Antonio Meño, el joven que quedó en coma por una negligencia médica
tras una operación estética en la nariz, ha fallecido, según han
informado hoy fuentes del despacho de Luis Bertelli, uno de los letrados
que llevó la defensa de esta familia. Meño murió el domingo por la
mañana y ayer la familia lo enterró después de años de lucha para que se
castigara al culpable del error que lo llevó a esa situación.
El joven quedó en coma vegetativo el 3 julio de 1989, cuando tenía 21 años,
tras someterse a una rinoplastia en la Clínica Nuestra Señora de
América de Madrid, entidad que quedó absuelta tras los juicios iniciados
por sus padres.
Su familia, que agotó la vía penal y civil para pedir una
indemnización, fue condenada en 2009 por el Tribunal Supremo a pagar
400.000 euros en costas, lo que les supuso el embargo de su vivienda,
aunque finalmente su abogado logró paralizar la notificación.
En la primera sentencia de 1993, la Justicia había obligado a la
aseguradora a indemnizar a Antonio Meño con 172 millones de pesetas (más
de un millón de euros). No obstante, tanto el juzgado de Primera
Instancia número 11 de Madrid como la Audiencia de Madrid (en 2000) y el
Tribunal Supremo (en 2008) rechazaron las demandas de la familia y
concluyeron que no existía tal negligencia médica.
22 años de lucha
- 3 de julio de 1989. Antonio Meño, de 21 años, se somete a una rinoplastia de la que sale en coma vigil.
- 1993. Un juzgado de primera instancia condena al anestesista a indemnizar a la familia con 1.050.000 euros.
- 1998. La Audiencia Provincial anula la sentencia anterior y absuelve al anestesista.
- 2008. El Tribunal Supremo confirma la absolución y condena a la familia Meño a pagar 400.000 euros por gastos judiciales.
- Junio de 2009. Los Meño se echan a la calle. Se instalan en una caseta en la plaza de Jacinto Benavente.
- Febrero de 2010. Un médico que estuvo en la operación asegura que hubo negligencia en el quirófano.
- 14 de octubre de 2010. El Supremo reabre el caso.
- 3 de noviembre de 2010. Antonio Meño, en coma desde 1989, asiste a la vista oral en el Tribunal Supremo.
- 17 de noviembre de 2010. El Supremo anula los fallos anteriores. La familia aboga por negociar una indemnización.
- 19 de noviembre de 2010: Los Meño vuelven a casa tras un año y medio en la calle.
- 14 de julio de 2011. Los padres de Antonio Meño aceptan 1.075.000 euros.
Tras esta decisión, los padres de Meño instalaron en 2009 un campamento en la madrileña plaza Jacinto Benavente, junto al Ministerio de Justicia, para reclamar una salida digna a la situación de su hijo.
El caso dio un vuelco cuando Ignacio Frade, uno de los cirujanos que
había presenciado la operación de Antonio Meño y ajeno a la situación
por la que atravesaba la familia, pasó por delante de la tienda
instalada frente al ministerio, se informó de lo sucedido y se ofreció a
declarar.
El 17 de noviembre de 2010, el Tribunal Supremo admitió la demanda de
revisión presentada por la familia y anuló las sentencias dictadas
anteriormente.
El Alto Tribunal admitió la demanda por el testimonio de Frade, que
aseguró que durante la intervención el anestesista, Francisco González,
se ausentó y no estaba presente cuando él mismo se percató de que se
producía una alteración en la frecuencia del ritmo cardiaco de Meño.
Tras este hecho, la familia de Antonio Meño regresó a su casa después de 522 días acampados.
El 28 de abril de 2011 se celebró el primer acto de conciliación y,
tras una primera falta de acuerdo económico, el 14 de julio ambas partes
firmaron el pacto por el que la familia de Meño recibió una indemnización de 1.075.000 euros, lo que puso fin a 22 años de litigio.
Los padres de Meño señalaron que habían aceptado el acuerdo porque no
tenían fuerzas para otro juicio, aunque tenían la sensación de haber
"vendido" a su hijo.
Así, al salir del juzgado, la madre de la víctima, Juana Ortega,
reconoció, entre lágrimas, que se había llegado a un acuerdo "miserable"
con el que se sentía "muy mal, prácticamente humillada", pero que no
tenía "fuerzas para seguir adelante" y enfrentarse a otro proceso
durante diez años, por lo que hizo caso a los abogados, pese a lamentar
que hubiese quedado libre el anestesista Francisco González.
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