Ante la parálisis legislativa que afecta al último intento de dejar sin efecto la Ley de Caducidad a partir de las dudas e inconsistencias en que han caído un pequeño grupo de senadores del Frente Amplio debemos reconocer el significado de la decisión de los Gelman, de Macarena y de Juan, al haber sometido su caso a la jurisdicción de la justicia internacional en materia de derechos humanos. Este juicio, que pone por primera vez en su historia al Estado uruguayo en el banquillo de la Corte Interamericana, lo aproxima a la posibilidad de recuperar la dignidad nacional hipotecada en octubre de 2009, cuando fracasó por una escasa cantidad de votos el último intento plebiscitario para nulificar la monstruosidad jurídica que constituye la Ley de Caducidad
Si los Gelman no hubieran presentado la demanda ante la CIDH estos “defensores del soberano” ¿estarían discutiendo la política estatal en materia de derechos humanos y los mecanismos para juzgar el terror que ejerció el Estado dictatorial frente a un pueblo desarmado? Si no existiera la presión de la Corte Interamericana ¿estarían preocupados por una Ley que mancilla el orden jurídico y la dignidad nacional? Sin duda no porque ellos fueron los artífices del fracaso de la consulta ciudadana. No sólo guardaron silencio, sino que hicieron campaña en contra del plebiscito e instruyeron a sus círculos de alcance para retirar la papeleta del SI. Y lo hicieron pese a que la SCJ uruguaya había modificado su sentir y declarado, en octubre de 2009, la inconstitucionalidad de la ley para el asesinato de Nibia Sabalsagaray. Existieron sin embargo sectores del FA que aun en contra de la decisión del V Congreso de esta coalición sustrajeron la papeleta rosa del voto ensobrado para anular la Ley. Declararon:“yo ni firmo, ni voto”. No son “defensores del soberano”. Defienden su soberanía, su decisión firme e irrevocable de que la sociedad uruguaya legue a las generaciones futuras un pasado hipotecado y manchado por el oprobio jurídico.
Son los mismos que se niegan a refrendar en el Senado el proyecto de Ley interpretativa de la Caducidad. Esgrimen distintas causales, entre ellas el respeto a la voluntad ciudadana negativa a desaparecer la ley. Exaltan la derrota del emprendimiento en la última consulta; la derrota que ellos mismos ayudaron a gestar. Pero su oprobio y cinismo trasciende las fronteras nacionales: descalifican a la justicia interamericana a la que tildan de “imperialista” y conceptúan los Derechos Humanos como un “invento” de los Estados Unidos en la década de los 70. Insultan a los familiares de los desaparecidos cuando desde sus abultados estómagos sostienen ante los medios que muchos hicieron sus reclamaciones “no con un fin de justicia, sino por objetivos económicos”. Sumen al país en la vergüenza y como el león creen que todos son de su condición.
Simplemente un abuelo y una nieta: Juan y Macarena Gelman. Un padre al que se le negó la paternidad y la abuelidad. Una nieta arrancada de los brazos de su madre por los esbirros de la dictadura a los veintiun días de nacida. Un anciano y una joven unidos por lazos de sangre en el reclamo de la justicia. Tan desnudos como los humanos llegamos a la vida social. Aunque no fueran Gelman, el poeta brillante y laureado con su nieta: gracias por haber puesto a ese nuestro Estado por primera vez en su historia, en el banquillo de los acusados de la CorteIDH.
Lo hicieron porque nuestro Estado les negó mil veces la justicia. Lo hicieron porque agotaron los medios legales sin lograr que el crimen fuera amparado dentro del marco de la legislación nacional. Lo hicieron porque, desde el 22 de diciembre de 1986, cuando se aprobó la Ley de Caducidad en el Uruguay no existió justicia y la que se estableció lo hizo sólo cuando se logró exentar la Ley o establecer su inconstitucionalidad, como ocurrió esta semana, 37 años después del crimen de Nibia Sabalsagaray. Pero esa justicia no amparó a María Claudia, la joven madre de Macarena que por ser portadora de una vida en sus entrañas se convirtió en botín de guerra de los “cóndores” uruguayos que actuaban en Orletti.
La acción que llevaron adelante los Gelman, desde la búsqueda empecinada de Macarena fue un aporte esencial al derecho a la verdad que merece la sociedad uruguaya. Se acabó desde entonces la afirmación encubridora de que los criminales eran sólo los militares argentinos como sostuvo Sanguinetti Coirolo cuando, como presidente del Uruguay afirmó, a sabiendas de que mentía, que “En territorio uruguayo no se han denunciado casos de pérdida de identidad de menores como los que han ocurrido en Argentina”. Fue una contribución importante para establecer que en Uruguay también se mató, se torturó y se secuestró la identidad de menores.
