El porcentaje de descarte rondó el 9%; no obstante quedaron sin cotejar más de 50 mil adhesiones (sobrantes) por haberse alcanzado el 10% del padrón electoral establecido el día que fueron entregadas las 340.043 papeletas.
Si bien las autoridades electorales estimaban que el proceso de verificación de las firmas presentadas por la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad estaría culminando en los primeros días de julio. El trabajo intenso realizado por los funcionarios durante los días sábados, y varios domingos, llevó a que finalmente ayer, a las 16.35 horas se alcanzaran el número requerido para habilitar la consulta popular: 258.326 firmas válidas. Los ministros de la Corte Electoral consideraron conveniente intensificar la tarea de cotejo de las firmas, a fin de concluir con este proceso a fin de destinar el personal para lo que será la organización de las próximas elecciones Primarias del 28 de junio.
En los días 24 y 25 de abril, fueron entregadas a la Asamblea General las 340.043 papeletas con las firmas. El lunes 27 de ese mes, llegaron a la sede de la Corte Electoral donde se acondicionó una oficina con un dispositivo de seguridad especial para el depósito de las cajas que contenían dichas papeletas.
Ya en esa misma semana, la Oficina Nacional Electoral comenzó con la numeración de las papeletas, que incluyó una polémica falta de coincidencia entre el número de papeletas presentadas por los promotores de la anulación de la ley y las contabilizadas por los funcionarios electorales.
Esta situación motivó el pedido de veedores en este proceso por parte de la Comisión Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad; solicitud que fue rechazada por la mayoría de los ministros de la Corte Electoral, por entender que no era de recibo dicho pedido.
En este proceso también intervino el Parlamento Nacional, que sugirió a las autoridades electorales recurrir al registro dactiloscópico para la verificación de firmas dudosas. El Frente Amplio presentó en el Senado un proyecto para dotar de mayores garantías los procesos de control de firmas en caso de iniciativas populares. La iniciativa no prosperó por la negativa de la oposición y el cuestionamiento de algunos miembros de la Corte Electoral que entendieron tal propuesta como una intromisión a la función que desarrolla dicho organismo.
Si bien los porcentajes de descarte de papeletas, por datos proporcionados por el organismo electoral, se ubicaron en un principio en el 5% y luego se elevó al 9%, no provocaba ningún tipo de riesgo para que no alcanzaran las firmas validadas, si los guarismos se mantenían en ese promedio.
Primero se hizo la tarea de numeración de las papeletas; luego se pasó al ingreso informático (digitación) y el cotejo de firmas propiamente dicho comenzó el pasado 20 de mayo. En este proceso, la Corte Electoral destinó unos 150 funcionarios, en que parejas integradas por representantes de dos partidos políticos, fueron validando y descartando las papeletas. Hubo un aumento en el número de horas trabajadas por día, e incluso se desarrolló la tarea los días sábados, y durante el mes de junio también lo hicieron los domingos.
En el trabajo de cotejo, se controlaban unas 5.000 firmas diarias durante los primeros jornadas; extendiéndose a 12 mil a fines de mayo y a 20 mil rúbricas diarias en los últimos tres días.
La premura para terminar con la validación de firmas se debía principalmente a que los datos de cotejos utilizados provenían de los cuadernos electorales, los que deben ser utilizados para las elecciones internas del 28 de junio.
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