La Pupila Insomne
La Unión Internacional de Telecomunicaciones inauguró esta semana en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, la cual sesionará por 15 días con el objetivo de revisar el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales.
La celebración de este evento
ha estado precedida por una campaña de prensa negativa financiada y
organizada desde los Estados Unidos y que ha resonado en numerosos
medios de todo el mundo.
Pero antes de entrar en detalles, hagamos
Un poco de historia
En
1865 fue fundada la Unión Telegráfica Internacional (UTI) por 20
estados. Ese mismo año, en el marco del Convenio Telegráfico
Internacional, se establece el primer reglamento del servicio
telegráfico.
En el año 1932 la Unión Telegráfica Internacional
cambió su nombre por el de Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), y posteriormente, en 1948, en virtud de un acuerdo con la recién
creada Organización de las Naciones Unidas, la UIT se convirtió en su
agencia especializada en el sector de las telecomunicaciones.
Por
su parte, el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (RTI)
tiene su génesis en el reglamento del servicio telegráfico de 1865 y los
reglamentos telegráfico y telefónico de 1932.
El mismo surge ante
la necesidad de contar con disposiciones con carácter de tratado
aplicables a los servicios y redes internacionales de telecomunicaciones
para, entre otros aspectos, establecer los principios generales de
prestación de servicios y su funcionamiento, fijar las reglas de
interconexión y compatibilidad mundiales y servir de base al desarrollo
del sector en todos los países.
La versión actual del RTI es un
tratado firmado por 178 países en 1988 y aplicado en todo el mundo desde
que entró en vigor en 1990.
Entonces, ¿Por qué tanto alboroto ahora?
Internet es la culpable
En
el año 1988, cuando el RTI se revisó por última vez, internet no estaba
muy extendida, por lo cual no se menciona en el Reglamento.
Sin
embargo, hoy en día internet y sus tecnologías asociadas constituyen una
parte fundamental y creciente de las telecomunicaciones
internacionales.
Por tanto, uno de los temas en discusión en la
Conferencia que se celebra en Dubái es la modificación y ampliación del
Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales para incluir el
tema de internet.
En efecto, durante el proceso preparatorio del
evento muchos Estados Miembros de la UIT han presentado propuestas sobre
internet, la mayoría sobre dos temas que preocupan a muchos países: su
aspecto económico y su seguridad.
Sin embargo, la campaña
orquestada desde los EE.UU. acusa a la UIT y a las Naciones Unidas de
querer “controlar”, “restringir el acceso” o “imponer censura” a
internet.
Dobles raseros e intereses
Pero Estados
Unidos es precisamente quien controla los recursos críticos de internet a
través de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y
Números (ICANN); quien restringe el acceso a sitios de internet a
países, como a Cuba, a los que le aplica medidas unilaterales
violatorias del derecho internacional; y quien impone censura a
contenidos de internet que afectan sus intereses, como por ejemplo, los
del sitio Wikileaks.
Además, son estadounidenses las principales
empresas de contenidos y de infraestructura que controlan y reciben la
mayoría de los flujos de dinero en internet. Y también los EE.UU. es uno
de los países que consideran a internet como teatro de operaciones
militares.
Por tanto, el intento de desacreditar a la UIT y a la
Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales tiene por
finalidad evitar cualquier modificación al Reglamento de las
Telecomunicaciones Internacionales que pueda afectar este dominio de
facto que tienen sobre internet.
Pero también persigue unos propósitos más fundamentales.
Regular o no regular, esa es la cuestión
Internet,
al no estar contemplado en el Reglamento de las Telecomunicaciones
Internacionales aprobado en 1988 no ha estado sometida a regulación
alguna, sólo a la ley del mercado y del más fuerte.
Por tanto, una
de las cuestiones primarias que se discuten en Dubái es si se considera
a internet un servicio de telecomunicaciones y por tanto susceptible a
ser regulada.
Esto no es una discusión puramente técnica, pues la
misma tiene implicaciones importantes para las personas que reciben los
servicios de telecomunicaciones.
Por ejemplo, una de las
regulaciones del sector de las telecomunicaciones es la “obligación de
servicio universal” bajo la cual los operadores deben suministrar el
servicio de telecomunicaciones en todos los lugares y no sólo en
aquellos donde obtengan ganancias. Esta regulación es la que ha
permitido que en las zonas rurales o urbanas de bajos ingresos exista el
servicio de telefonía. Sin embargo no hay una regulación equivalente
para el servicio de internet.
Otro ejemplo es la regulación que
obliga a los proveedores de servicios telefónicos a tener su propia
fuente de energía eléctrica para poder garantizar la disponibilidad del
servicio ante emergencias. Los proveedores de internet no tienen que
cumplir con esta regulación a pesar que la telefonía por internet es un
servicio que está sustituyendo a la telefonía tradicional. El efecto
negativo de no contar con esta regulación se puso de manifiesto durante
la reciente tormenta Sandy donde la caída de la red de electricidad
provocó la caída del servicio de la telefonía por internet dejando a
miles de personas incomunicadas en situación de emergencia.
A
pesar de estos ejemplos, y de otros que ponen de manifiesto la necesidad
de las regulaciones para corregir los “errores” del mercado como único
ente regulador, los Estados Unidos y sus aliados darán la batalla en
Dubái para que las regulaciones no lleguen a internet, y
consecuentemente, para que dentro de poco tiempo todas las
telecomunicaciones estén desreguladas.
Esta batalla es una más que
los partidarios del neoliberalismo están librando para tratar de
imponer su visión de un mundo donde imperen los mercados sin ninguna
restricción y donde los estados y las instituciones
intergubernamentales, como las del sistema de las Naciones Unidas, dejen
de cumplir sus roles de garantes del interés público.
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