La ministra de Sanidad Ana Mato se enfrentará esta tarde a una reunión clave en la que tiene sobre la mesa medidas que tienen por objetivo cambiar pilares básicos del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de hacer frente a los multimillonarios recortes que tiene que acometer su departamento.
En primer lugar, Mato deberá consensuar con las autonomías la lista de medicamentos que quedarán excluidos de la financiación pública. Ayer miércoles, el Ministerio que dirige adelantó un listado de 456 medicinas susceptibles de ser subvencionados por el Estado para ahorrar a la Administración hasta 440 millones de euros.
Pero todo apunta a que el principal tema de confrontación en el Consejo Interterritorial de Salud será la aplicación del copago farmacéutico, que tiene que entrar ser efectiva desde próximo 1 de julio. Varias comunidades autónomas han expresado ya sus reticencias a la entrada en vigor de esta polémica medida.
El miércoles, Andalucía recurrió ante el Tribunal Constitucional el decreto de medidas de ahorro sanitario por considerar que invade sus competencias, y el Gobierno vasco ha aprobado un decreto para evitar su aplicación en Euskadi. En Asturias, donde el PSOE gobierna con el apoyo de Izquierda Unida e UPyD, el copago se implantará cuando sea "técnicamente posible", según adelantó un portavoz del Gobierno de Javier Fernández. A pesar de que el presidente autonómico prometiera en campaña que no habría copago, fuentes del Principado han confirmado que el nuevo sistema se implantará porque es una normativa estatal de obligado cumplimiento aunque anuncian que el proceso "llevará bastante tiempo".
El recurso de la Junta de Andalucía se suma además al ya presentado por la Generalitat de Cataluña, que apeló al Constitucional por considerar también que el decreto del Gobierno central vulnera sus competencias.
El Gobierno catalán expresará en esta crucial reunión con Ana Mato que tendrán problemas para aplicar el copago aunque Francesc Homs, portavoz de la Generalitat confirmó ayer que la medida se implantaría en su comunidad. El titular de la consellería de Salud matizó que el nuevo sistema no estaría preparado hasta el mes de agosto.
Por su parte, Frances Homs, ha anunciado que aunque Cataluña "no tiene más remedio" que aplicar el copago, se estudiarán fórmulas para evitar que los pensionistas o las personas con menos recursos tengan que adelantar dinero tras haber alcanzado el tope legal del copago.
Euskadi se 'acoge' a su estatuto
También este miércoles, el Gobierno vasco ha acelerado los trámites para aprobar el decreto para evitar que se aplique en Euskadi este sistema. Aunque el Ministerio de Sanidad considera que la legislación estatal es de obligado cumplimiento, el decreto vasco justifica su aplicación en Euskadi basándose en las competencias que le otorga el Estatuto de Autonomía y en que el País Vasco cuenta con "suficiencia financiera" para hacer frente al gasto suplementario que supondrán estas medidas respecto al conjunto de España.
El decreto establece que en Euskadi los pensionistas no tendrán que pagar el 10 % del coste de los medicamentos en función de sus ingresos como en el resto de España.
Por su parte, la Junta de Andalucía, aunque lo ha recurrido al Constitucional, aplicará este decreto, pero modificará aspectos del sistema, como el cobro del 10 % del coste de las medicinas a los jubilados, a quienes sólo cobrará el tope mensual de 8 ó 18 euros fijado según su renta. Con este procedimiento, los pensionistas andaluces no abonarán el resto del copago superior a este tope, que será adelantado por la sanidad pública andaluza.
La Junta ha adelantado también que atenderá a los inmigrantes sin los requisitos que impone el decreto estatal ya que, según ha destacado a la prensa la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, este colectivo "tiene un impacto económico muy bajo" en la sanidad pública andaluza.
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado hoy que la decisión del Ejecutivo andaluz de recurrir el decreto de reordenación sanitaria es una maniobra con la que el presidente, José Antonio Griñán, pretende "eludir sus propias responsabilidades en la gestión del sistema sanitario".
De esta forma, el encendido debate sobre el copago farmacéutico llega hoy a la mesa del Consejo Interterritorial de Salud con las posiciones radicalizadas.
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