“Lo que juzgan en Colombia es la opinión de Joaquín Pérez Becerra. Sus críticas hacia el gobierno están siendo tomadas como un delito”, aseveró el jurista colombiano en una entrevista para la Radio del Sur.
El abogado recordó que la página de noticias Anncol, que dirige Pérez Becerra, publica artículos de diferentes fuentes y denuncias casos como los llamados falsos positivos (civiles asesinados por el ejército colombiano y presentados como guerrilleros), y el terrorismo de Estado en Colombia.
Orjuela informó también que ayer se realizó una audiencia ante el juez de garantías y la defensa tomó posición en contra de la medida de captura del periodista de nacionalidad sueca, por considerar que se violaron preceptos legales y constitucionales.
“Ante la negativa del juez de liberarlo (a Pérez Becerra), vamos a presentar un recurso de apelación ante una autoridad jurídica superior”, detalló.
La detención de Pérez Becerra el pasado 23 de abril en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Venezuela, respondió a un pedido del Estado colombiano a Interpol al ser señalado por supuesto apoyo y financiamiento al terrorismo y por ser representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en Europa.
Orjuela explicó que el proceso jurídico contra el periodista, recluido en complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, será largo y puede demorar años hasta llegar a instancias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) colombiana.
El abogado también informó que fue solicitada a la justicia colombiana la protección del detenido, “ya que por la gran difusión mediática que se le ha dado al caso, podría correr peligro su vida”.
Por su parte, la agencia AFP reportó que el portavoz del ministerio de exteriores sueco, Teo Zetterman, explicó que todavía no es claro “de qué se acusa oficialmente” a Pérez Becerra y que ahora su gobierno se está "centrando en que se le proporcione apoyo consular” en Colombia.
“La Embajada de Suecia (en Bogotá) ha contactado con él (Pérez Becerra) y está siguiendo el caso, en contacto con sus representantes legales”, agregó el funcionario.
Joaquín Pérez Becerra, de 55 años, nació en Colombia, pero adoptó la nacionalidad sueca, país al que se trasladó hace dos décadas como refugiado político luego de recibir amenazas de muerte.
En la primera mitad de la década de los 90 el comunicador fue concejal en el municipio de Corinto, departamento del Valle del Cauca, en representación de la Unión Patriótica (UP), movimiento surgió en 1984 integrado por grupos políticos y sociales, entre ellos las Farc y el Partido Comunista Colombiano, que apoyaban la paz en esa nación.
Ante el surgimiento de la UP, grupos de extrema derecha impulsaron la persecución, desaparición forzada y asesinato de sus militantes.
Dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y unos 4.000 militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados por grupos paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado colombiano.
Pérez Becerra se exiló y en mayo de 1994 Suecia le concedió el asilo político, ha vivido en ese país desde entonces y renunció a la nacionalidad colombiana en el año 2000.
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