El Gobierno de Australia
aprobó el jueves revisar sus leyes fiscales para evitar que grandes
empresas declaren sus beneficios en otros países con impuestos más
bajos, como ocurre en Irlanda.
Es la primera iniciativa de este tipo que se hace fuera de Europa,
donde ya países como Reino Unido, Francia y Alemania están investigando y
estudiando medidas para que las multinacionales paguen en el país los
impuestos que generan sus actividades.
El responsable del Tesoro australiano, David Bradbury, señaló que las
leyes fiscales se revisarán para garantizar que las empresas paguen sus
impuestos según los beneficios que han tenido en el país y, para
concretar, citó el caso de Google Australia.
"Mientras los acuerdos publicitarios se firman con Google Australia,
en realidad ellos están comprando la publicidad a una subsidiaria de
Google radicada en Irlanda", explicó Bradbury. "Así argumentan que la
fuente de sus ingresos, y por tanto de su pago de impuestos, es Irlanda
antes que Australia".
Con esta argucia legal, Google y otras multinacionales pagan en
impuestos casi una tercera parte, pues la tasa impositiva en Australia
es del 30% mientras que en Irlanda 12,5%.
Como ha ocurrido con los casos europeos, Google respondió que cumple
con las leyes y que además contribuye al crecimiento económico del país.
"Hacemos una significativa contribución a la economía de Australia
ayudando a miles de empresas a crecer en Internet, dando servicios a
millones de australianos sin coste alguno, además de emplear a 650
personas en el país".
Bradbury explicó que la estructura fiscal de Google es complicada,
con pagos a subsidiarias en Holanda que a su vez deriva a otra compañía
del holding en las Bermudas, donde no hay impuestos a las empresas. "Los
beneficios de una venta de publicidad de una firma australiana acaban
posiblemente indefinidamente en una jurisdicción libre de impuestos",
añadió Bardbury.
Aunque el caso de Google es el más llamativo, en la misma situación se encuentran la red de cafeterías Starbucks, la tienda Amazon o el fabricante de móviles y tabletas Apple.
En todos esos casos, varios países europeos, principalmente Francia,
Alemania y Reino Unido intentan que el grupo de países formado por el
G-20 adopte una política común que acabe con esta anomalía.
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