En el Gobierno se mantienen las alertas a la espera inminente de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña.
Ni el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ni la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, cogerán vacaciones estas Navidades. El primero argumenta que viajará mañana lunes a Chipre en la ronda de contactos que está manteniendo con todos los líderes europeos antes de asumir el próximo día 1 la Presidencia semestral de la UE, y que además debe ultimar los preparativos con vistas a una primera mitad de año marcada por las reuniones internacionales en las que deberá ejercer de anfitrión. La segunda, asegura que con tres cooperantes secuestrados a manos de una facción de Al Qaeda no es el momento para alejarse del despacho.
Sea como fuere, y añadido a estos trabajos, planea la sombra de un pronunciamiento en breve del Constitucional sobre una ley que tiene el carácter de orgánica, que lleva ya tres años en aplicación, que sienta precedente para las aspiraciones de otras autonomías y que cuenta con el aval de las Cortes Generales y de un referéndum.
Zapatero ha llegado a barajar, utilizando un tono irónico, la fecha del 29 de diciembre como la elegida por el alto tribunal para dictar una sentencia que, sin lugar a dudas, traerá polémica. De la Vega apuesta más por la primera quincena de enero. En cualquier caso, los dos están convencidos de que el pronunciamiento de los magistrados está al caer.
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