La ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, que el Partido Popular quiere dejar aprobada este mes suscita -pese a las sucesivas modificaciones para suavizarla- un rechazo muy mayoritario de los españoles, según una encuesta realizada por Metroscopia para la ONG Avaaz.org. El sondeo, que ha preguntado a 600 personas, concluye que el 82% de los consultados cree que el texto debería ser modificado (un 42%) o directamente retirado (40%) en lugar de aprobarse en el Congreso de los Diputados. Solo el 7% considera que la futura norma debería quedarse tal y como está. Incluso entre los que se definen como votantes del Partido Popular, son mayoría (un 46%) los que responden que el texto debe cambiarse antes de que la ley sea promulgada. Un 86% de los encuestados sostiene que una legislación de ese calado debería contar con el apoyo de todos los partidos.
Al bajar a los detalles, la oposición a los planes del Ministerio del Interior se mantiene. Solo el 28% aprueba que negarse a mostrar el DNI a los agentes de los cuerpos de Seguridad o grabar imágenes de policías antidisturbios golpeando a un manifestante pueda constituir una amenaza para la seguridad ciudadana, tal y como establece el proyecto de ley. Y un 79% considera excesivas las multas de hasta 30.000 euros que prevé la norma por este tipo de comportamientos.
Tres de cada cuatro encuestados (el 67% están de acuerdo en que el catálogo de sanciones es en realidad una forma de limitar el derecho de expresión de los ciudadanos. El 71% defiende que el proyecto de ley no pretende tanto reforzar la ley de seguridad ciudadana como proteger al Gobierno de manifestaciones o protestas ciudadanas que pudieran dañar su imagen ahora que se acercan las elecciones. La mitad de los encuestados está totalmente de acuerdo con esta afirmación, y un 21% cree que más bien es así lo que pretende el Ejecutivo.
Toda la oposición política constituyó el pasado mes de noviembre un frente para evitar la tramitación exprés de la norma en el Congreso y pedir más tiempo para el debate. La ley de seguridad ha sidocuestionada también por diferentes ONG como Amnistía Internacional o Greenpeace que acusan al Gobierno de intentar pacificar las calles y acabar con las manifestaciones, como las mareas, que se han repetido en los últimos meses.
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