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miércoles, 8 de agosto de 2012

Días penosos para Chevron



La semana pasada se emitieron dos resoluciones judiciales contrarias a los intereses de la transnacional estadounidense Chevron: una en Brasil y la otra en Ecuador.

Una acción civil pública presentada a la Justicia Federal de Rio de Janeiro por el Ministerio Público Federal (fiscalía) demandando la inmediata interrupción de todas las actividades de extracción y transporte petrolífero de las empresas Chevron Brasil Upstream Frade y Transocean Brasil /1, fue aprobada el martes 31 de julio por un juez federal. El incumplimiento de esta orden judicial generará una multa diaria de $ 500 millones de reales (250 millones de dólares).

Mientras, un tribunal de Ecuador notificó el viernes 3 de agosto la "orden de cobro" de una multimillonaria condena establecida contra la petrolera estadounidense Chevron, acusada de causar graves daños ambientales y humanos en la Amazonía ecuatoriana. Una Asamblea de Afectados demandó a la petrolera, que fue condenada por una corte ecuatoriana a pagar más de 19.000 millones de dólares por los delitos ambientales que se le acusan. La ley ecuatoriana establece que cuando una sentencia es ejecutable el juez de la causa debe seguir varios pasos, entre ellos establecer el "mandamiento de ejecución" u "orden de pago", que dispone que la cuantía establecida en la condena se pague en un plazo máximo de 24 horas laborables.


Para Chevron, el derrame de 3000 barriles en aguas profundas es desechable

En Brasil Chevron y Transocean son acusadas de haber causado derramamientos de petróleo en el Campo de Frade, en la cuenca de Campos, en el litoral norte fluminense en noviembre de 2011 y marzo de 2012 /2. Según la denuncia del Ministerio Público Federal el daño ambiental ocurrió como producto de operaciones mal ejecutadas.

El juez del Tribunal Regional Federal, de la 2ª Región (TRF2), Ricardo Perlingeiro remarcó en su dictamen la ocurrencia de dos accidentes ambientales con intervalo de apenas cuatro meses. Para él este hecho aliado a la ausencia de los equipamientos necesarios para identificar el origen de los derrames y para contenerlos, demuestra que las empresas condenadas no tienen condiciones en el momento de operar los pozos licitados, con seguridad ambiental.

La resolución judicial arruina los planes de Chevron de retomar sus actividades en aguas profundas frente al estado de Rio de Janeiro donde su producción era de 60 mil barriles diarios en el momento del “accidente”. Chevron opera en el campo de Frade –donde se concentra el grueso de la producción brasileña de petróleo- desde 1997, como productor de crudo y gas. Participa también como socio en otras regiones, pero sin realizar extracción. Hasta el accidente en 2011 Chevron era responsable del 3,65% de la producción petrolera nacional y del 1% del gas natural en el país.

En un comunicado divulgado el miércoles 1 de agosto, Chevron defendió su actuación durante la emergencia afirmando que “el control continuo del área del incidente muestra que no hubo impacto ambiental en la vida marina o en la salud humana” pues el petróleo no llegó a la costa de Rio de Janeiro. Para la concepción ambiental de la transnacional el derrame de 3000 barriles de petróleo en aguas profundas es desechable en tanto el crudo no llegue a la costa.

Chevron: aumenta su deuda y sus maniobras

La última semana de julio una nueva resolución judicial acrecentó la cifra de la deuda por daños, de Chevron-Texaco a los demandantes ecuatorianos /3. La deuda en principio ascendía a 18.200 millones de dólares, pero la Corte de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, donde se llevó el proceso, el pasado lunes 23 de julio precisó que la cuantía ascendía ahora a más de 19.000 millones de dólares, tras incorporar rubros correspondientes a honorarios y costas judiciales, según comunicó el abogado de los demandantes.

