Muy a conveniencia pasó recientemente desapercibido el Informe de la Corte Penal Internacional en donde se afirma que los Falsos Positivos sí han podido ser política de Estado. Naturalmente que el establecimiento y el gobierno en diversas ocasiones le han dado un insustancial mentís a tamaña afirmación. Ahora, impotentes ante la realidad y las crecientes denuncias, probablemente apabullados por el ojo avizor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o por una eventual actuación de la Corte Penal Internacional, decidieron sobresaltados hacer mutis por el foro, más por temor que por vergüenza.
Pero si alguna responsabilidad nos cabe a
quienes ejercemos el oficio de periodistas o columnistas, es la de
hundir en profundidad nuestro dedo en esa llaga putrefacta que fuera tan
persistente y criminalmente desmentida durante los dos desastrosos
periodos presidenciales del pendenciero Álvaro Uribe Vélez. Con toda
razón, la CPI subraya que las ejecuciones extrajudiciales “han ocurrido
en Colombia de manera permanente durante los últimos 25 años, con su
pico más alto en cuanto al número de víctimas reportadas entre 2002 y
2008”
¡Qué inculpadora coincidencia!
Hace escasos días,
el Fiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, nos advertía
de 3 mil víctimas directas inocentes -nos vinimos a enterar de
minusválidos que tendían embocadas a la fuerza pública y de ciegos que
construían sofisticadas bombas- señalando sin esguinces ni vacilación
que “ hay que determinar si estamos frente a lo que se ha denominado
“delitos de sistema… violaciones programáticas y estratégicamente
calculadas. Ataques planificados contra derechos humanos…”, añadiendo
que se está estableciendo “si todo ese número de víctimas obedece a un
patrón de comportamiento o era una política institucional… (porque) es
que ante semejante cantidad de víctimas y detenidos de la Fuerza
Pública, el sentido común indica que las muertes de humildes
colombianos… no son fruto del azar.”
Así las cosas, esta visión
de la Fiscalía nos permite al menos conservar la esperanza de que más
pronto que tarde la aparentemente institucionalizada por el gobierno de
Uribe “política oficial de los falsos positivos” responda ante la
justicia y nos conduzca hasta la verdad absoluta que los colombianos,
con afán y angustia, reclamamos. Y qué importa, enfatizo, si la acción
de nuestra fiscalía nos priva de una contundente actuación con
resonancia mundial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de
la Corte Penal Internacional, que todos sabemos están atentas a no
permitir que la impunidad continúe vigorizando la criminalidad tantas
veces agazapada en atuendos oficiales.
Y es que en reciente
informe de la CPI, la gambiana Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte, fue
explícita al respecto: “Hay bases razonables para creer que los falsos
positivos han sido una política de Estado; estos asesinatos, cometidos
para aumentar los índices de éxito militar, podrían considerarse
crímenes de lesa humanidad; dichos actos también pueden ser catalogados
como crímenes de guerra.”
Pero, en fin, para ser consecuentes en
términos históricos con lo que aquí planteamos sobre los Falsos
Positivos, tenemos que hacer una obligada referencia al origen de éstos,
al menos en lo que concierne a su inaudito auge en el periodo
gubernamental del expresidente Uribe.
El régimen de la
“Seguridad Democrática” bajo la inspiración de Uribe y a través de su
ministro de Defensa, un personaje de nombre Camilo Ospina Bernal,
concibió la Directiva Ministerial número 29 de noviembre de 2005 "que
desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o
abatimiento en “combate” de cabecillas de las organizaciones armadas al
margen de la ley…” siendo ésta la más aterradora y fascista de las ideas
tendientes a liquidar la guerra contra las FARC sin el menor recato por
la vida de los civiles inocentes y sin ninguna contemplación ética o
moral, dando la impresión de querer estimular a la tropa a simplemente
disparar y matar -a la topa tolondra-, puesto que lo único que contaba a
partir de tal Directiva era el número de bajas, bien fueran del enemigo
o de inermes ciudadanos.
5 millones de pesos por máximos
cabecillas. 1.719 millones de pesos por cabecillas de estructuras
mayores de relevancia nacional. 191 millones de pesos por cabecillas de
estructuras rurales y urbanas a nivel regional. 68 millones 760 mil
pesos por cabecillas de estructuras rurales y urbanas a nivel local. 3
millones 815 mil pesos por cabecillas y miembros de guerrillas,
escuadras o rasos responsables de acciones a nivel local.
En
todo caso, tal “estrategia” -¡qué error!, ¡qué horror!” tendría a su
favor un efecto sicológico de optimismo sobre la población colombiana, y
a escala mundial, de contundente y cercana victoria sobre el enemigo.
La ansiedad y el delirio triunfalista los llevó a convertir con este
“donativo” a infinidad de sus “soldados y policías de la Patria” no en
héroes, sino en simples criminales de guerra excitados por el dinero y
extasiados frente al timbre metálico y el brillo enceguecedor de las
medallerías.
¡Qué país, mi país!
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