Mensaje de un juez a sus colegas en un foro de debate: “Joder con mi
quiosquero. Esta mañana cuando he ido a comprar el periódico y me ha
visto ha salido de detrás de las revistas y sin decirme nada me ha dado
un beso en la boca delante de los parroquianos. Me he quedado cortado y
sonrojado, después he visto el titular de un periódico y le he oído
decir que yo era juez y que por fin parecía que los poderosos de esta
sociedad encontraban colectivos que les hacían frente. Me he ido a casa
pensando que algo está cambiando, que se ha abierto camino a una
transformación del colectivo de jueces, lenta pero imparable”.
Se acabó el silencio. La rebelión de algunos jueces ante una ley
obsoleta e injusta aprobada hace más de un siglo, en 1909, que ha
precipitado el desalojo de 350.000 propiedades y decenas de miles de
familias, ha conseguido acercar a este colectivo a la sociedad y
generado un debate entre los propios magistrados sobre cómo responder a
este drama social. El foro interno del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), que agrupa a más 5.000 jueces, y los de las distintas
asociaciones profesionales recogen propuestas, iniciativas y miles de
mensajes que reclaman un cambio de la ley, que piden una respuesta.
Algunos proponen que a partir de mañana se paralicen los desalojos que
se tramitan en sus juzgados.
Otro mensaje: “Ayer oí a Juan Luis Ibarra [presidente del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco]. Expresó dolor y vergüenza por los
hechos desgraciados de Barakaldo [el suicidio de Amaya Egaña, de 53
años, cuando iba a ser desalojada de su piso por una comisión judicial].
Habló de cuando el derecho mata a la justicia. Y me emocioné porque
salió a dar la cara cuando otros presidentes del TSJ habían callado ante
suicidios anteriores. Y porque sentí que se expresaba en nuestro
idioma. El otro lenguaje no es el nuestro, no lo reconozco, no me hice
juez para acabar convertido en un simple verdugo que aplica la pena de
muerte a los más débiles. Será el lenguaje de los banqueros, los
mercados, pero mi sentimiento está con Juan Luis. El derecho tiene mucha
trastienda ética”. “Estamos debatiendo con un ardor y una intensidad
que no se puede imaginar”, describe Gemma Vives, juez de Barcelona que
dictó uno de los primeros autos contra los desalojos.
¿Se ha perdido el miedo a hablar en la judicatura? “La gente lo está
perdiendo. Se está superando el falso concepto de responsabilidad
callada. La posición de los jueces ante este drama ha provocado nuestra
reconciliación con la sociedad de la que estábamos alejados”, afirma
Pedro Luis Viguer, de 47 años, decano de los jueces de Valencia y uno de
los magistrados más críticos con los desalojos. Una postura que ha
obligado al Gobierno a aprobar un decreto ley
para paliar los devastadores efectos de los desahucios concediendo una
moratoria de dos años para los más vulnerables y un parque de viviendas.
Medidas que muchos jueces y colectivos sociales creen insuficientes.
La ola explotó el pasado 25 de octubre en la sede del CGPJ. El vocal Manuel Almenar presentó un trabajo titulado Propuestas para la agilización y reforma de los procesos civiles
en el que siete magistrados de distintos puntos de España reclamaban al
máximo órgano de la judicatura una transformación total del marco
jurídico que regula las ejecuciones hipotecarias. Estos jueces, entre
los que figura Viguer, el decano de Valencia, acusan a los bancos de
“irresponsabilidad, ligereza y mala praxis”, piden moratorias para casos
de accidentes, paro, desgracias o enfermedad y reclaman que la dación
en pago, es decir, la entrega de la vivienda como modo para cancelar el
crédito, se convierta en una “regulación imperativa en determinadas
circunstancias”. Entre sus propuestas exigen que los ciudadanos
participen con voz propia mediante la creación de comisiones mixtas que
favorezcan las salidas negociadas entre el banco y el deudor.
El pleno del CGPJ miró hacia otro lado, evitó pronunciarse sobre el
informe y cuestionar si se había o no votado entre sus redactores e
incluso si el órgano de los jueces lo había encargado. Su contenido lo
había revelado el día anterior EL PAÍS. “Que nos llamen para hacer este
informe y luego nos den en la testuz es el colmo. Hemos trabajado
durante ocho meses, lo hemos hecho sin cobrar. No es de recibo la
reacción que tuvo el Consejo. Qué decepción”, se queja uno de los
redactores que reclama el anonimato.
