El Gobierno prepara una reforma legal para reforzar y dotar de más
agilidad a la Comisión de Propiedad Intelectual -conocida como comisión Sinde- órgano que puede interrumpir el servicio de páginas de Internet que atenten contra los derechos de propiedad intelectual y que este viernes cumple su primer año de funcionamiento.
Así lo ha indicado la presidenta de esta Comisión y directora general
de Industrias Culturales, María Teresa Lizaranzu, quien ha explicado
que desde el 1 de marzo de 2012 se han presentado y tramitado ante este órgano administrativo 363 solicitudes de autores que denunciaron la utilización de sus obras en Internet sin su permiso.
De éstas, 248 fueron archivadas por defectos de forma y de las 115 demandas que prosperaron, en 30 se ha iniciado ya el procedimiento,
otras cuatro han sido archivadas por haberse retirado el contenido
ilegal y las 81 restantes se encuentran en fase de investigación.
En los 30 expedientes en los que se ha acordado iniciar el procedimiento, ha habido una retirada voluntaria de contenidos ilegales en 19 casos, y sólo en cuatro ha habido una resolución de la Comisión ordenando la retirada,
que ha sido posteriormente acatada por la página web responsable.
Además, ha habido 15 sitios de enlaces que han cesado su actividad tras
haber recibido una comunicación de la Comisión o han retirado total o
parcialmente los contenidos denunciados.
En un balance del funcionamiento de esta comisión en su primer
aniversario, Lizaranzu ha asegurado que "por un lado" se sentía
satisfecha con el trabajo que ha desarrollado este órgano, pero que
creía que se podía ser más eficiente con las
modificaciones legales que tienen previsto sacar adelante. A pesar de
que el número de solicitudes ejecutadas haya sido reducido, opina que
"los resultados iniciales son positivos y se irán reforzando en la
medida en la que se hagan las reformas".
Entre ellas, la creación de un tablón electrónico para
colgar las notificaciones a las páginas web que han sido demandadas y
que no se encuentran domiciliadas en España, ha indicado la directora
general. Con este sistema de notificación se subsanaría la ralentización
que supone tener que recurrir a la publicación de edictos en las
embajadas de los países donde se encuentran domiciliadas esas páginas
web.
La presidenta de la CPI ha asegurado no conocer el contenido del informe presentado el miércoles por la Coalición de Creadores, que acusó al Gobierno de "falta de voluntad política" en la lucha contra la piratería y pidió "medidas" para frenar el aumento de accesos ilegales, que en 2012 supusieron 3.050 millones de descargas e hicieron perder a la industria cultural 1.220 millones de euros.
Respecto a la recomendación de la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA, en sus siglas en inglés) sobre que España vuelva a la lista de países 'piratas',
de la que salió el año pasado, Lizaranzu ha considerado que el hecho de
que se proponga no significa necesariamente que sea incorporada
nuevamente.
La Alianza, con sede en Estados Unidos, ha propuesto que España vuelva a la "Lista 301",
que recoge los países en los que no se respeta la propiedad intelectual
e industrial: "Al contrario de las expectativas que rodearon la puesta
en marcha de la ley Sinde, que condujo a que España saliera de la lista
301, España no ha mostrado una evolución positiva en 2012", señala.
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