La contestación a la séptima ley educativa de la democracia cambia de escenario: tras la calle, las aulas y el Parlamento, la batalla contra la ley Wert llega al terreno judicial. El Tribunal Constitucional va a recibir esta semana —el 10 de marzo acaba el plazo para impugnar la LOMCE, tres meses después de su publicación— los recursos de inconstitucionalidad de cinco autonomías —Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias— y del PSOE. Una catarata de recursos —aunque no es la primera vez que las leyes de Educación acaban en el Constitucional— que auguran una conflictividad judicial larga: varias comunidades han avanzado también su intención de llevar al alto tribunal no solo la ley, sino todos sus decretos de desarrollo.
El Constitucional tendrá sobre la mesa en los próximos días numerosos argumentos contra la reforma. Solo el escrito del PSOE, elaborado por un grupo de juristas encabezados por el catedrático de Derecho Constitucional Gregorio Cámara, ocupa más de 70 páginas; y Cataluña, por ejemplo, presentará dos recursos diferentes, uno de la Generalitat y otro del Parlamento.
“Vamos al Constitucional todos los que podemos hacerlo sin sonrojarnos, estoy seguro de que a alguna comunidad del PP también le habría gustado...”, opina Mario Bedera, portavoz de Educación de los socialistas en el Congreso. “No nos han dejado otro camino”, añade la consejera de Educación de Asturias, Ana González, que cree que la avalancha de impugnaciones “revela la falta de diálogo” del Gobierno.
El catedrático de Derecho Constitucional Rafael Bustos ve también un problema de fondo. “La materia educativa es la que más ha generado problemas desde que entró en vigor la Constitución, está claro que el consenso del año 78 no ha funcionado”, sostiene, y apunta: “El modelo educativo no está asentado desde el punto de vista constitucional”.
En caso de que admita a trámite los recursos —que no suspenderían la aplicación de la ley, por ser una norma estatal—, el Constitucional tendría que pronunciarse sobre asuntos tan espinosos como la segregación de alumnos por sexo, la presencia del castellano en Cataluña o la asignatura de Religión.
» El concierto con los colegios que separan por sexo. El blindaje de la LOMCE a la enseñanza diferenciada por sexos es el punto que más ocupa en el recurso que presentará el PSOE, al que ha tenido acceso a este periódico. Los socialistas argumentan que supone una discriminación por razón de género que vulnera el artículo 14 de la Constitución (la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación), y que es “señalada como favorecedora de estereotipos sexistas por un sector importante de especialistas en la materia”. Además, entienden que el concierto con estos centros supone “poner el gasto público al servicio de modelos educativos que, al separar a los niños por razón de género, hacen renunciar a la convivencia democrática entre ellos”. Varias comunidades recurren también este punto; no así Cataluña, porque CiU evitó que prosperara la petición de ERC y PSC. Algunas autonomías se resistirán a aplicarlo. “No tengo ninguna razón para concertar con estos centros, ya tengo la demanda satisfecha con la red actual”, afirma la consejera asturiana, a la que dos colegios han llevado a los tribunales por retirar el concierto.
» El castellano. Cataluña batallará contra el artículo que le obliga a pagar la escolarización en escuelas privadas cuando no exista una oferta de castellano en la pública. Fuentes del Gobierno catalán señalan que su recurso estará muy inspirado en el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que lo consideró ilegal porque vulnera la “autonomía financiera” de la Generalitat, al decidir “discrecionalmente” sobre la necesidad de un gasto de escolarización “que corresponde adoptar a la Administración educativa catalana”. El Constitucional, en la sentencia del Estatut, estableció que el castellano tenía que ser también lengua vehicular.
» La religión y su nueva alternativa. La LOMCE elimina Educación para la Ciudadanía y recupera una alternativa a Religión. Dice el recurso del PSOE: “Colocar la enseñanza de religión al mismo nivel que la moral común, que comprende el núcleo compartido de los principios constitucionales que rigen la convivencia, entraña cuanto menos una valoración positiva de las doctrinas religiosas que pone en peligro la neutralidad”. Además, entiende que los alumnos que cursen religión no recibirán las enseñanzas de valores constitucionales y serán, por tanto, discriminados.
» Vulneración de competencias. Todas las autonomías recurren la ley por invasión de competencias. Las comunidades rechazan que se las excluya de la elaboración de los currículos (el Gobierno se ha reservado toda actuación sobre las troncales y otras facultades sobre el resto) y en las nuevas evaluaciones al final de etapa (reválidas en la ESO y el bachillerato). “Son currículos descontextualizados de la realidad, porque no recogen las singularidades autonómicas”, se queja la responsable de Educación asturiana. “Es una ley injustificadamente homogeneizadora”, dijo el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, en el anuncio del recurso. El catedrático de Derecho Constitucional Rafael Bustos cree que las comunidades lo tendrán más difícil en este punto: “El tribunal tiende a sobrevalorar lo que son competencias básicas del Estado, es complicado que aprecie vulneración de competencias si no lo ve muy claro”.
» Itinerarios y selección del alumnado por su rendimiento. Otros aspectos que llegarán al alto tribunal son los itinerarios (que los estudiantes empezarán a elegir algunas asignaturas optativas dirigidas hacia la FP o el bachillerato en 3º de ESO), ya que “impiden la progresión en equidad”, según el PSOE; la participación de la comunidad educativa con la nueva norma, que queda “mermada y devaluada”, y la selección de los estudiantes por sus notas (el expediente de los alumnos podrá contar para su admisión en bachillerato), algo que “ataca al principio de igualdad”.
El intrincado camino de la LOMCE
- Aprobada en solitario. El 28 de noviembre de 2013 la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se aprueba en el Congreso solo con los votos del PP. Ningún otro grupo de la Cámara vota a favor (UPN se abstiene y los demás la rechazan). A la aprobación de la norma le habían precedido varias huelgas generales educativas y movilizaciones, y le sucederían nuevas mareas verdes masivas más.
- Revés del Consejo de Estado. El camino al Congreso tampoco estuvo exento de problemas. Además de las protestas de la comunidad educativa, los consejeros del PP se rebelaron contra la reforma y el Consejo de Estado planteó una gran enmienda sobre muchos puntos de la norma. Reclamó un “acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales” y pidió mantener Educación para la Ciudadanía.
- El problema de la aplicación. Con la ley ya aprobada, las comunidades no gobernadas por el PP se plantan y avisan de que no hay tiempo para aplicar la norma; al final serán las del PP las que obligan a José Ignacio Wert a ceder y retrasar el calendario de puesta en marcha de la ley, así como a ampliar el presupuesto.
- Críticas. Todos los grupos de la oposición en el Congreso (salvo UPyD y Foro) registran una proposición en la que instan al Gobierno a derogar la LOMCE. Son los mismos grupos que se comprometieron por escrito a derogarla en cuanto no gobierne el PP.
- Judicialización. Cinco comunidades —Cataluña (CiU), Andalucía (PSOE), País Vasco (PNV), Asturias (PSOE) y Canarias (CC-PSOE)— y el PSOE presentan recursos de inconstitucionalidad.
- Nuevas protestas en el horizonte. El sindicato de estudiantes convoca una huelga de 48 horas los próximos 26 y 27 de marzo.
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