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viernes, 21 de mayo de 2010

Cárcel para un guardia urbano por falsificar multas contra enemigos

La Sección Primera de la Audiencia de Lleida ha condenado a Ramon Ribert, de 47 años, a cuatro años y medio de prisión y multa de 5.460 euros por un delito de falsedad documental. El tribunal considera que el condenado utilizó su cargo como agente de la Guardia Urbana de Lleida en el 2007 para multar a varios vecinos de Alguaire, localidad en la que residía, y con los que tenía enemistad. En concreto el ex policía dejó el cuerpo cuando le diagnosticaron una baja permanente por enfermedad, cursó varias denuncias por infracciones de tráfico como por ejemplo no llevar el cinturón o utilizar el teléfono móvil. Estas sanciones las puso cuando estaba fuera de servicio. El tribunal también pide al Gobierno que indulte al condenado ya que carece de antecedentes penales.

La sentencia destaca que el 8 de septiembre de 2007, el condenado denunció en dos ocasiones a un vehículo propiedad de un vecino suyo en Alguaire con el que tenía un enfrentamiento que había acabado en el juzgado. Un mes después, el agente volvió a denunciar a un coche del mismo vecino, por estas razones: "De forma negligente con riesgo relevante, el conductor hablaba por un teléfono móvil y en un paso de peatones casi atropella a uno". El 9 de octubre, el condenado cursó dos denuncias contra otro vehículo, por incorporarse a la vía con "riesgo relevante para los otros usuarios" y hablar por el móvil, que era propiedad de otro vecino suyo.

El 16 de octubre volvió a extender dos denuncias contra un coche por saltarse un semáforo en rojo y no respetar un paso de zebra, y se multó a la propietaria del vehículo, también vecina de Alguaire. Ésta demostró que cuando se la multó el coche estaba en el taller mecánico. En este sentido, la última sanción falsa del condenado, del 17 de octubre de 2007, también la puso a un vehículo, propiedad de otra vecina de la localidad donde residia el agente, que también se estaba reparando en esas mismas fechas. Precisamente, el tribunal destaca la falsedad de las sanciones impuestas por el policía a partir de la constatación que estos últimos vehículos multados estaban en un taller cuando, supuestamente, el condenado vio que comentían una infracción de tráfico.

Un informe de la Guardia Civil, que investigó el caso, destaca que entre septiembre y octubre de 2007, el agente interpuso 14 denuncias, todas cuando estaba fuera de servicio, y 11 contra vecinos de Alguaire. El tribunal también destaca que en ninguna de estas sanciones el condenado paró al conductor, todas se pusieron en una zona muy concreta de Lleida, que correspondían a personas que eran vecinos suyos en Alguaire, y que, en algún caso, mantenía una "discrepancia personal". La fiscalía pedía cinco años de prisión.

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