Desde su sede en San Ramon, California, al este de San Francisco, Chevron, que adquirió a Texaco en el 2001, reniega de las resoluciones de la justicia ecuatoriana y afirmó que se atiene al dictamen del panel de tres jueces formado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, bajo la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional. Chevron apeló a este organismo argumentando que Ecuador violó un tratado de 1998 con Estados Unidos. Este tribunal internacional ya anunció que sus deliberaciones continuarán hasta 2014, postergación que favorece los intereses de la transnacional.

El fiscal general de Ecuador ha aseverado que el tribunal internacional no tiene jurisdicción porque el acuerdo de comercio bilateral entre Estados Unidos y su país entró en vigencia cinco años después de que Texaco finalizara sus operaciones en Ecuador, en 1992.

“Chevron debió haberse defendido jurídicamente en los tribunales de justicia y no tratar de hacer escándalos donde no hay cabida para ellos”, añadió el abogado de los demandantes Pablo Fajardo y afirmó: “No vamos a distraernos de nuestro objetivo principal” que es ejecutar las acciones de cobro de la condena” agregó el abogado.

En mayo pasado la defensa de los demandantes inició un proceso en Canadá para ejecutar la condena ya que en Ecuador Chevron no tiene activos que se puedan embargar para cumplir con el pago. En julio pasado también replicó esa acción en Brasil. En ambos casos, dijo Fajardo, la petrolera ya ha sido notificada y los procesos “siguen su curso”. “Estamos preparando otras acciones en otros países” para embargar propiedades y productos de Chevron.

Petrobras, el pre-sal y un paradigma absurdo

Los grandes medios brasileños en ningún momento han pedido cuentas a Petrobras como socio de Chevron en el pozo siniestrado del Campo de Frade. La enorme publicidad de Petrobras llama a silencio. Con una participación del 30% en las ganancias Petrobras no sólo tiene derechos, tiene también obligación de arcar con parte de las responsabilidades ambientales del desastre. En el aspecto técnico y en el aspecto ético. Es importante que Petrobras explique cuál es su responsabilidad respecto a las operaciones de sus socios. ¿Ninguna?

En abril de 2012 denunciamos los continuos derrames producidos por Petrobras 4/. Las declaraciones del 31 de marzo pasado de la presidenta de Petrobras, Graça Foster afirmando que “Petrobras ya domina la tecnología de explotación en aguas ultra profundas del pre-sal” fueron desmentidas por varios derrames ocurridos en los primeros meses de este año. Para el Director de Tecnología e Innovación de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (Coppe/UFR), Segen Estefen, el país precisa reducir los riesgos de derrame: “Falta en el país un decidido enfoque de protección ambiental.”

Lo que no señaló la presidenta de Petrobras es la relación de los costos de la tecnología de explotación en aguas profundas y ultra profundas, con los precios del crudo en el mercado mundial. El derrame producido por Chevron y Transocean en el Campo de Frade así como el de British Petroleum en el golfo de México están relacionados con los intentos de reducir los costos de prospección y extracción, utilizando materiales de menor calidad y eliminando válvulas de seguridad en las plataformas, en las tuberías y en los pozos, y en consecuencia corriendo mayores riesgos de accidentes y derrames. La seguidilla de pérdidas de crudo en el océano que tuvo Petrobras en el primer semestre de 2012, parecen estar relacionadas con los experimentos para bajar los costos de explotación del petróleo en aguas profundas y ultra profundas. Esta es una lógica inevitable de las compañías petroleras, tenaces enemigas de la salud humana y ambiental en busca de mayores ganancias.

Brasil está basando todo su desarrollo industrial en energía proveniente de un recurso natural no renovable, un combustible que contamina el ambiente en todas sus etapas de desenvolvimiento. Con el agravante que la extracción en el pre-sal, por sus dificultades técnicas, empeora los riesgos y la magnitud de los posibles siniestros. Al mismo tiempo que impulsa un modelo de civilización centrado en el automóvil fabricado por transnacionales que giran sus beneficios a las matrices, restando para Brasil los costos del colapso de su infraestructura vial, los gastos en salud de sus ciudadanos y los graves daños ambientales.

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