Gobierno EE.UU. emprende pasos controversiales en tema inmigración

Washington, 20 oct (PL) La administración del presidente Barack Obama confirmó hoy que en dos semanas comenzará a revisar unos 300 mil expedientes de inmigrantes ilegales señalados como casos preparados para deportación. De acuerdo con la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, el gobierno federal pretende separar los archivos de alta prioridad relacionados con criminales de los de baja prioridad, vinculados a ciudadanos que Washington considere de buena conducta. Este anuncio representa una de las primeras importantes acciones del gabinete Obama en cuanto al tema inmigración, una promesa pendiente del mandatario, quien desde 2008 aseguró que resolvería el dilema que significan 12 millones de indocumentados en este país. Napolitano explicó que en el criterio a utilizar en la calificación de los expedientes prevalecerán aquellos extranjeros que "hayan permanecido más tiempo en Estados Unidos, sean casados, sirvieron en el Ejército, o tengan algún pariente ciudadano norteamericano". Frente a la vacilación gubernamental en este asunto después de cuatro años, estados como Alabama, Georgia, y Carolina del Sur amenazan con oficializar medidas radicales que sancionan con duras sentencias la estancia de indocumentados en Estados Unidos. La Agencia de Aduanas e Inmigración (AAI) anunció a finales de septiembre la captura de dos mil 903 sujetos que llamó "criminales convictos extranjeros", y explicó que fue resultado de una operación policial denominada Cross Check. Según el director de la AAI, John Morton, en la redada de siete días participaron mil 900 oficiales federales y el proceso de captura se implementó en coordinación con fuerzas locales del orden en 50 estados y cuatro territorios norteamericanos de ultramar. El procedimiento formó parte de una estrategia nacional respaldada por la administración Obama y dirigida a deportar "elementos foráneos con antecedentes criminales y otros violadores de la ley nacional", alegó Morton. En Alabama un ciudadano hondureño y otro yemenita fueron las primeras víctimas la pasada semana de la nueva y polémica ley antiinmigrante HB56, que se teme congestione con extranjeros las cárceles del sureño estado. Entre las facultades controversiales que ampara la normativa se incluye la verificación en plena calle del estatus de cualquier persona que los patrulleros supongan carece de autorización migratoria. Junto a la legislación SB1070 de Arizona, programas similares con perfiles raciales están en camino de implementación también en Utah e Indiana.