El 19 de febrero pasado, ocurrió en el municipio de Escobedo, Nuevo León, un violento enfrentamiento entre bandas competidoras por el control de la plaza, supuestamente para facilitar una evasión en masa de presos, que tuvo como resultado fatal la pérdida de 44 vidas humanas en el Centro de Readaptación Social de Apodaca, situado al norte de Monterrey, capital de la entidad federativa. De este modo, permanece viva la serie de evasiones, muertes, corrupción y fugas en los centros penitenciarios de México.
La noticia anterior no es rara, ya que en la larga noche de la gestión panista al servicio descarado de los intereses de nuestros vecinos septentrionales, los asesinatos de reos, motines, riñas y fugas han proliferado progresivamente. Así, de 2006 a 2012 se han producido muertes colectivas en las cárceles de Cancún, Quintana Roo; Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California; Reynosa, Tamaulipas; Mexicali, Baja California; Mazatlán, Sinaloa; Gómez Palacio, Durango; Chihuahua, Chihuahua; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Cadereyta, Nuevo León; Matamoros, Tamaulipas; Altamira, Tamaulipas, y otros presidios de México, en especial de los estados norteños.
Carentes de muchos servicios y con sobrepoblación evidente, las prisiones mexicanas están llenas de presuntos delincuentes y miembros de bandas de narcotraficantes, secuestradores, contrabandistas y otros participantes en el mundo del hampa, aunque abundan también indígenas y otros elementos del pueblo que purgan condenas de manera injusta. Tales centros de reclusión están saturados de huéspedes forzosos, como consecuencia directa de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, concebida y planeada por el gobierno imperialista de Estados Unidos, y desarrollada por el gobierno espurio de Felipe Calderón Hinojosa, por medio del Ejército, la Marina y diversos cuerpos policíacos nacionales, bajo la vigilancia y supervisión de las agencias de seguridad, espionaje y provocación gringas.
A lo largo de la historia, las organizaciones del narcotráfico y el crimen organizado han considerado y consideran las prisiones como puntos fundamentales de su quehacer delictivo. Por ello, el control de las mismas es una necesidad para el mejor desarrollo de sus acciones. En la disputa por el manejo de las cárceles, sobre todo en el sexenio a punto de terminar, se presentan graves choques que producen muertos, heridos y fugados. Desde el inicio de la guerra que algunos llaman de Calderón, la situación en el sistema penitenciario mexicano ha empeorado como nunca.
La enorme matanza de ciudadanos, adolescentes y niños en la guerra gringa contra el narcotráfico y el crimen organizado, cuya cifra oscila entre los 47 mil y 67 mil muertos, los cerca de 10 mil desaparecidos y los más de 240 mil desplazados, se ven acompañados, según datos oficiales de julio de 2011, por 227 mil 671 internos, quienes le cuestan al erario 31 millones 873 mil 940 pesos diarios.
El encierro de delincuentes y la vida de las prisiones son recreados en muchas formas por la literatura, el cine y la televisión. De esta manera, las series policíacas norteamericanas Los Intocables, CSI: Miami, La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales y otras más, abordan aspectos centrales de la vida en chirona y la lucha entre gángsters por el control de los penales. Salta a la vista que entre las áreas que pugnan por controlar las mafias, bandas y pandillas del narcotráfico y el crimen organizado están precisamente las prisiones, vulgo: bote. En México, como en Estados Unidos y Colombia, existe esa pugna por definir quién maneja el sistema penitenciario. Para la resolución de este problema, tienen que producirse enfrentamientos, negociaciones y acuerdos entre los diversos grupos delicuenciales con la suficiente fuerza como para aspirar a la hegemonía entre los hampones y presuntos delincuentes en cautiverio.
El control de las cárceles es fundamental, pues a través de él las bandas conocen y enfrentan los niveles de infiltración de los cárteles de la droga y otros giros negros por los órganos de seguridad mexicanos y yanquis; la ubicación de los orejas y chivatos al servicio de la policía; la organización de las labores de contraespionaje en el seno de los cuerpos de seguridad pública, y, naturalmente, el dominio del mercado de estupefacientes, prostitución, venta de protección, uso de piso y privilegios en los penales, además de que se forjan nuevos jefes de jefes y capos que, transitoriamente, están tras las rejas, pues la prisión es una universidad del narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia en general.
Es grave lo que ocurre en los presidios de la República Mexicana. Por ejemplo, las autoridades informan: “Se registraron 887 incidencias en el sistema penitenciario del país que involucran a 5,179 internos: 3,269 en motines, 922 en riñas, 316 [en] decesos, 320 en fugas, 52 homicidios, 83 suicidios, 60 en agresiones a terceros, 107 en huelgas de hambre, 11 en intentos de suicidio, 14 en autoagresiones, 10 en intentos de fuga, ocho en intentos de homicidio y siete en violaciones”. (Secretaría de Seguridad Pública, Quinto informe de labores, México, ed. electrónica, 2011, p. 58).
