La fiscal Mirtha Guianze solicitó la condena a 25 años de prisión del ex dictador Gregorio "Goyo" Alvarez, como coautor responsable de delito de "desaparición forzada" de 37 militantes de izquierda, en el marco de la causa por la cual se indagan los traslados clandestinos de 1978.
"En la especie no cabe duda, a mi juicio, que la actuación de los efectivos militares intervinientes, así como la de sus mandos naturales, se dio en el marco de un designio marcado de antemano. La distribución de roles, más allá de obvias diferencias derivadas de la jerarquía del cargo y de las órdenes superiores, estuvo sujeta a las necesidades de los operativos", señala la fiscal.
Gregorio Alvarez "era comandante en jefe del Ejército y se manejaba en las más altas esferas de decisión. La imposición del máximo está plenamente justificada. Su actuación se pondera en un contexto en el que este tipo de actividades se realizaban dentro de un plan sistemático de represión, llevado a cabo durante la última dictadura militar, en un Estado terrorista, para el que las garantías individuales y el propio destino final de las personas quedaban libradas al exclusivo arbitrio de quienes manejaban el aparato de poder", dice.
El ex dictador "estaba informado, hay constancia de que se le remitían copias de todos los partes y él mismo emitió la conocida resolución Nº 7777/78, en la que asumió explícitamente responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que se hubieran registrado", expresa Guianze.
La responsabilidad de Alvarez se funda entonces en el criterio de "ejecución conjunta", en cuanto "tiene que ver con el designio superior de los mandos, la cooperación institucional, mientras se ejecutaban los hechos ilícitos y la cobertura que se aseguraba previamente, a la sombra de la cual operaban los ejecutores inmediatos", indica Guianze.
El dictamen de la fiscal Guianze solicita, además, la condena a 22 años de prisión del marino Juan Carlos Larcebeau, bajo la misma imputación, pero por 31 personas. La pena sobre el marino es menor, por cuanto "difiere" su situación "por su inferior ubicación jerárquica".
En este sentido, el marino "ejecutó actos consumativos de los delitos en muchas oportunidades; fue visto en Uruguay en el local del Fusna como tenaz interrogador y torturador, viajaba habitualmente a Argentina y se desempeñaba en los lugares de reclusión de ambos países en cumplimiento de esos designios trazados", expresa la fiscal.
Hechos probados
La fiscal Guianze considera "plena y legalmente probado que, entre los meses de junio de 1977 y mayo de 1978", 35 ciudadanos uruguayos fueron "violentamente secuestrados (en Buenos Aires) por fuerzas represivas compuestas por efectivos uruguayos y argentinos" y "sometidos a tormentos y tratos inhumanos degradantes".
"Los interrogatorios a los presos se hicieron sistemáticamente bajo tortura, con un plan estructurado dirigido a quebrarlos física y moralmente en el menor lapso posible".
"Posteriormente, algunos de ellos fueron trasladados clandestinamente a nuestro país, o a otros sitios, con rumbo desconocido, ignorándose hasta el presente cual fue su destino final", expresa el dictamen de Guianze.
Asimismo la Fiscalía incluye dentro del pedido de condena la desaparición de dos ciudadanos argentinos secuestrados en Montevideo "por un grupo de hombres armados" y trasladados "clandestinamente a Argentina, seguramente por lancha".
El dictamen de la Fiscalía, por tanto, corrobora la estrecha vinculación entre los aparatos represivos de Argentina y Uruguay, con la participación de oficiales uruguayos en la otra orilla y la llegada a Uruguay de oficiales argentinos, "incluso del propio almirante Emilio Massera".
"La globalidad del operativo se extrae no sólo de las coincidencias en fechas, sino de la actuación conjunta y combinada de argentinos y uruguayos, buscando detener a personas vinculadas entre sí por razones de militancia, sin perjuicio de que se hayan llevado y luego desaparecido también a familiares de aquellos que ocasionalmente se encontraban en el lugar", dice Guianze.
En este sentido, el ex dictador fue acusado como "coautor responsable de la desaparición forzada" de José Enrique Michelena, Graciela De Gouveia, Daniel Alfaro, Luis Fernando Martínez, Alberto Corchs Laviña, Elena Lerena, Edmundo Sabino Dossetti, Ileana García, Alfredo Bosco, Julio César D'Elía, Yolanda Cusco, Raúl Borrelli, Guillermo Sobrino, María Antonia Castro, José Mario Martínez, Gustavo Goycochea, Graciela Basualdo, Gustavo Arce, Raúl Gambaro, Atalivas Castillo, Miguel Angel Río Casas, Eduardo Gallo, Aída Celia Sanz, Elsa Fernández, María Asunción Artigas, Alfredo Moyano, Juvelino Carneiro Da Fontoura, Carolina Barrientos, Carlos Cabezudo, Célica Gómez, Ary Severo Barreto, Beatriz Alicia Anglet De León, Jorge Hugo Martínez Horminoguez, Carlos Baldomiro Severo Barreto, Marta Severo Barreto, Claudio Logares y Mónica Grispón de Logares.
