La presión para que haya un acuerdo entre el Gobierno y el PSOE
sobre los desahucios es enorme. No solo presión social. También los
bancos empujan para que haya un pacto. Sin embargo, esas mismas
entidades, según fuentes del Ejecutivo y socialistas, también presionan
para que no se hagan reformas radicales que puedan suponer un
hundimiento del sistema financiero español. El Ejecutivo tiene miedo de
lanzar una imagen a los inversores internacionales e incluso a los
propios ciudadanos españoles de que no va a haber ningún tipo de
desahucio pase lo que pase. Y el PSOE presiona para que se aproveche el
momento para hacer un cambio real de la legislación que afecta a las
hipotecas y los desahucios en España, en especial la ley hipotecaria y
la concursal.
El Gobierno ha dado varios pasos atrás y adelante en este asunto. Primero dijo que no habría reformas legales,
que solo se cambiaría, para mejorarlo, el código de buenas prácticas,
al que se adhieren los bancos. Después, con la presión social en
aumento, sí se habló de reformas legales profundas. Ahora, el Ejecutivo
vuelve ligeramente atrás, presionado por los bancos y también por el
ambiente político en Bruselas, preocupado por la posibilidad de que una
reforma profunda perjudique a los bancos, precisamente ahora que están a punto de recibir 40.000 millones de euros de dinero europeo.
Por eso el PSOE presiona para reformar la ley hipotecaria y el
Gobierno insiste en que eso no es lo urgente ahora, sino paralizar
durante dos años los desahucios a las familias con más problemas. “No
queráis cambiar en siete días lo que no habéis cambiado en siete años”,
según fuentes del Gobierno, fue su respuesta al PSOE.
El ambiente se enrareció aunque la negociación sigue avanzando
y los grupos técnicos se reunieron ayer y podrían volver a hacerlo hoy.
Los socialistas insisten en que quieren pactar pero no con un “parche”
que sirva solo para dar una tregua pero no para arreglar el problema de
fondo, que es, en su opinión, la legislación hipotecaria española, una
de las más duras de Europa y de las más favorables a la banca.
El Gobierno y el PP
presionan a tope al PSOE para que no se quede fuera de un acuerdo muy
relevante. El Ejecutivo ya se lo ha dejado claro a los socialistas: haya
o no acuerdo, el Consejo de Ministros del jueves, que podría realizarse
por la tarde —el viernes arranca la cumbre Iberoamericana en Cádiz—,
aprobará un decreto para frenar los desahucios, en especial con la
moratoria de la que se habló desde el primer momento. Y si el PSOE
decide no estar, el PP se lanzará contra él.
El pacto no es fácil. Hay acuerdo en muchas cosas, en especial en la
necesidad de frenar de manera urgente los desahucios, subir el umbral
por debajo del cual se impedirían —se habla del 2,5 veces el salario
mínimo como ingresos de la unidad familiar— y subir el máximo de 200.000
euros de hipoteca, porque en las grandes capitales se queda corto.
Pero ni siquiera están de acuerdo los dos grandes partidos en cómo
parar de forma urgente los desahucios. El Gobierno plantea una moratoria
de dos años para las familias más vulnerables, como han ofrecido los
bancos. Y el PSOE prefiere interrumpir todos los desahucios, pero no dos
años, sino un tiempo breve, hasta que se reforme la ley, como
plantearon las cajas.
En este contexto de preocupación general y de presiones cruzadas,
representantes de los cuatro principales bancos españoles se reunieron
ayer a comer en la sede de la Asociación Española de Banca (AEB).
Estuvieron Alfredo Sáenz (vicepresidente y consejero delegado del Banco
Santander), Ángel Cano (consejero delegado del BBVA), Ángel Ron
(presidente del Banco Popular) y Josep Oliu (presidente del Banco
Sabadell), además el presidente de la patronal, Miguel Martín. La
reunión se centró en la cuestión de los desahucios, sobre todo para
hacer un repaso a la situación y analizar la evolución de las
actuaciones que ha puesto en marcha el sector, que la semana pasada
envió un documento al Gobierno. Hoy se reúne el consejo de la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA), que también tratará esta cuestión de forma monográfica.
A las entidades financieras les preocupa que los créditos
hipotecarios se hayan considerado como un activo de riesgo por el BCE.
Para ellas suponen una alarma los datos que utiliza el CGPJ, que a su
juicio están muy inflados al mezclar todo tipo de embargos. Algunos de
ellos no tienen nada que ver con los desahucios ni con los créditos
hipotecarios. Esto también lo admiten Gobierno y PSOE: los datos son
equívocos, explican. Muchos de los 350.000 desahucios de los que se
habla son de segundas o terceras viviendas, locales comerciales,
garajes, propiedades rústicas y otros.
En ese sentido, las entidades financieras no quieren “que se legisle
de una manera especial, sino que se arbitren medidas específicas para
casos específicos”, según fuentes del sector. Es decir, que se
establezcan criterios que permitan solucionar estos problemas, negociar
los créditos, su prolongación y demás cosas; pero que no se cambie la
ley, porque a su juicio eso generaría inseguridad y más retrasos.
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