Los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura podrían interponer demandas internacionales ante la Corte IDH contra el Estado uruguayo, en caso de que la Justicia avale la tesis de la prescripción de los delitos perpetrados por militares y policías durante la dictadura.
Abogados defensores de los derechos humanos tienen “firmes esperanzas” en una resolución favorable en el ámbito judicial, por la cual se consideren los delitos como “crímenes de lesa humanidad”, en consonancia con los preceptos del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, los letrados presentarán demandas ante la Corte IDH en caso de prosperar la tesis de la prescripción de los crímenes, como promueven desde el ámbito militar.
En tanto, los representantes legales del Centro Militar elaboran los escritos para interponer demandas incidentales de prescripción en los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, en virtud del presunto vencimiento de los plazos para el ejercicio de la pretensión punitiva por parte del Estado.
Los abogados sustentarán los recursos en el eventual vencimiento, el 1º de noviembre, del plazo para juzgar los delitos de homicidio muy especialmente agravado, más su extensión en un tercio por la peligrosidad del sujeto imputado. Los juristas fundarán el pedido en un “argumento estrictamente de derecho”, en cuanto la aplicación del Código Penal y la imposibilidad de aplicar el derecho internacional.
En tanto, el presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrez, mantuvo una reunión con el constitucionalista Gonzalo Aguirre para definir las posibles acciones de inconstitucionalidad contra la ley aprobada ayer en el Parlamento, por la cual se restablece la pretensión punitiva del Estado.
Aguirre elaborará un informe para la institución castrense y posteriormente se presentarán las acciones de inconstitucionalidad, dijeron fuentes del ámbito castrense a LA REPÚBLICA. Las acciones de inconstitucionalidad solo serán presentadas en caso de que un juez rechace la tesis de la prescripción, en base a lo dispuesto por la ley votada anoche en el Parlamento. La dilucidación del debate jurídico, en cualquier escenario, será resuelta por la Suprema Corte de Justicia.
En este sentido, abogados patrocinantes en causas por derechos humanos aducen que el máximo órgano del Poder Judicial “deberá tener en cuenta la aplicación del derecho internacional”, en el cual existe jurisprudencia firme en cuanto a que los delitos de tortura y desaparición forzada perpetrados por agentes del Estado son imprescriptibles.
Asimismo, los letrados recordaron que los centros militares no pueden presentar demandas incidentales de prescripción o acciones de inconstitucionalidad “en forma genérica”, por cuanto carecen de legitimación activa para hacerlo. Las acciones deberán presentarse caso a caso y en la etapa procesal debida, al tiempo que la ley aprobada en el Parlamento es “constitucional” y “conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos”, expresó un abogado.
Batallón Nº 14
El integrante de Madres y Familiares Óscar Urtazún, expresó ayer que el hallazgo de restos en el Batallón Nº 14 “nos ha lastimado mucho”, pero “nos ha dado fuerzas para seguir”. En este sentido, Urtazún afirmó que “la lucha nunca queda quieta” y señaló que la norma aprobada en el Parlamento significa “un cachetazo a la impunidad, pero con un cachetazo no la cortamos”.
Militares chilenos acusados
* Siete ex militares chilenos fueron acusados ayer por un juez del secuestro de tres ciudadanos uruguayos desaparecidos en setiembre de 1973 tras el golpe militar que encabezó Augusto Pinochet, informó el Poder Judicial de Chile. El juez Joaquín Billard responsabilizó a los ex militares por el secuestro de los uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, quienes llegaron a Chile en calidad de exiliados políticos. Los uruguayos “fueron sometidos a interrogatorios y torturas” en el Regimiento Ferrocarrileros y se ordenó su traslado al Estadio Nacional de Santiago y luego desaparecidos. Los acusados son el ex general Francisco Martínez, los coroneles Mateo Durruty y Lander Uriarte.
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