|       Puerto  Príncipe, 3 ene (PL) Una sonada polémica estremece hoy el panorama  político y mediático de Haití, luego que una comisión especial creada  por el presidente Michel Martelly recomendara la reinstauración del  Ejército, disuelto en 1994 por violaciones de los derechos humanos.
 La medida, considerada por unos un paso necesario y, por otros, un  peligro para la estabilidad del país caribeño, recibió el golpe de  gracia el pasado domingo, cuando Martelly anunció los resultados de la  investigación de un grupo especial que estudiaba la factibilidad de la  reinstauración desde noviembre pasado.
 
 "La comisión ha  recomendado la creación de un nuevo Ejército que  intervendrá en casos  de desastres naturales y trabajará para asegurar la integridad  territorial", informó el mandatario durante las celebraciones por el Día  de la Independencia, con lo que destapó la caja de Pandora.
 
 Medios de prensa y senadores apoyaron o condenaron indistintamente la  medida, sin que haya aún un claro consenso sobre su impacto para la  situación actual del país.
 
 Varios sectores de la oposición  condenaron la idea por considerar que resultaría una amenaza para la paz  y reabriría las puertas a los golpes de Estado, mientras otros opinaron  que serviría como paso para la salida de las tropas de la ONU de esta  nación.
 
 Las Fuerzas Armadas haitianas estuvieron formadas por  unos ocho mil hombres y fueron disueltas hace 17 años por el  exmandatario Jean Bertrand Aristide, por ser las artífices de numerosas  intentonas militares.
 
 Actualmente los trabajos de seguridad  están a cargo de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de  Haití (Minustah), acusada por varios sectores de violaciones sexuales y  de difundir la epidemia de cólera, que contagió a más de 500 mil  personas desde octubre de 2010.
 
 Para Martelly, el objetivo de  volver a concebir una Armada es "reconciliarla con la gente, adaptarla a  las necesidades reales y orientarla al desarrollo nacional, desprovista  de todas las atribuciones y funciones represivas".
 
 Por su  parte, varios gobiernos extranjeros, entre ellos Estados Unidos y  Canadá, amenazaron con retirar parte de su ayuda al país caribeño si  tomaba esa decisión, por considerar que se trata de un gasto de dinero  innecesario, dada las actuales circunstancias de la nación caribeña.
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