en el mismo sentido, ni mucho menos incurable.
• Las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori, son especiales y de manera evidente, se puede observar que tiene un trato privilegiado en comparación de la población carcelaria en el Perú y que por tanto, este trato privilegiado definitivamente no coloca en grave riesgo su vida, ni su salud ni integridad. Es más resulta evidente dicho argumento, pues es de conocimiento público que, ante cualquier eventualidad relacionada con su salud, Alberto Fujimori es inmediatamente trasladado a una de las mejores clínicas del país, la Clínica San Felipe para que se tratado con todo el mejor equipamiento y profesionales médicos.

Es decir, Alberto Fujimori no cumple con los requisitos establecidos en la normativa de la materia, para poder acceder al indulto por razones humanitarias, pues su condición de salud no se encuentra enmarcada dentro de ninguno de los supuestos y porque además las condiciones carcelarias en las que se encuentra, son privilegiadas por tanto las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad.

Si bien el Decreto Supremo 004-2007-JUS, señala que: “El informe de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias, y Conmutación de la Pena, es ilustrativo y no vinculante a la decisión que adopte el Presidente de la República” ⁽⁸⁾, dicha decisión no es absolutamente discrecional, pues su accionar está limitado por la interpretación sistemática de la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos ratificados por el Perú.

Alemania vende sus iglesias al mejor postor

El anuncio que se puede leer en la pagina web del Arzobispado de Berlin (www.erzbistumberlin.de) es breve y tiene muy poco que ver con la misión evangelizadora de la Iglesia católica y menos con las solemnes celebridades de Semana Santa. Bajo el rubro Inmobilien, el arzobispado intenta desde hace varias semanas vender una capilla y una iglesia construidas en el siglo pasado en los Estados de Brandeburgo y Mecklemburgo-Pomerania Occidental y que se quedaron huérfanas de fieles. Por ejemplo, el precio de una capilla en la localidad de Loitz es de 20.000 euros, e incluye un terreno de 1.057 metros cuadrados y una iglesia construidas en el siglo pasado. Una nave de 175 metros cuadrados de superficie y un terreno de 952 metros se vende por 135.000 euros.

La Iglesia evangélica, que sufre el mismo mal que la católica, decidió utilizar las herramientas de la informática para poner a la venta los templos que ya no puede financiar por falta de dinero y también a causa de la huida masiva de creyentes. Para facilitar la venta de sus templos, la Iglesia creó la página web www.kirchengrundstuecke.de donde anuncia la venta de unos 170 templos y casas parroquiales y 140 terrenos baldíos.

La Iglesia evangélica clausuró entre 1990 y 2010, 340 templos de los cuales 46 fueron demolidos y es muy posible que otros mil templos tengan que ser cerrados en las próximas dos décadas a causa de un problema que el pastor Reinhardt Maiwack, portavoz de la institución, conoce de memoria. "Entre 120.000 y 150.000 personas abandonan la Iglesia cada año", dijo el pastor a EL PAÍS.

Las estadísticas de la Iglesia Católica son similares. Según el informe anual 2011-2012 de la Conferencia Episcopal, 126.488 personas abandonaron en 2011 la Iglesia católica alemana, una sangría que obligó a los obispos a cerrar más de 400 templos. "En los próximos 10 años se calcula que unas 700 iglesias dejaran de ser utilizadas para celebrar la liturgia", dijo el portavoz de la Conferencia Episcopal, Mathhias Kopp

La Iglesia evangélica clausuró 340 templos entre 1990 y 2010

La venta de iglesias católicas y templos evangélicos en Alemania obedece a una ley categórica que impera en el capitalismo. Sin dinero y sin fieles, las naves religiosas pierden su razón de ser y las autoridades deben vender los edificios donde antiguamente se predicaba la palabra divina. Según estadísticas oficiales, actualmente hay en Alemania un 10% menos de católicos y un 17% menos de evangélicos de los que había a comienzos de los años noventa.

