La decisión del Gobierno de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular para muchas ONG rompe el principio de sanidad universal y gratuita para todos en España.
A partir del 1 de septiembre, unos 500.000 'sin papeles' se verán privados de cobertura básica.
'Mezclar turismo sanitario con inmigración es una auténtica aberración'
Pero en la asociación Karibu (bienvenido en suajili), que lleva más de 20 años ofreciendo asistencia médica a inmigrantes subsaharianos, saben que esa supuesta universalidad no es tal. Lo dice su fundador y director, el padre Antonio Díaz de Freijo, quien afirma indignado que "mezclar turismo sanitario e inmigración es una aberración". Y añade que las leyes "se aplican a todos por igual, pero no tienen las mismas consecuencias para todos".
A continuación muestra, más indignado aún, un artículo que advierte de que, sin asistencia sanitaria, los inmigrantes propagarán enfermedades infecciosas como la tuberculosis y el VIH. "No se pueden decir estas mentiras. Los africanos que vienen a España son la esperanza de prosperidad para sus familias, que eligen para este proyecto a los más jóvenes, fuertes y sanos. Sus enfermedades, si las tienen, suelen ser fruto de las duras condiciones de acceso a España".
Y desmiente otro argumento recurrente: los inmigrantes colapsan los servicios sanitarios. Según un Informe de Médicos del Mundo, sólo un 4% viene a España por motivos de salud y suelen ir al médico 4 veces al año, frente a casi siete los españoles. "Nuestros profesionales les animan a acudir a los primeros síntomas, pero les cuesta superar el choque de culturas".
Médicos voluntarios, la única salida
Unos 40 médicos y enfermeros voluntarios en ejercicio pasan consulta en las instalaciones de Karibu. Atienden a quienes no cumplen los requisitos mínimos para ser beneficiarios del sistema sanitario.
Cada año, acuden a su consultorio unas 5.000 personas. La mayoría no tiene acceso al empadronamiento, requisito fundamental hasta ahora si no eres menor, embarazada o sufres una urgencia, para recibir atención primaria. Pero muchos otros, que van al dispensario de la asociación o son usuarios del albergue, guardan en su bolsillo la preciada tarjeta blanquiazul, que un día consiguieron trabajando y que dentro de cuatro meses quedará anulada.
'Los inmigrantes con VIH perderán sus tratamientos antirretrovirales'
Lessongui, un músico de Costa de marfil que lleva 10 años en España, es una víctima más de la crisis. Cantante de reggae, ha trabajado de albañil, electricista, pintor, montador de andamios... Hasta que en 2008 se quedó sin empleo y tuvo que recurrir a Karibu. "El Gobierno de Rajoy se está equivocando. Para muchas personas, esa tarjeta puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, -afirma, pensando quizá en personas como las víctimas del VIH, que al perder la tarjeta perderán sus tratamientos antirretrovirales-. Los pobres no podemos pagar un seguro privado. No se puede cambiar la política económica sin pensar en la gente".
Para Ahmed Fofana, otro marfileño que escapó de su país por persecución política y está tramitando el asilo, la medida es muy injusta. Afirma que trabajó varios años en la construcción y cotizó a la seguridad social. "Durante todo este tiempo sólo he ido al médico dos veces. Pero ¿qué voy a hacer ahora? No tengo dinero. Si me pongo enfermo tendré que ir al consultorio de alguna ONG. No hay otra salida para nosotros".
El nigeriano Jorge Assam es padre de tres hijos españoles, pero quiere regresar a su país "porque en España ya no hay futuro".
El padre Antonio afirma también que, ante la cada vez mayor dificultad para cumplir sus expectativas, hay muchos inmigrantes con depresiones y trastornos que precisan atención psiquiátrica y psicológica. "Si no se les trata, caerán en la marginación y se convertirán en un problema social", advierte.
Los subsaharianos son tal vez el colectivo de inmigrantes más perjudicado con la reforma, pero no el único. Para Giovanni Rojas, presidente de la asociación Miraeuropa, que vela por los derechos de los cerca de 240.000 colombianos que hay en España, la medida del ministerio de Ana Mato "supone un retroceso de años en los derechos de los inmigrantes". "Hay gente que lleva años aquí, trabajando y cotizando. Ahora, por el hecho de estar en paro, como tantos otros españoles, no pueden renovar su permiso de residencia y no van a poder recibir atención primaria".
'España está expropiando un derecho fundamental'
"Se quejan de lo de YPF en Argentina, pero España está expropiando a las personas un derecho fundamental, como es el acceso a la Sanidad, por una decisión unilateral", señala.
Rojas acusa a España de haber vulnerado el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que le obliga a respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud sin discriminación. En la misma línea, Amnistía Internacional ha pedido al Parlamento no apoyar la reforma sanitaria hasta que el Gobierno no evalúe los efectos que pueda tener en colectivos vulnerables.
Rafael Encino es un ecuatoriano que llegó en los 90 a Madrid. Se quedó sin trabajo hace dos y acabó perdiendo su casa. Su familia vive de la beneficencia y él acude a cursos de formación para intentar reciclarse y encontrar empleo. "Antes vivíamos bien y enviábamos dinero a Ecuador. Pero lo he perdido todo. Mi mujer tampoco trabaja y no tenemos ingresos ¿Qué vamos a hacer si cogemos una gripe, esperar a que se convierta en neumonía para acudir a urgencias?. No es justo que después de tantos años nos traten así".
Su compatriota Vladimir Paspuel, presidente de la asociación Rumiñahui denuncia que se están vulnerando derechos fundamentales de la vida. Alerta de las consecuencias prácticas que tendrá el recorte sanitario: "Saturación de las urgencias, automedicación, vuelta a la medicina tradicional..."
Pero sobre todo, coincide con el padre Antonio en que la medida puede volverse en contra del Gobierno: "Si no hay atención temprana, una simple afección que podría curarse con unos pocos céntimos, después requerirá una atención especializada que costará miles de euros".
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