Primero el precio de la yerba se disparó; después simplemente desapareció de los estantes de algunos supermercados, mientras otros comercios comenzaban a racionar la venta e impedían llevar más de un kilo por persona. Ni la inflación cabalgante ni el fantasma del desabastecimiento son una novedad en los supermercados argentinos, pero esta vez les han tocado su yerba mate, que es algo más que la bebida nacional: es un símbolo de identidad del Cono Sur. Tal vez por eso, esta vez la indignación de los ciudadanos se ha hecho notar y ha desencadenado toda una tempestad política y social.
Todo comenzó cuando, el pasado marzo, el ministro de Comercio, Guillermo Moreno, aprobó un aumento del 100% del precio que los productores de yerba mate debían pagar por la materia prima, mientras que el aumento autorizado para el producto final fue apenas del 9,5%.
Los principales productores pretenden ahora trasladar esa diferencia a los consumidores, excediendo ampliamente los 14 pesos (unos 2,4 euros) pactados con el Gobierno. Algunas marcas llegan a pedir 40 pesos por un kilo de mate. La táctica tampoco es ninguna novedad: los productores retienen el stock para forzar la subida de precios. Por eso, Comercio ha instado a los consumidores a "no aceptar abusos" y ha puesto a disposición de los ciudadanos un teléfono para denunciar los abusos, tanto el desabastecimiento como los precios que superen el precio pactado, con un margen de hasta el 15%.
Moreno fue categórico: "Lo que está pasando con el precio de la yerba mate es una vergüenza, es simple y llanamente delincuencial". El ministro ha anunciado medidas contundentes para contener el precio de la yerba, desde la clausura de negocios hasta la limitación de las exportaciones, a las que se destina casi el 90% de la producción de yerba en Argentina.
El ministro argumenta que la yerba que hoy se vende en los comercios fue comprada el año pasado a 4 pesos y hoy se pretende vender a 40. La cosecha acaba de comenzar, luego el precio del producto final debería ajustarse sólo el año que viene. Por su parte, los industriales yerbateros sostienen que está en peligro la continuidad de las pequeñas firmas si no se actualizan los precios. Y Moreno se resiste a una subida mayor, que, con la inflación descontrolada, sería una pésima noticia para el Gobierno y para las familias.
Preocupa la inflación
La inflación ronda el 20-30% anual desde 2007, a pesar de que el organismo estadístico estatal, el Indec, no admite más de un 10%. Sin embargo, en un país donde la inflación ha sido una histórica compañera habitual, sólo ahora la subida descontrolada de los precios comienza a instalarse entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Tal vez porque en este 2012 comienza a sentirse una desaceleración del crecimiento económico, que se había situado a tasas asiáticas en los últimos años. O tal vez, también, porque es ahora cuando la inflación se ha comido la ventaja cambiaria: es decir, Argentina ha equiparado sus precios con los de Europa, aunque el euro se cambie a 5,8 pesos.
La primera consecuencia es evidente: la industria local pierde competitividad, lo que explica las agresivas políticas proteccionistas del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, especialmente en la restricción de las importaciones. Otra consecuencia no menos obvia es la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y bajas, sobre todo porque es en el supermercado donde los precios están más disparados.
Lo cierto es que la inflación es un problema estructural en Argentina. Para algunos analistas, el gran culpable de la escalada de precios son, de un lado, los grandes oligopolios, tanto distribuidores como productores, y, de otro, los sindicatos, que, gracias a su enorme influencia en la política y en las calles consiguen aumentos salariales casi equivalentes a la inflación. Así se repara el daño al bolsillo de las clases medias, pero también se mantiene girando la espiral inflacionista.
Ante esta realidad, el Gobierno intenta controlar los precios de ciertos productos, como la yerba mate, y mantiene fuertes subsidios a servicios básicos como la luz, el gas o el transporte público, si bien algunas de estas ayudas se están comenzando a retirar. No parece que en el corto plazo el Ejecutivo pueda controlar los precios, por lo que algunas voces piden volver a una política monetaria de devaluación del peso que compense la pérdida de competitividad.
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