Pero la venta también dejó al desnudo un fenómeno que nunca ha terminado de ser aceptado por los fieles y que provoca inquietud. La gran mayoría de las iglesias que se venden son convertidas en atractivos restaurantes, pistas de baile, gimnasios y oficinas de lujo como ocurrió con la iglesia evangélica Stephanuskirche, en el elegante barrio Eimsbüttel de Hamburgo, o con el monasterio de Geistingen, cerca de Colonia, que fue transformado en un lujoso complejo de viviendas.

La metamorfosis de los templos religiosos en centro de consumo o en oficinas de lujo, que había sido aceptada de mala gana por los fieles, provocó recientemente una terrible polémica en Hamburgo, una ciudad rica, culta, liberal, tolerante y que está orgullosa de ser, como reza uno de sus lemas más conocidos, "una puerta abierta al mundo".

La famosa tolerancia hanseática se hizo trizas cuando la población se enteró, a comienzos de febrero, que la iglesia evangélica Kapernaum ubicado en el barrio Hamburgo-Horn, y que aún luce una torre de 44 metros de altura, había sido adquirida por una comunidad musulmana, para convertir el histórico edificio en una mezquita.

Una comunidad musulmana ha comprado una iglesia para convertirla en mezquita

La comunidad musulmana turca Al-Naour dará a conocer a la opinión pública en breve los planes que tiene para remodelar su interior y ya ha prometido que la fachada seguirá siendo la misma y que la famosa torre no será convertida en un minarete. "Lo que fue una casa de Dios, seguirá siendo una casa de Dios", dijo Daniel Abdin, el líder de la comunidad. "La casa estará abierta a todos los que deseen visitarla".

El edificio había dejado de funcionar como templo religioso en 2002 a causa de un mal que aqueja a la Iglesia evangélica y a la católica por igual. Más de 100.000 creyentes cada año dejan de asistir a los servicios religiosos y, más grave aún, dejan de pagar el diezmo. El templo de Hamburgo-Horn fue adquirido en 2005 por un empresario que prometió transformarlo en un parvulario. El proyecto nunca prosperó y, a fines de 2012, la comunidad Al-Naour, adquirió el edificio.

El negocio inmobiliario acabó con la convivencia pacífica entre cristianos y musulmanes en la tolerante y hermosa ciudad de Hamburgo y contagió al país con una polémica inédita que amenaza con envenenar las, de por sí, delicadas relaciones interreligiosas entre el mundo cristiano y el musulmán, en un país donde viven más tres millones de personas que rezan al profeta: ¿Permiten las reglas que rigen la vida de los evangélicos y católicos, convertir un templo en una mezquita?.

La Iglesia evangélica reformó sus estatutos y el año 2007 prohibió esa posibilidad, pero la medida no afectó a la venta del templo en Hamburgo. Los contratos de compra-venta de templos que firma la Iglesia católica incluyen, desde 2003, una cláusula que impide la transformación de un templo en una mezquita.

La obispo de Hamburgo, Kirsten Fehrs, intentó apagar el incendio con una frase que causó irritación entre su rebaño. "La Iglesia seguirá siendo una casa de Dios", dijo, y añadió que deseaba llevar a cabo un dialogo entre cristianos y musulmanes libre de prejuicios, una visión que no comparte, por ejemplo, el pastor Ulrich Rüss, quien señaló que la divisa, "media luna en lugar de un crucifico", además de ser contraproductiva dejaba al desnudo los efectos negativos de la secularización y los deseos de la religión musulmana de seguir expandiendo su poder en Alemania.

El obispo auxiliar católico de Hamburgo, Hans Jochen Jaschke fue un poco más lejos y se atrevió a calificar la operación de compraventa del templo evangélico como una desgracia y que era impensable intercambiar Ia Iglesia y el cristianismo con el islam, una opinión que también fue apoyada por la dirección regional de la CDU, el partido que preside la canciller Angela Merkel.

