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miércoles, 24 de octubre de 2012

Parlamento ruso endurece castigos por espionaje y traición

Moscú, 24 oct (PL) La Duma rusa (Cámara baja) del Parlamento impulsó enmiendas adicionales al Código Penal a fin de endurecer los castigos por espionaje, revelación de secretos de Estado y traición, dan cuenta hoy medios informativos. El proyecto de ley fue aprobado por los diputados en segunda y tercera lecturas, en una maratónica votación, destaca la televisión rusa.

Las enmiendas introducidas amplían el concepto del delito y sus manifestaciones, respecto a las modificaciones que realizó el Gobierno con anterioridad al artículo 275 del Código Penal.

Conforme al proyecto de ley, se entiende por traición la ayuda financiera, técnico-material o de consulta a cualquier Estado extranjero u organización foránea.

Como objetos de traición se incluyeron a la relación anterior la seguridad, el orden constitucional, la integridad territorial y estatal de la Federación de Rusia, señala el documento, divulgado por la prensa.

El vicedirector del Servicio Federal de Seguridad, Yuri Gorbunov, argumentó que las organizaciones internacionales figuran en la lista de potenciales objetos de traición por cuanto los órganos especiales extranjeros las utilizan "muy activamente para su cobertura".

Se amplía asimismo la penalización por la obtención ilegal de evidencias, consideradas secretos de Estado, por la vía de robo, engaño, compra o chantaje.

El titular del comité parlamentario sobre legislación civil, arbitraje y penal, Pavel Krasheninnikov, dijo que la segunda versión del texto se perfeccionó para evitar excesos en su implementación y las variadas interpretaciones en los medios de comunicación masiva.

A juicio del diputado Otari Arshba, la nueva variante de ley sobre espionaje excluye la posibilidad de arbitrariedades por parte de los órganos de seguridad, protege a la sociedad de cualquier ambigüedad y defiende, al mismo tiempo, los derechos e intereses de los ciudadanos.

Expertos, sin embargo, alertaron que el citado proyecto generará controversias de todo tipo y alentará las críticas hacia el Gobierno en relación con lo que organizaciones de derechos humanos denominan rígido control sobre la sociedad civil.

La normativa se sumará así a otras disposiciones adoptadas por el Parlamento, a propuesta del Kremlin, como la ley aprobada en julio último que declara "agentes extranjeros" a las organizaciones no gubernamentales que reciban financiamiento del exterior para sus actividades políticas.

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