La actitud tibia de Gonzalo Moliner, presidente del máximo órgano de
los jueces, y de algunos vocales ante el informe que proponía soluciones
para los desalojos hipotecarios no sirvió de nada. Los 47 jueces
decanos de toda España suscribieron días después en Barcelona una frase
para la historia: “La justicia está llamada a encabezar el discurso
público contra la crisis”. Una comisión de 15 jueces llevó a la reunión
la necesidad de reformar la denostada Ley de Ejecución Hipotecaria.
La ola que explotó en el CGPJ y la iniciativa de los decanos no fue
casual. El viento y las corrientes que la formaron vienen de años atrás
en juzgados de Estella y Pamplona, Girona, Torrejón (Madrid), Elche, Barcelona o Terrassa (Barcelona),
entre otros, en los que los jueces sorteaban en el silencio de sus
despachos la dura ley de ejecución hipotecaria con autos vanguardistas.
Resoluciones innovadoras en las que retratan situaciones de
“enriquecimiento injusto”, “abuso de derecho” y prácticas parecidas a la
“usura”. Todos hablan de la indefensión de los desahuciados frente a
los bancos.
Un magistrado sobre el Poder Judicial: "Nos llaman para hacer un informe y luego nos dan en la testuz. Es el colmo"
Fuera de los juzgados algunos ciudadanos soplaban con fuerza en la
misma dirección. Lluís Martí, de 54 años, mecánico de profesión,
separado y padre de un niño de 10 años, ha paralizado el desalojo de su
casa en La Bisbal del Penedés, un pueblo a 30 kilómetros de Tarragona,
en cinco ocasiones. Asegura que es la primera persona en España que lo
ha conseguido. Entre otras causas por la ayuda de 30 personas de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que el 3 de noviembre de
2010 rodearon su casa con pancartas para impedir el desalojo. “Mi caso
se ha archivado. Se suspendió por voluntad del banco (Cataluña Caixa).
Debía más de 100.000 euros, pero no tenía trabajo desde 2009. Sigo en mi
casa y no la voy a dejar”, dice.
Con esta iniciativa arrancó la campaña Stop Desahucios de la PAH que
hoy ha logrado paralizar 500 desalojos y se ha convertido, junto a
movimientos como el 15-M, en la punta de lanza de iniciativas ciudadanas
contra la vieja Ley de Ejecución Hipotecaria. Ada Colau, de 38 años,
licenciada en Filosofía y trabajadora en un observatorio de derechos
sociales, es una de las impulsoras de esta plataforma que en solo dos
años ha crecido como hongos por todo el país. “Hemos conseguido pequeñas
grandes victorias, como daciones en pago antes de la subasta y
condonaciones de deuda después de la subasta. Centenares de
Ayuntamientos nos apoyan pidiendo que se cambie la ley”.
Con ese objetivo, PAH y otros colectivos han reunido 600.000 firmas y
presentado una iniciativa legislativa popular ante el Congreso para
lograr la dación en pago retroactiva. Martí Batllori, letrado de la PAH,
califica de “tortuosa y conflictiva” la presentación de esta iniciativa
y augura que alcanzarán el millón de firmas. Para Pablo Matos, portavoz
de vivienda del PP en la anterior legislatura, la dación en pago es un
“disparate porque lo que consigue es la pérdida de la vivienda y el
abandono del hogar familiar”. El diputado popular afirma que el decreto
ley del Gobierno es solo una respuesta “urgente” para paralizar los
desahucios y se muestra partidario de reformar la Ley Hipotecaria. “Le
aseguro que la vamos a impulsar. Hay mucha desproporción y abusos”,
dice.
Ada Colau, la activista de la campaña Stop Desahucios, considera
insuficientes las medidas del Gobierno. “Las moratorias parciales no son
la solución. Se habla del desahucio, pero no de la deuda. La gente
tiene que poder liberarse de esa carga. No se les puede dejar excluidos
de por vida. Definir colectivos vulnerables es otra equivocación, ya se
hizo con el código de buenas prácticas, que ha sido un fracaso. Con este
decreto el caso de la señora que se suicidó en Barakaldo no entraría:
era un matrimonio con trabajo y un hijo de 21 años”.
Una encuesta con 6.000 casos de desalojo concluye que el 65% son de españoles y que en el 82% había un menor
Guillem Soler, de 36 años, titular de un juzgado de Barcelona, es uno
de los pioneros en denunciar los abusos de los desalojos. Hace dos años
y medio, cuando estaba al frente de un juzgado de Sabadell y casi nadie
hablaba del drama, planteó la inconstitucionalidad de la ley de
ejecuciones hipotecarias, pero el Constitucional avaló la vieja ley de
1909. En su opinión el ciudadano está indefenso y lo explica así:
“Cuando un ciudadano pierde la vivienda por no pagar no puede alegar, no
puede paralizar la ejecución. Si quiere hacerlo tiene que ir a un
proceso distinto. Es una ley restrictiva del derecho de defensa”.
