La Generalitat de Cataluña debe fijar en medio año la compensación económica a los afectados por la prohibición de las corridas de torosa partir de 2012, por lo que el anuncio debería producirse en febrero de 2011, semanas antes del inicio de la última temporada taurina en Barcelona.
Según se desprende de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la modificación de la ley catalana de protección de los animales para prohibir las corridas en la comunidad, el Gobierno catalán debe fijar las indemnizaciones a los titulares de derechos subjetivos en el plazo de seis meses y "mediante el correspondiente procedimiento administrativo, con audiencia a los interesados".
El documento es la traducción literal de la publicación que ya hizo el 6 de agosto el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), y como establece el Estatut está sancionada por el presidente José Montilla tres días antes en nombre del Rey.
Según un estudio económico difundido por la Plataforma para la Promoción y Difusión de la Fiesta de los Toros, la prohibición acarreará una indemnización de más de 300 millones de euros que deberá pagar la Generalitat a los promotores de este tipo de festejos.
La modificación de la ley de protección de animales aprobada el 28 de julio por la mayoría absoluta de los diputados catalanes señala asimismo que los efectos económicos de la prohibición "se trasladan al presupuesto del ejercicio siguiente al de la fecha de su aprobación o bien al que se derive del expediente indemnizatorio tramitado a tal efecto".
En la justificación de la abolición de las corridas taurinas, el texto recuerda que ya en 1988 Cataluña adoptó una de las legislaciones más proteccionistas de su entorno en cuanto a la protección de los animales, y que desde entonces ya se había prohibido la entrada a las plazas a menores de 14 años y la construcción de nuevos cosos taurinos, entre otras medidas.
Además, se asegura que este tipo de espectáculos "objetivamente implican un maltrato al animal" que le provoca "dolor, padecimiento y, por último, la muerte", puesto que los toros son animales mamíferos con un sistema nervioso "muy próximo al de la especie humana".
Finalmente, el preámbulo justifica también que la afición taurina ha sufridoun "fuerte descenso" en Cataluña durante los últimos años y que esta tradición provoca "rechazo" entre "muchas" de las personas que visitan el país, por lo que la definitiva prohibición es el resultado de que la consideración de que el toro es un ser vivo capaz de sufrir "ha arraigado en el sentimiento de la sociedad catalana".
El blindaje de los 'correbous'
El articulado de la nueva ley de protección de los animales, que modifica la ya aprobada en 2008, blinda de forma específica la celebración de los tradicionales 'correbous' en municipios del sur de Tarragona, donde se celebran más de 200 espectáculos de este tipo, especialmente en fechas veraniegas.
El Parlamento catalán acordó así excluir de la prohibición de los festejos taurinos "las fiestas con toros sin muerte del animal en las fechas y localidades donde tradicionalmente se celebran", y especificó que en estos casos "está prohibido inferir daño a los animales".
Actualmente se celebran fiestas con toros en 24 municipios y dos Entidades Municipales de las Terres de l'Ebre, donde hay 33 comisiones de toros, 24 peñas taurinas y seis peñas de emboladores. Estos colectivos representan más de 5.000 personas.
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