La tensión entre el Ministerio de Industria y las cadenas privadas de televisión va en aumento. El cierre de nueve canales de TDT, ordenado por el Gobierno en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, ha desatado un cruce de comunicados entre ambas partes. Los operadores privados achacan el fallo del Supremo a un error atribuible exclusivamente a la Administración. Para solventarlo, han propuesto al Gobierno que aprobara un real decreto mediante al cual se validara la legalidad de los canales que ha anulado el tribunal. Industria dice que esta pretensión es "inaceptable" y choca con la jurisprudencia del Constitucional sobre la adopción de leyes particulares y con resoluciones comunitarias.
Los operadores han comunicado a Industria los nueve canales que tendrán que apagar las emisiones antes del 6 de mayo,entre los que figuran La Sexta 3, Xplora, Nitro, Nueve y La Siete. A través de Uteca, la entidad que agrupa Atresmedia, Mediaset, Net TV y Veo TV, este viernes han insistido en que la Sentencia del Tribunal Supremo del 27 de noviembre de 2012 "reconoce que las televisiones privadas cumplieron todas las obligaciones que se les habían impuesto durante la transición a la TDT, y que fue la Administración la única que incurrió en errores y carencias puramente formales, al retrasarse en reconocerlo y culminar el proceso después de la aprobación de la nueva Ley General Audiovisual".
En la misma línea en la que esta semana se manifestó el consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile, que consideró un "atropello" la "expropiación" de canales, afirman que la Administración General del Estado es única y el que los hechos se deban a actuaciones del Gobierno del año 2010 no exime al actual Ejecutivo de su responsabilidad de enmendar errores anteriores, cosa que no ha hecho durante los 18 meses transcurridos desde que se dictó la Sentencia. Y mantienen que las sugerencias legislativas presentadas por juristas de reconocido prestigio a instancias de Uteca que pueden subsanar la situación generada. En su opinión, están basadas en precedentes actuaciones legales promovidas por el propio Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el sector energético; son absolutamente legales; y podrían evitar la responsabilidad del Estado por los daños patrimoniales que las televisiones se verán forzadas a reclamar.
También señalan la preocupante reducción de la pluralidad informativa y de ocio que implicará para los ciudadanos el cierre de nueve canales y el impacto económico negativo en una industria que genera un volumen de negocio cercano a las 10.300 millones de euros y empleo directo e indirecto para más de 77.000 profesionales.
Industria, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, ha respondido este viernes que el Ministerio "se está limitando a dar cumplimiento a una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo en los plazos y condiciones que ha señalado el alto tribunal, como corresponde en un Estado de derecho". Añade que es "inaceptable" la pretensión de aprobar un Real Decreto Ley que vacíe de contenido la referida sentencia y reitera su disposición al diálogo, tal y como ha venido manteniendo en los últimos 18 meses, "dentro del marco legal y siempre defendiendo el interés general".
Deja constancia el ministerio que según los propios escritos de los licenciatarios de TDT de ámbito estatal a la CNMV no prevén perjuicios en sus cuentas por la ejecución de la sentencia, "lo que no se corresponde con la alarma que trasladan sobre los pretendidos daños que les causaría esta ejecución y su impacto en la actividad económica del sector".
En esta guerra han entrado también los productores audiovisuales.PATE (Productoras Asociadas de Televisión de España) ha manifiestado su "profunda preocupación" por la "gravedad" de la situación provocada por el cierre de nueve canales de la TDT. La asociación considera que este perjuicio, al que se ven abocadas las televisiones, ha sido producto una actuación equívoca de la Administración y no de las cadenas y, por lo tanto, es el Gobierno el que debe solucionar el problema.
Pese a que los canales abocados al cierre eran incipientes, su desaparición "impide la posibilidad de generar contenidos para los mismos y, por lo tanto, puestos de trabajo en la industria audiovisual que, con esta decisión, no solo no se van a crear sino que se van a destruir. De esta forma, los productores también se sienten directamente perjudicados por la medida". PATE reclama un entorno regulado y seguro, sin cambios permanentes”.
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