La polémica en torno a la iglesia reconvertida en mezquita alcanzó, hace una semana, un grado peligroso y que puede convertir el barrio en un campo de batalla, cuando unos 300 neonazis llevaron a cabo una protesta para impedir la herejía. De inmediato la agrupación Hamburgo contra Nazis convocó a sus miembros para que se apostaran en las inmediaciones de la iglesia. La sangre no llegó al río Elba gracias a la intervención de la policía, pero el incidente marcó el comienzo de una primavera caliente.

Los estadounidenses apoyan la regularización de indocumentados

La mayoría de los estadounidenses considera que se debe permitir a los inmigrantes indocumentados que permanezcan en el país, según un estudio del Centro Pew de Investigación revelado este jueves. La encuesta revela así el apoyo de los ciudadanos a uno de los principales aspectos de la reforma del sistema de inmigración, que podría ser presentada en el Congreso en las próximas semanas.

Siete de cada diez ciudadanos -un 71%- afirma que se debe crear una vía para que los indocumentados puedan permanecer en EE UU si cumplen con ciertos requisitos. Otro 27% estima que no deberían quedarse en el país. Tanto el presidente, Barack Obama, como los ocho legisladores que trabajan en el texto de la reforma han asegurado que la regularización de los indocumentados será imprescindible para sacar la ley adelante. Obama afirmó el pasado mes de enero que vetaría cualquier texto que no incluya esta opción.

El presidente también ha defendido la posibilidad de permitir a los indocumentados que se conviertan en ciudadanos tras cumplir con los requisitos y plazos establecidos por la ley. Sin embargo, este es un asunto que provoca más división entre los ciudadanos. Según Pew, el 43% de los estadounidenses asegura que los indocumentados deben tener acceso a la ciudadanía, frente a un 24% que lo rechaza, y sólo aceptaría que fueran residentes legales.

Ésta última opción ha sido propuesta por varios políticos republicanos y encuentra mayor aceptación entre los conservadores. Los demócratas, así como las organizaciones a favor de la reforma, la han rechazado al considerar que limitar la inclusión de los indocumentados hasta ser residentes legales, crearía una clase de ciudadanos sin plenos derechos, ya que podrían residir y trabajar en EE UU, pero carecerían de derecho a voto y de otros beneficios a los que sí acceden los extranjeros que consiguen la ciudadanía estadounidense.

La reforma del sistema migratorio ha protagonizado un intenso debate en EE UU desde las elecciones del pasado mes de noviembre, cuando Obama resultó reelegido gracias al voto de siete de cada diez hispanos. El presidente demócrata había prometido una nueva ley de inmigración durante su primera campaña electoral, y en sus segundas elecciones presidenciales la comunidad hispana -que batió un récord de participación- pidió con su voto que se acometa finalmente la reforma. El Partido Republicano, muy perjudicado por las leyes aprobadas en diferentes Estados.

Se estima que en EE UU viven 11 millones de personas indocumentadas que han entrado ilegalmente en el país o que permanecieron dentro del territorio estadounidense a pesar de que hubieran caducado los visados con los que cruzaron la frontera. Esos 11 millones de personas, como ha defendido el presidente en numerosas ocasiones, tienen un impacto importante en la sociedad, una opinión que parecen compartir los estadounidenses.

Según el estudio de Pew, el 49% de los ciudadanos considera que los inmigrantes refuerzan la sociedad a través de su trabajo y su talento, mientras que un 41% asegura que son una carga porque consiguen puestos de empleo y acceden al sistema sanitario y de vivienda, consumiendo recursos públicos. Los estadounidenses también se muestran divididos ante los valores morales de los inmigrantes: mientras que un 52% afirma que comparten ideales americanos, el 43% estima que son una amenaza para los valores y costumbres de EE UU.