Europa ha dejado atrás los años de bonanza en los que la inmigraciónsuponía mano de obra cualificada —más barata que la autóctona— y una inyección de dinero para los sistemas de pensiones. La crisis ha dilapidado el debate sereno y los populismos han aprovechado el vacío de la política tradicional para sembrar sus propias ideas. Frente a la indefinición de las corrientes mayoritarias, eurófobos, xenófobos y otras formaciones extremas construyen un discurso simple y fácil de digerir: la inmigración es excesiva y amenaza el bienestar europeo.
Aunque la mayor parte de las afirmaciones están basadas en mitos,los populistas consiguen inocular su discurso por la escasa resistencia que oponen sus contrincantes. Los grandes partidos carecen de estrategias sólidas sobre inmigración y, aun más grave, tampoco los Gobiernos las tienen. Esa falta de ambición, unida a una Comisión Europea más tibia de lo que debería, impide forjar la única solución válida para gestionar los flujos migratorios: una política común europea.
“Italia está gastando más que Frontex [la agencia europea de supervisión de fronteras] en vigilar las costas. Es insostenible”, se quejaba recientemente una alta fuente italiana. Movida por la intensa presión migratoria que soporta en los últimos meses, Roma está liderando una corriente de países sureños en el Consejo Europeo que pide más recursos para contener estos flujos. Porque las fronteras, españolas, italianas o griegas, son, por encima de todo, fronteras comunitarias.
Bruselas aboga por potenciar las vías legales —y acotadas—, de forma que los extranjeros tengan menos estímulos para lanzarse al mar y ensayen la vía ordinaria
A este clamor, Alemania, Suecia, Bélgica y otros países del norte y del centro de Europa responden con su propia experiencia. Es cierto que la mayor parte de quienes entran ilegalmente por las costas lo hace por el sur, pero también lo es que los demandantes de asilo (lo solicita la mayoría de quienes llegan en esas circunstancias) se concentran en esos países del norte. Por tomar el caso de los sirios, la comunidad que más se juega la vida ahora al cruzar la frontera, más de dos tercios de las solicitudes de refugiados que presentaron el año pasado fueron en Suecia, Alemania y Bulgaria.
Para hacer estos procesos más homogéneos, la Unión Europea aprobó el año pasado una nueva regulación que obliga a quienes llegan a un territorio a que pidan asilo allí mismo, aunque luego puedan ser desplazados a otros países. Pero los potenciales refugiados prefieren dirigirse allí donde las condiciones son más favorables —y los países que los reciben en primera instancia no les ponen demasiadas dificultades para mudarse a otro territorio. Así es que, cuando en el seno del Consejo Europeo el grupo del norte habla del proceso de asilo y el del sur de las entradas ilegales, el diálogo real apenas llega a producirse.
La Comisión Europea, a la que corresponde el derecho de iniciativa en la política comunitaria, tiene una visión opuesta a la de los Estados miembros. El Ejecutivo comunitario considera que, pese a las estrecheces de hoy, Europa necesitará más inmigrantes a medio y largo plazo y que hacen falta políticas para propiciar esos flujos. Más allá de ese marco general, si se quieren contener las llegadas irregulares, Bruselas aboga por potenciar las vías legales —y acotadas—, de forma que los extranjeros tengan menos estímulos para lanzarse al mar y ensayen la vía ordinaria.
La comisaria europea de Interior, la sueca Cecilia Malmström, aboga por empaquetar esas fórmulas legales en un acuerdo más amplio con los países de los que vienen los inmigrantes. El objetivo es que esos terceros Estados controlen mejor sus fronteras y, en el caso de cruces a Europa, que acepten devoluciones. Es lo que se ha hecho con Marruecos y recientemente con Túnez.
Las sugerencias de explorar el marco legal espantan a los Estados miembros, que consideran la inmigración un tabú. Y la Comisión prefiere no enfrentarse a ellos. Con todos estos elementos sobre la mesa, los jefes de Estado y de Gobierno abordarán el desafío migratorio en su próxima reunión de junio, un mes después de las elecciones. Los gobernantes han evitado tener que definirse antes del 25 de mayo y preparan medidas —poco ambiciosas— para el próximo mes.
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