Nota APCrítico / VIDEO Alba TV
Joaquín Pérez Becerra se encuentra preso en las cárceles colombianas, acusado de "terrorismo". Esta injusta detención hace parte de una práctica de criminalización de la lucha social y de cualquier tipo de disidencia que denuncie la violación a los DDHH en Colombia. Esta estratégia de criminalización implica "sembrar" pruebas falsas y múltiples formas de manipulación judicial y mediática.
Hay que saber que solo en 2011 han sido asesinados por tortura y denegación médica 5 presos políticos en las cárceles colombianas.
El gobierno de Juan Manuel Santos afirma que las pruebas que comprometen a Pérez Becerra fueron encontradas en las computadoras del líder guerrillero Raúl Reyes, tras el ataque que violó la soberanía de Ecuador y tuvo como saldo la muerte de Reyes y de unas 20 personas más, entre las cuales un civil ecuatoriano y 4 estudiantes mexicanos internacionalistas. Por otro lado se rompió la cadena de custodia de dichas "pruebas", y la misma Interpol ha tenido que reconocer que hay miles de archivos creados en fechas posteriores al bombardeo. Con lo cual, o los creó el fantasma de Raúl Reyes, o algún agente de la policía colombiana. Pese a la invalidez legal de tales "pruebas", el sistema judicial las usa para enjaular al pensamiento crítico.
Lamentablemente, habiendo podido evitar la entrega del comunicador; las autoridades venezolanos, eligieron saltarse las leyes venezolanas y el DIH, y entregar al periodista al régimen colombiano, habiendo sido previamente incomunicado, privado de abogados y de acceder a la representación consular sueca. El periodista Joaquín Pérez Becerra pasa a engrosar la penosa lista de más de 7.500 presos políticos en Colombia.
Nos solidarizamos con los 7.500 presos políticos encarcelados bajo montajes judiciales y repudiamos los acuerdos de entrega de perseguidos políticos firmados entre Santos y Chávez. Le pedimos al gobierno venezolano que, en virtud de todo el apoyo que ha recibido de millones de revolucionarios del mundo, sea consecuente con su discurso anti-imperialista, y cancele urgentemente los acuerdos de entrega de perseguidos políticos, para no involucrar más a Venezuela en la complicidad del genocidio contra el pueblo colombiano, y no reeditar una versión penosa del macabro Plan Cóndor.
Hay que saber que solo en 2011 han sido asesinados por tortura y denegación médica 5 presos políticos en las cárceles colombianas.
El gobierno de Juan Manuel Santos afirma que las pruebas que comprometen a Pérez Becerra fueron encontradas en las computadoras del líder guerrillero Raúl Reyes, tras el ataque que violó la soberanía de Ecuador y tuvo como saldo la muerte de Reyes y de unas 20 personas más, entre las cuales un civil ecuatoriano y 4 estudiantes mexicanos internacionalistas. Por otro lado se rompió la cadena de custodia de dichas "pruebas", y la misma Interpol ha tenido que reconocer que hay miles de archivos creados en fechas posteriores al bombardeo. Con lo cual, o los creó el fantasma de Raúl Reyes, o algún agente de la policía colombiana. Pese a la invalidez legal de tales "pruebas", el sistema judicial las usa para enjaular al pensamiento crítico.
Lamentablemente, habiendo podido evitar la entrega del comunicador; las autoridades venezolanos, eligieron saltarse las leyes venezolanas y el DIH, y entregar al periodista al régimen colombiano, habiendo sido previamente incomunicado, privado de abogados y de acceder a la representación consular sueca. El periodista Joaquín Pérez Becerra pasa a engrosar la penosa lista de más de 7.500 presos políticos en Colombia.
Nos solidarizamos con los 7.500 presos políticos encarcelados bajo montajes judiciales y repudiamos los acuerdos de entrega de perseguidos políticos firmados entre Santos y Chávez. Le pedimos al gobierno venezolano que, en virtud de todo el apoyo que ha recibido de millones de revolucionarios del mundo, sea consecuente con su discurso anti-imperialista, y cancele urgentemente los acuerdos de entrega de perseguidos políticos, para no involucrar más a Venezuela en la complicidad del genocidio contra el pueblo colombiano, y no reeditar una versión penosa del macabro Plan Cóndor.
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