La moratoria de dos años aprobada por el Ejecutivo para las familias
que no ingresen más de 19.200 euros al año es para Soler puro
maquillaje. “El fondo de este problema es este sistema injusto que
requiere que se cambie la ley. Hace falta una reforma legislativa a
fondo”. El juez propone dos opciones; la dación en pago o la
modificación de la ley procesal para que el banco en vez de quedarse con
la casa por el 60% de su valor lo haga por el 80%. “Así quedaría poca
deuda por pagar”, apostilla. Y añade: “tienen que tener efecto
retroactivo porque de no ser así el problema continúa”.
Edmundo Rodríguez, de 49 años, magistrado de la Audiencia Provincial
de Álava, reclama suprimir el procedimiento de ejecución hipotecaria y
destaca la indefensión de los miles de afectados, que además carecen de
abogado. “Yo lo haría desaparecer. Hay que ir a uno ordinario y común
para los acreedores. Hay que ampliar las causas de oposición del
acreedor: por cláusulas abusivas o intereses de demora
desproporcionados; establecer que el inmueble que se ejecuta sirva de
vivienda familiar; que sea obligatorio para los deudores la intervención
de letrado. Ahora en el 95% de los casos no hay oposición. Y como no
hay oposición ejecutamos y subastamos por dos duros”.
Una encuesta con 6.000 casos recogidos por la plataforma de afectados
PAH ofrece datos sorprendentes: el 82% de las viviendas ejecutadas eran
el hogar de al menos un menor; el 65% eran españoles; más de un 40%
había suscrito una hipoteca entre 100.000 y 200.000 euros; un 49,1% se
encontraba en el paro. La lista de las entidades ejecutantes la
encabezan Bankia con un 16%, y el BBVA con un 12%. “Los afectados están
desesperados, no se les ocurre ir al Colegio de Abogados a pedir
defensa. Cuando vienen sin letrado tenemos un problema”, confiesa el
juez Rodríguez.
El abogado Rafael Mayoral, de 38 años, ha asistido en Madrid a
decenas de desalojos. No imaginaba que el movimiento que iniciaron unos
pocos llegaría tan lejos. Se ha implicado porque cuando se notifica la
demanda de ejecución al deudor no se le informa de su derecho a la
defensa gratuita. “El afectado está indefenso, no tiene información
sobre el procedimiento. Además, si no lo pides el banco te carga las
costas”, dice. Cien letrados han creado un turno solidario para asistir a
desalojados y redactar escritos.
Decenas de letrados crean un turno solidario para ayudar a los afectados, que en un 95% no plantean recurso
José Luis González Armengol, decano de los jueces de Madrid, reclama
una reforma que va más allá de la que acaba de aprobar el Gobierno. Esta
es su receta: “Hay que ir a un cambio legislativo que lleve anejos
otros aspectos legales del Código Civil en el que se fije la dación en
pago. El banco es un acreedor privilegiado. Hay que garantizar el
compromiso de las Administraciones con las viviendas sociales. Se tiene
que potenciar el mercado de alquiler para llegar a estándares europeos.
La compra implica más riesgos. Estamos pagando las consecuencias de una
política de vivienda equivocada”.
La moratoria de dos años aprobada por el Gobierno para los más
vulnerables es un error para José María Fernández Seijo, de 47 años, el
juez que recurrió ante el Tribunal de Justicia de la UE el caso de
Mohamed Aziz, un obrero marroquí residente en Cataluña, una iniciativa
que amenaza con tumbar la ley hipotecaria española. El dictamen de la
abogada general del tribunal, califica de abusiva la normativa. “La
moratoria por sí sola es peligrosa si no hay una quita. Debería ir
acompañada de la reestructuración de la deuda. Si la paralizas lo que
haces es retardar el problema porque los intereses siguen creciendo. Si
no rebajas la deuda no hay solución definitiva. Además, las clases
medias deberían beneficiarse, no solo las clases más bajas”.
La futura sentencia europea augura que la ley española está muerta.
Algunos lo ven tan claro que ya proponen la paralización de todos los
desahucios. Ángel Dolado, de 50 años, juez decano de Zaragoza y
presidente del Foro Judicial Independiente, dirige esta iniciativa.
“Para evitar males mayores hay que suspenderlos. Hemos redactado un
formulario a modo de auto que estamos distribuyendo en toda España.
Queremos que las juntas de jueces valoren la posibilidad de pararlos”.
El abogado Mayoral asegura que mañana numerosos afectados pedirán la
suspensión de sus desalojos en juzgados en todo el país. Y esgrimirán el
informe de la abogada del tribunal europeo. “Vamos a ver si lo atienden
los jueces”, se pregunta.