Pero más grande aún fue el beneficio que hicieron a la justicia uruguaya. Esa justicia que se movió durante décadas en el marco de la Ley de Caducidad, la que cerró las puertas al juicio que Gelman pretendió llevar adelante y archivó el caso en 2003 por orden del presidente Batlle. Esa misma justicia, que a través de la Suprema Corte y por unanimidad se negó, en noviembre de 2004, a declarar la inconstitucionalidad de la Ley solicitada por Gelman. Y si esto no fuera suficiente, los m ismos organismos judiciales de nuestra nación le volvieron a cerrar con mil candados el acceso a la justicia a la nieta y al abuelo cuando en junio de 2005 el presidente Vázquez colocó fuera de la Ley de Caducidad el caso Gelman. El fiscal Moller se encargó de apelar al Tribunal de Apelaciones, órgano que se manifestó “estupefacto” por la decisión del presidente de reabrir una causa considerada por ellos “cosa juzgada”. Ese Tribunal de Apelaciones uruguayo la mandó a su definitivo archivo en Uruguay, el 19 de octubre de 2005, mientras la Suprema Corte se abstenía de toda intervención en el desacuerdo con el juez.
Fue precisamente este cierre de las opciones de justicia interna las que determinaron que en mayo de 2006 Gelman y su nieta Macarena, recurrieran a la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿Cómo podían seguir confiando en la justicia uruguaya? Por eso es tan indignante que recientemente un constitucionalista pretenda recriminarles por no haber apelado a la SCJ, que recién entre octubre de 2009 y noviembre de 2010, modificó su actuación. ¿Había alguna razón en mayo de 2006 para confiar en la decisión del órgano máximo del poder judicial? No deberíamos olvidar que en mayo de 1988 esta instancia ratificó la constitucionalidad de la ley con la honrosa oposición de dos ministros y que ante la Suprema Corte se apela solamente una vez y Gelman ya lo había hecho en 2004. ¿no lo sabrá el constitucionalista?
Juan y Macarena optaron por la justicia interamericana. En el medio nacional no quedaba otra opción. Apelaron a la CIDH, que desde su informe 29 de 1992 le ha advertido a Uruguay que debe deshacerse de la Ley de Caducidad porque contraviene la Convención Americana que el país ratificó entre los primeros estados signatarios. La CIDH admitió el trámite de los Gelman bajo la conclusión de que fue la propia y poco confiable justicia uruguaya: “...los tribunales civiles, no el sistema de la justicia militar -- ¨[quien] desestimó la acción de Juan Gelman, de acuerdo con la ley de amnistía” y pese a las advertencias reiteradas Uruguay siguió haciendo tiempo, estirando el trámite con las supuestas “excepcionalidades” de su régimen constitucional. Un régimen que pese a pertenecer a un estado laico parece dictado por Dios, un régimen donde los humanos no pueden deshacer los desaguisados que otros humanos hicieron antes. Nadie puede desconocer las causas que motivaron a la nieta y el abuelo Gelman a presentarse ante la CIDH y si acaso lo ignora puede consultarlo en el texto los anexos y apéndices que acompañan la demanda ante la CorteIDH, caso 12 607.
Claro que los Gelman no están solos en esta lucha. Hay un Uruguay digno que a lo largo de décadas jamás sacó el dedo del renglón para destruir la estructura de la impunidad. Ese Uruguay tuvo sus primeras esperanzas en el 2000 cuando se formó la Comisión para la Paz, las renovó durante el primer gobierno frenteamplista, cuando se produjeron algunos procesamientos. Ese mismo país llevó el 25 de octubre de 2009 la ley de amnistía casi al borde de su anulación, con un millón ciento cinco mil voluntades puestas en las urnas, 46.500 menos que las necesarias y sin un voto a favor de mantenerla. Esa misma sociedad sana que cifró sus anhelos en el proyecto de Ley Interpretativa que apenas sorteó diputados y se encuentra paralizado en el Senado. Ese mismo Uruguay que recobró la confianza es sus instituciones judiciales cuando la Suprema Corte decretó la inconstitucionalidad de la Ley para 20 casos y procesó el lunes 8 de octubre a los coautores del asesinato de Nibia.
Existe un espectro nacional comprometido con el futuro. Ya no habrá silencio en torno a la impunidad en Uruguay. Con el estímulo del juicio ante los organismos interamericanos el país busca una vez más recuperar la dignidad nacional, restablecer la verdad y la justicia negada por casi por tres décadas. Sus órganos judiciales comienzan a reaccionar positivamente. Falta aún que lo hagan las instancias legislativas. La impunidad no es letra muerta todavía, pero lo será inexorablemente. Ojalá que no sea demasiado tarde. Ojalá que alguno de los asesinos, desaparecedores, secuestradores de menores y torturadores que aún conviven con la sociedad conserven la vida para pagar sus crímenes. Ojalá la justicia, en tanto “antónimo del olvido” pueda alcanzarlos. Ojalá los uruguayos podamos legar a las generaciones venideras un pasado limpio y diáfano, sin las manchas que aún hoy lo agobian. Macarena y Juan Gelman contribuyeron significativamente al logro de este objetivo.
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