La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha informado de la detención de seis hombres, en Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelona y Badajoz, y la incautación de 90 millones de cigarrillos falsificados, el mayor golpe al contrabando de tabaco en la historia de España.
La 'operación Balman', llevada a cabo conjuntamente por la OLAF y las autoridades españolas de aduanas, ha puesto coto a una mafia que habría obtenido en el mercado negro por el material incautado alrededor de 10 millones de euros, según ha informado la Comisión Europea.
Las seis detenidos, de nacionalidad española, polaca y china, se enfrentan a cargos de blanqueo de dinero y delitos contra la propiedad intelectual como consecuencia de las falsificaciones de marcas comerciales.
La desarticulación de la banda ha sido posible gracias a los servicios de inteligencia de la OLAF, que habrían advertido a las autoridades españolas sobre la llegada de materiales de China destinados a la producción de cigarrillos falsificados.
El director general de la OLAF, Nicholas Ilett, ha querido felicitar a las autoridades de aduanas españolas por "su excelente trabajo", y ha destacado los buenos frutos de del sistema de "intercambio de información" entre países y organismos internacionales.
El caso continúa abierto mientras los investigadores analizan la documentación y los ordenadores incautados durante los registros. La OLAF continuará proporcionando información y recursos para ayudar a las autoridades españolas en sus investigaciones.
El comercio ilegal de tabaco ha aumentado en España y en el resto de Europa desde el inicio de la crisis financiera en 2008. Los contrabandistas sacan partido a la demanda de tabaco barato y obtienen grandes beneficios del tráfico de cigarrillos. Según OLAF, en China un contenedor se puede vender por unos 100.000 euros y en Europa puede llegar a más de un millón de euros.
La Comisión Europea tiene acuerdos de cooperación con cuatro de los mayores productores de tabaco del mundo para abordar este tipo de comercio ilegal. La OLAF también ha reforzando su cooperación con las autoridades nacionales para acabar con una industria ilícita que cuesta unos 10.000 millones de euros anuales a los contribuyentes europeos e inunda el mercado con bienes que no están sometidos a ningún tipo de control y son de peor calidad.
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