La medida, promulgada por Obama el pasado marzo tras meses de reñida pelea en el Congreso, se encuentra bajo revisión en un tribunal federal en Richmond (Virginia). El juez de esa corte, Henry E. Hudson, ha prometido que decidirá "para finales de año" sobre la constitucionalidad de la cláusula de la ley que exige que todos los estadounidenses tengan seguro médico, la cual no entrará en vigor hasta 2014.
La Administración de Obama confía en la constitucionalidad de esa cláusula, según el diario, aunque algunos de sus funcionarios reconocen que el juez ha mostrado un "escepticismo" en sus comentarios que hace presagiar un posible mandato contra la ley.
Tras las elecciones legislativas del pasado 2 de noviembre , la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes ha convertido el rechazo a la reforma de salud en uno de los primeros objetivos en su agenda, con una estrategia que se enfocará previsiblemente en cortar el flujo de fondos para la medida.
La posibilidad de que triunfen las demandas contra la ley que los republicanos han presentado en docenas de cortes federales de todo el país añadiría una traba inmediata a la medida, al frustrar los pasos que están tomando para cumplirla los hospitales, aseguradoras y agencias federales, según The New York Times.
"Cualquier mandato contra la ley crearía un nuevo problema de relaciones públicas para los demócratas, que tendrían que volver a vender los beneficios de la ley a los estadounidenses que ya están asegurados", ha dicho al diario neoyorquino Jonathan Oberlander, un experto en política de la Universidad de Carolina del Norte.
Hasta ahora, solo ha habido un veredicto en los procesos que analizan la ley en todo el país: el de un juez federal de Michigan que la respaldó. No obstante, el juez federal de Florida Roger Vinson dio luz verde en octubre a una demanda conjunta de 20 estados, que presentan argumentos similares a los que analiza Hudson, en un caso para el que ya hay fijada una vista preliminar el 16 de diciembre.
En cambio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó a principios de este mes aceptar a trámite una demanda sobre la constitucionalidad de la ley, dado que el caso aún no ha sido litigado en tribunales inferiores.
Los demandantes en estos casos se amparan en la idea de que el Gobierno no puede exigir a sus ciudadanos que compren un producto comercial, como es el caso de un seguro de salud. Dado que la Constitución autoriza al Congreso a regular "las actividades que afecten el comercio entre estados", los tribunales deberán evaluar si la ausencia de un seguro médico puede calificarse como una "actividad".
La ley obliga también a las empresas que contraten a más de 50 trabajadores a suministrarles cobertura médica o pagar multas de 2.000 dólares por empleado, en el caso de que alguno de ellos reciba seguros subsidiados por el gobierno federal.
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