La radical medida del gobierno Rajoy persigue, según sus auspiciantes de la cartera española de Sanidad, generar un ahorro de 500 millones de euros a las exhaustas arcas públicas ibéricas.
España tiene un costo sanitario de 1600 euros por habitante.
En la práctica, ocurrirá que este sábado, al entrar en vigor el Real Decreto 16/2012, perderán toda validez las tarjetas de atención sanitaria que el Estado español brindaba a cada inmigrante que lo requiriese, más allá de la regularidad de su residencia en el territorio peninsular. Bastaba con estar “empadronados”, es decir, inscritos ante la autoridad administrativa de la localidad, para acceder a los mismos derechos de Salud Pública que los españoles, aun sin cotizar a la Seguridad Social.
A partir del 1 de setiembre, los uruguayos en situación migratoria precaria en España, sólo podrán aspirar a recibir atención médica en caso de urgencias comprobadas. La “atención infantil” a menores de 18 años se seguirá brindando sin restricciones.
De los aproximadamente 85 mil uruguayos residentes en España, entre 10 y 14 mil no cuentan con documentos migratorios en regla.
La cartera española de Sanidad ha declarado su compromiso de no dejar indefensos a los enfermos “crónicos o graves”, eso sí, siempre y cuando los costos de la atención sean pagados por el país de origen del paciente, si existe un convenio interestatal. De lo contrario, los inmigrantes sólo recibirán atención en casos de “riesgo vital”.
Asociaciones de médicos españoles han declarado que desobedecerán estas restricciones impuestas por el gobierno conservador, amparados en el juramento hipocrático.
Al día de hoy, unos 1.300 profesionales sanitarios se han declarado “objetores de conciencia” para negarse a aplicar el cuestionado Real Decreto. Pero las autoridades sanitarias han comenzado a responder denegando el derecho a la objeción, con el argumento de que que esos pacientes ni siquieran llegarán a las consultas porque no se les dará cita.
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