Recientemente, el portavoz de los Inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre, afirmó que los datos indican el aumento de la economía sumergida, quien, según sus palabras, es la que está evitando una "explosión social" en el país, que se daría, sin lugar a dudas, si las cifras de desempleo coincidieran con la realidad.
Según las estimaciones del Ministerio de Economía y Hacienda, la economía sumergida en España sigue creciendo y constituye aproximadamente el 23% del Producto Interior Bruto. En ese sentido, se estima que uno de cada cuatro euros escapa al control fiscal de régimen.
Se calcula que en España entre 12 y 15 millones de trabajadores están en la economía sumergida. Esa cifra incluye a los que tienen un empleo legal pero también trabajan “en negro”. Obviamente no todos pueden trasladarse a las listas de desempleados; sin embargo y aún teniendo en cuenta ese dato, la cifra de parados podría ser, al menos, el doble de la oficial.
La lectura es clara: España se salva de una explosión social, gracias al trapicheo, el problema es que la necesidad recaudatoria, forzada por un estado en quiebra técnica, procure la legalización imperativa de la economía sumergida, lo cual puede desencadenar un conflicto de imprevisibles consecuencias.
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