La administración Obama obtuvo el pasado martes una nueva victoria en el tortuoso camino que debe recorrer para aplicar la reforma sanitaria cuando un juez de Virginia desestimó un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley.
Sin embargo, la sentencia representa sólo la victoria en una batalla dentro de una guerra legal con múltiples frentes que amenaza con minar, si no impedir que la iniciativa estrella de la presidencia Obama entre en vigor.
Desde su aprobación el pasado mes de marzo, se han presentado una veintena de recursos contra la reforma sanitaria. El del pasado martes fue el segundo en ser resuelto de acuerdo con las tesis del gobierno.
La mayoría de demandas argumentan que el mandato a todos los individuos de suscribir una póliza sanitaria es inconstitucional, ya que el gobierno federal no dispondría de este poder.
Sin embargo, el juez Norman Moon, en una sentencia de 54 páginas, validó las tesis de la administración Obama y de los legisladores demócratas, que se amparan en la llamada 'cláusula del comercio' incluida en la Constitución.
Según esta visión, la decisión de no contratar una póliza no es una apuesta por la inactividad, sino que es una decisión de tipo económico, por lo que puede afectar las actividades comerciales entre estados federados.
El veredicto del juez Moon no sirve de orientación sobre cómo se puedan resolver la veintena de pleitos aún en fase de deliberación. Nombrado por Bill Clinton, Moon es de tendencia progresista, mientras que otros jueces que deberán también pronunciarse fueron nombrados por presidentes republicanos, y son de ideología netamente conservadora. Se trata de Henry Hudson, en Richmond, y Roger Vinson, en Pensacola (Florida).
Hudson ha celebrado ya varias audiencias, y por sus preguntas y comentarios se puede intuir que declararán inconstitucional la ley de reforma de la sanidad. El juez de Virginia prometió tomar una decisión antes de final, por lo que su sentencia es inminente. "Él ha hecho una serie de preguntas que expresan escepticismo", declararon fuentes de la Casa Blanca a The New York Times.
Camino del Tribunal Supremo
Así las cosas, la gran duda respecto a las resoluciones de estos jueces conservadores reside en si ordenarán la suspensión de una o varias de las provisiones de la ley mientras el gobierno apela la sentencia. Desde la Casa Blanca se confía en que ningún juez bloquee la aplicación de la ley entera.
No obstante, el fiscal general de Virginia, Kenneth Cuccinelli II, el demandante en el caso visto por el juez Hudson, sostiene que el mandado individual de compra de una póliza es un elemento central en la arquitectura legal de la reforma, por lo que su inconstitucionalidad debería extenderse a toda la norma.
El controvertido mandato no entra en vigor hasta 2014, por lo que su suspensión mientras la batalla legal en los tribunales sigue su curso no supondría un gran contratiempo para la Casa Blanca. La mayoría de expertos consideran que lo más probable es que antes del 2014 el asunto llegue a la mesa del Tribunal Supremo.
Una resolución contraria sobre el mandato en la más alta instancia judicial sí sería un golpe mortal al conjunto de la ley, ya que ésta conforma un sistema que sólo se puede sostener si todas sus partes se mantienen en pie. Por ejemplo, sin los recursos que las compañías sanitarias ingresarían por parte de los jóvenes obligados a asegurarse no podrían hacer frente a la obligación de cubrir a clientes con enfermedades crónicas.
Así pues, la acción judicial representa una mayor amenaza para la entrada en vigor de la reforma que la victoria republicana en las pasadas legislativas. Para poder enmendar la ley, los conservadores deberían contar con una mayoría en ambas cámaras, y la presidencia del país, pues el presidente puede vetar cualquier ley que desapruebe.
Es decir, que hasta el 2012, los republicanos no pueden aspirar a abolir la reforma, tan sólo pueden intentar negar su financiación a través de los presupuestos del Estado.
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