Diego Gutiérrez, de 37 años, juez en Lleida, cree que sí: “Hay que
hacer algo. Hay un compromiso de parte de la judicatura para afrontar
estas situaciones tan dramáticas. Algunos compañeros se plantean
suspender algunas ejecuciones hasta que el tribunal europeo se
pronuncie”. José Francisco Cobo, de 55 años, el magistrado de la
Audiencia de Navarra que dictó uno de los primeros autos críticos con el
sistema de desahucios, recita todo el acerbo comunitario en materia de
protección a los consumidores y apostilla: “Me parece una posibilidad
correcta y razonable. Deberíamos ir por ahí”.
Otros como Juan Antonio Xiol, presidente de la Sala Primera del
Tribunal Supremo, buscan vías más complejas y estudian si es posible
plantear recursos a los autos de desalojo ya que la casación exige
proceder solo contra sentencias: “No es fácil, pero no imposible. La
novedad sería la apelación ante la Audiencia, y contra la sentencia de
esta cabe el recurso de casación. Buscar alguna vía para que lleguen
ante el Supremo”.
El movimiento ciudadano continúa y el decreto del Gobierno calienta
todavía más los debates en los foros de los jueces. De los comentarios
no escapa Moliner, el presidente del CGPJ que evitó abordar el informe
de sus compañeros sobre los desalojos, la ola que rompió por sorpresa en
la sede del máximo órgano judicial y que lo inundó todo. “El problema
no es que se equivoque, es que se equivoque siempre a favor de los
mismos”, esgrime un magistrado en su mensaje.
La banca mete presión
- El martes 6 de noviembre se reunieron a comer en Madrid los representantes del llamado Grupo 1 de la Asociación Española de Banca (AEB), el de los grandes. Acudieron Matías Rodríguez Inciarte (vicepresidente del Santander), Jaime Sáenz de Tejada (director de España y Portugal del BBVA), Roberto Higuera (vicepresidente del Popular), Jaime Guardiola (consejero delegado del Sabadell) y José San Félix (consejero delegado de Banesto), además del presidente de la patronal bancaria, Miguel Martín. La comida, frugal como suelen acostumbrar los banqueros cuando trabajan, acabó con el firme propósito “de buscar soluciones sobre una cuestión que se estaba yendo de las manos y transmitírselas al Ejecutivo antes de que tome decisiones traumáticas que pueden perjudicar seriamente al sector financiero”, según una fuente implicada. La AEB puso a trabajar a los comités jurídico y de comunicación para elaborar una propuesta y pasársela al Gobierno. El viernes, los bancos ya tenían un plan para enviar al Ministerio de Economía a fin de que tuviera en cuenta sus puntos de vista.
- La cosa no acabó ahí. A la presión popular, que es la única que ha hecho reaccionar al Gobierno y a la propia banca, se sumaron los jueces decanos pidiendo cambios en la Ley Hipotecaria y la policía que manejaba aplicar la cláusula de conciencia en los desahucios. Los grandes bancos tuvieron que volver a abordar el tema en otra reunión una semana después, el martes 13. Esta vez fue un escalón más arriba en la jerarquía. Acudieron Alfredo Sáenz (vicepresidente y consejero delegado del Santander), Ángel Cano (consejero delegado del BBVA), Ángel Ron (presidente del Popular) y Josep Oliú (presidente del Sabadell), además de Miguel Martín.
- Un día después, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), presidida por Isidro Fainé (presidente, a su vez, de Caixabank), reunió a su comité ejecutivo y a su consejo con este tema como punto central y prácticamente monográfico. Las cajas, todavía inmersas en esos procesos de integración y reconversión, también subrayaron la necesidad de aclarar el panorama y mejorar los criterios objetivos que se deben aplicar.
- Las presiones de los bancos y cajas fueron insistentes desde las reuniones del martes y miércoles. Además, Emilio Botín tuvo la oportunidad de tratar del tema con el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Luis Linde, en una conferencia internacional de banca del Santander.
- Los responsables de bancos y cajas habían visto que el asunto de los desahucios se les iba a echar encima irremisiblemente. Se intercambiaron llamadas al más alto nivel. Había que moverse. Consideran que las críticas que reciben por los casos de desahucios son “exageradas y equivocadas”, lo que impacta muy negativamente en su negocio, por mucho que prediquen que solo son morosos o impagados el 3% de las casi siete millones de hipotecas, cuyo saldo vivo es de 931.000 millones de euros (cifras de agosto), y que la mayor parte de los 350.000 casos de los que habla el máximo órgano judicial corresponde a casos de segundas o terceras viviendas, garajes, locales comerciales, naves industriales, locales rústicos...
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