Sólo para ilustrar el grado de violencia en las cárceles de México, se transcriben a continuación algunas notas de un diario crítico: “Reynosa, Tamps., 20 de octubre. Un enfrentamiento entre presos por el control de la cárcel de esta ciudad dejó 21 muertos y 11 heridos. Sólo cinco de las víctimas fueron identificadas de inmediato porque los demás cuerpos fueron apilados y quemados en una pira que los reos hicieron con cobijas y colchones antes de que entrara la policía.
“Éste es el mismo penal del que el 9 de octubre se fugaron por la puerta principal 17 reos, acompañados de cuatro custodios”. (La Jornada, 21-X-08).
“Durango, Dgo., 14 de agosto. Un enfrentamiento entre grupos rivales de internos por el control del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Gómez Palacio, dejó saldo de 19 reos muertos a balazos y otros con arma blanca, al menos 26 heridos y tres fugados, así como el desalojo de varias colonias ubicadas en las cercanías del penal”. (La Jornada, 15-VIII-09, p. 26).
“Durango, Dgo., 20 de enero. Una supuesta riña entre grupos rivales de presos del Centro de Readaptación Social (Cereso) número uno, en esta capital, dejó un saldo de 23 muertos, todos por armas punzocortantes, y ningún herido. Con ellos suman 43 los homicidios en ese centro penitenciario en menos de un año”. (La Jornada, 21-I-10, p. 24).
“Veinte reos muertos y 12 heridos graves es el saldo de una batalla campal ocurrida la madrugada del sábado en el penal de Matamoros, Tamaulipas, luego que un interno peleó con otro por el control del llamado Centro de Ejecuciones y Sanciones, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)”. (La Jornada, 16-X-11, p. 27).
“Ciudad Victoria, Tamps., 5 de enero. Los 13 reos del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira que resultaron heridos en la riña en la que murieron 31 internos, fueron separados de la población penitenciaria y están a disposición del Ministerio Público (MP) que investiga los homicidios”. (La Jornada, 6-I-12, p. 16).
Es grande la cuota de sangre que ha pagado, paga y seguirá pagando la población mexicana por una guerra que ni le va ni le viene. Es una guerra completamente ajena al desarrollo económico, la paz y el progreso del país, y únicamente sirve a los intereses de los monopolios y gobiernos de Estados Unidos que, por medio de ella, buscan y logran intervenir en los asuntos internos de México, Colombia y otros países hermanos, a la vez que intentan reordenar, bajo su hegemonía, el mercado mundial de estupefacientes.
La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, emprendida por Calderón, no ha logrado uno solo de sus objetivos. Al contrario, ha fracasado total, absoluta, completa y resueltamente. Díganlo si no el creciente poderío de las bandas gangsteriles, el control del narco de extensas regiones de la geografía del país, el avance progresivo de la drogadicción en México y la entrega regular, precisa y sin fallas de los cargamentos de drogas dirigidos al consumidor número de los sicotrópicos: la Unión Americana.
Para derrotar al narcotráfico y el crimen organizado hay una gran vía: aplicar una política económica que fortalezca las industrias estratégicas de la nación, desarrolle el mercado interno, supere la dependencia alimentaria, cree empleos suficientes y bien remunerados, amplíe y enriquezca la seguridad social, extienda y mejore la educación pública, obligue al gran capital a pagar impuestos, diversifique las fuentes de crédito y rompa el monopolio gabacho del comercio exterior de nuestro país. Soberanía nacional, desarrollo económico, paz en el territorio nacional, democracia y bienestar popular son los antídotos contra la plaga del trasiego de productos tóxicos, así como el combate a las bandas criminales con la supresión del lavado de dinero.
Mientras los drogadictos de Estados Unidos, con el beneplácito de sus autoridades, reciban puntualmente las dosis de cocaína, heroína, opio y otras drogas que consumen en cantidades industriales; mientras los jefes de jefes, capos y barones del narcotráfico gabachos no sean molestados en sus actividades delictivas; mientras el sistema financiero gringo lave cientos de miles de millones de dólares, y mientras la industria militar usamericana proporcione la absoluta mayoría de las armas que utilizan los grupos delincuenciales de México y América Latina, Calderón, pese a la obediencia que exhibe ante las indicaciones del gobierno criminal y genocida de Barack Obama, no logrará mellar la llegada de drogas al gigantesco mercado noramericano, no detendrá la drogadicción en México y no vencerá al narcotráfico y el crimen organizado; en cambio, sí continuará inundando de sangre nuestro suelo patrio y seguirá perdiendo el control… hasta de las cárceles. Como ocurre exactamente ahora.
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