Viento Sur
La sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional (TC), aunque sólo haya sido por un voto de diferencia, supone un fracaso en toda regla de la estrategia de criminalización que, sobre todo desde el Pacto Antiterrorista de PP-PSOE, se ha ido extendiendo a un abanico cada vez más amplio de sectores de la sociedad vasca. Con la Ley de Partidos y la reforma de la Ley Electoral aprobada recientemente por el Congreso parecía que, pese a que primero Sortu y luego Bildu se habían atenido incluso a esa legislación de excepción, se iba a lograr el objetivo de impedir la presencia de la izquierda abertzale en las elecciones del 22 de mayo. Finalmente, se ha impuesto la cordura de una concepción fiel a un elemental garantismo jurídico frente a la beligerancia mostrada por la Sala 61 del Tribunal Supremo.
Porque, en efecto, la lectura de la sentencia de esa Sala del Supremo dejaba estupefacta a cualquier persona mínimamente respetuosa de las reglas de un Estado de Derecho, como demostraba de sobra la crítica reflejada en el voto particular de los jueces que votaron en contra de aquélla: se trataba de una resolución que ignoraba alegaciones de Bildu incuestionables –como la existencia de más de un centenar de errores en el análisis de las listas hecho por el Fiscal del Estado, o presentar como prueba de “contaminación” el hecho de haber sido avalistas de candidaturas de partidos ilegalizados en elecciones anteriores- y, sobre todo, hacía caso omiso del Código Ético suscrito por todas las personas candidatas de una coalición que además está promovida por dos partidos legales, EA y Alternatiba. Expresaba, en suma, la firme voluntad de dar un peligroso paso adelante en la aplicación de la “teoría del entorno” a esa coalición, haciendo oídos sordos a sentencias como la de Egunkaria, la de Udalbiltza o la del Tribunal Constitucional sobre Iniciativa Internacionalista. El informe de la Guardia Civil que a toda prisa llegó ayer sobre la presunta reunión EA-ETA fue sólo el último intento de “guerra sucia” (incluida la mala traducción del euskera) que, afortunadamente, no fue tenido en cuenta por la mayoría del TC.
Han triunfado así las tesis de que “no resulta posible sancionar identidades –como tampoco ideologías- sino solamente conductas”, de que hay que apostar “por un sistema extremadamente tolerante, si se quiere ‘combativamente’ tolerante, a favor de todos los partidos políticos” y de que “sospechas y convicciones, por razonables que puedan resultar en términos políticos, han de quedar descartadas como elemento de conformación de la voluntad del poder público”. Conclusiones que deberían llevar a replantearse la legitimidad de la misma Ley de Partidos y de la sentencia anterior sobre la ilegalización de Sortu.
Debemos felicitarnos por la resolución del Tribunal Constitucional porque supone no sólo una victoria de la izquierda abertzale sino también la de todas aquellas personas defensoras de derechos fundamentales como los de participación y asociación política, frente a una concepción cada vez más excluyente de la democracia y del Estado de derecho. Cabe esperar también que con la apertura de este nuevo escenario en Euskal Herria y la previsible desaparición definitiva de ETA el debate político sobre el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro pase a ocupar el primer plano.
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