"En la especie no cabe duda, a mi juicio, que la actuación de los efectivos militares intervinientes, así como la de sus mandos naturales, se dio en el marco de un designio marcado de antemano. La distribución de roles, más allá de obvias diferencias derivadas de la jerarquía del cargo y de las órdenes superiores, estuvo sujeta a las necesidades de los operativos", señala la fiscal.
Gregorio Alvarez "era comandante en jefe del Ejército y se manejaba en las más altas esferas de decisión. La imposición del máximo está plenamente justificada. Su actuación se pondera en un contexto en el que este tipo de actividades se realizaban dentro de un plan sistemático de represión, llevado a cabo durante la última dictadura militar, en un Estado terrorista, para el que las garantías individuales y el propio destino final de las personas quedaban libradas al exclusivo arbitrio de quienes manejaban el aparato de poder", dice.
El ex dictador "estaba informado, hay constancia de que se le remitían copias de todos los partes y él mismo emitió la conocida resolución Nº 7777/78, en la que asumió explícitamente responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que se hubieran registrado", expresa Guianze.
La responsabilidad de Alvarez se funda entonces en el criterio de "ejecución conjunta", en cuanto "tiene que ver con el designio superior de los mandos, la cooperación institucional, mientras se ejecutaban los hechos ilícitos y la cobertura que se aseguraba previamente, a la sombra de la cual operaban los ejecutores inmediatos", indica Guianze.
El dictamen de la fiscal Guianze solicita, además, la condena a 22 años de prisión del marino Juan Carlos Larcebeau, bajo la misma imputación, pero por 31 personas. La pena sobre el marino es menor, por cuanto "difiere" su situación "por su inferior ubicación jerárquica".
En este sentido, el marino "ejecutó actos consumativos de los delitos en muchas oportunidades; fue visto en Uruguay en el local del Fusna como tenaz interrogador y torturador, viajaba habitualmente a Argentina y se desempeñaba en los lugares de reclusión de ambos países en cumplimiento de esos designios trazados", expresa la fiscal.
Hechos probados
La fiscal Guianze considera "plena y legalmente probado que, entre los meses de junio de 1977 y mayo de 1978", 35 ciudadanos uruguayos fueron "violentamente secuestrados (en Buenos Aires) por fuerzas represivas compuestas por efectivos uruguayos y argentinos" y "sometidos a tormentos y tratos inhumanos degradantes".
"Los interrogatorios a los presos se hicieron sistemáticamente bajo tortura, con un plan estructurado dirigido a quebrarlos física y moralmente en el menor lapso posible".
"Posteriormente, algunos de ellos fueron trasladados clandestinamente a nuestro país, o a otros sitios, con rumbo desconocido, ignorándose hasta el presente cual fue su destino final", expresa el dictamen de Guianze.
Asimismo la Fiscalía incluye dentro del pedido de condena la desaparición de dos ciudadanos argentinos secuestrados en Montevideo "por un grupo de hombres armados" y trasladados "clandestinamente a Argentina, seguramente por lancha".
El dictamen de la Fiscalía, por tanto, corrobora la estrecha vinculación entre los aparatos represivos de Argentina y Uruguay, con la participación de oficiales uruguayos en la otra orilla y la llegada a Uruguay de oficiales argentinos, "incluso del propio almirante Emilio Massera".
"La globalidad del operativo se extrae no sólo de las coincidencias en fechas, sino de la actuación conjunta y combinada de argentinos y uruguayos, buscando detener a personas vinculadas entre sí por razones de militancia, sin perjuicio de que se hayan llevado y luego desaparecido también a familiares de aquellos que ocasionalmente se encontraban en el lugar", dice Guianze.
En este sentido, el ex dictador fue acusado como "coautor responsable de la desaparición forzada" de José Enrique Michelena, Graciela De Gouveia, Daniel Alfaro, Luis Fernando Martínez, Alberto Corchs Laviña, Elena Lerena, Edmundo Sabino Dossetti, Ileana García, Alfredo Bosco, Julio César D'Elía, Yolanda Cusco, Raúl Borrelli, Guillermo Sobrino, María Antonia Castro, José Mario Martínez, Gustavo Goycochea, Graciela Basualdo, Gustavo Arce, Raúl Gambaro, Atalivas Castillo, Miguel Angel Río Casas, Eduardo Gallo, Aída Celia Sanz, Elsa Fernández, María Asunción Artigas, Alfredo Moyano, Juvelino Carneiro Da Fontoura, Carolina Barrientos, Carlos Cabezudo, Célica Gómez, Ary Severo Barreto, Beatriz Alicia Anglet De León, Jorge Hugo Martínez Horminoguez, Carlos Baldomiro Severo Barreto, Marta Severo Barreto, Claudio Logares y Mónica Grispón de Logares.
LA REPUBLICA
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