Hasta 200 demandas han llegado a los juzgados de lo Social en los últimos tres meses, interpuestas por otros tantos transportistas autónomos despedidos de empresas de paquetería urgente. La oleada de destituciones es la respuesta patronal al decreto 197/2009 de 23 de febrero, que garantiza unas condiciones laborales mínimas a los Trade (Trabajadores Autónomos Dependientes Económicamente).
Así, la norma les reconoce el derecho a vacaciones, a ser indemnizados si se les rescinde el contrato o a acudir a los juzgados de lo Social para dirimir conflictos. También obliga a las empresas a firmar con ellos contratos por escrito: la relación laboral del 90% de ellos se basa en un mero acuerdo verbal, denuncia la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
Según dicha asociación, la empresa líder del sector, Seur, despidió a una treintena de Trade sólo en abril, un ejemplo que ha sido seguido por el resto de sus competidoras, MRW, Ochoa o DHL.
UPTA asegura que estos trabajadores son destituidos en cuanto comunican a la empresa su intención de inscribirse como Tradeen el correspondiente registro abierto en el Ministerio de Trabajo. Ya hay 300.000 trabajadores apuntados –el 10% del colectivo–, de los que casi 65.000 se dedican al transporte ligero.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que agrupa a 32.000 pequeñas y medianas empresas del sector, denuncia que los operadores no sólo están despidiendo a los Trade que quieren acogerse al decreto, sino que, además, lespresionan para que desistan de hacerlo: obligándoles a contratar asalariados o bien a convertirse en sociedades mercantiles, cooperativas o intermediarios, asegura Desiré Paseiro, asesora jurídica que lleva algunas de las demandas por despido.
El problema con que se están encontrando los Trade cuando acuden a los Juzgados de lo Social, tal y como les permite el nuevo decreto, es que en la mayoría de los casos sus titulares se declaran incompetentes para resolver los casos. Es decir, se está dando la paradoja de que una norma elaborada para proteger a estos autónomos se ha convertido, cuanto menos, en un arma contra ellos. Eduardo Abad Sabarís, coordinador de la Mesa Nacional del Transporte de UPTA, admite que la decisión de prescindir del autónomo no es ilegal, pero sí constituye un "uso torticero de la ley". Desiré Paseiro concluye que la norma es sencillamente "inoperativa".
Se da la circunstancia de que el Gobierno estudia aprobar una norma en la que pretende que sean precisamente los Juzgados de los Social quienes asuman en exclusiva los asuntos relativos al mundo laboral.
Las empresas desmienten los hechos
Por su parte, la patronal del sector, la Asociación Española de Carga Fraccionada (AECAF), dice que no tiene "nada en contra" de los Trade, pese a tratarse de una figura "que tampoco el sector solicitó".
Tanto AECAF como la propia Seur niegan que estén despidiendo a los autónomos que se registran como Trade y justifican las rescisiones de contrato por la crisis económica y la consiguiente bajada de la productividad. Santiago Mallo, de AECAF, señala que sólo se han dado de alta como Trade 400 trabajadores, de una plantilla total de 47.000 empleados en sus 316 empresas asociadas, y rechaza la existencia de un "conflicto".
Un Trade es un autónomo –es decir, siempre una persona física, no una sociedad– cuya facturación depende al menos en un 75% de la misma empresa, no cuenta con trabajadores a su cargo ni contrata o subcontrata parte de su actividad y, en el sector del transporte, presta sus servicios con un vehículo de su propiedad, de más de dos toneladas y con la tarjeta de transporte a su nombre. Así funcionan la mayoría de los repartidores de las empresas de paquetería urgente, por ejemplo. Se hacen cargo del mantenimiento y combustible de la furgoneta, que deben rotular con la marca de la empresa en cuestión, y trabajan siempre de acuerdo con sus protocolos y reglamentos.
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