La vigente Ley del Aborto, aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, disfruta de un amplio consenso entre ciudadanos de todas las opciones políticas, a tenor de las cifras del sondeo de Sigma Dos para EL MUNDO, que constatan que, aparentemente, se trataría éste de un debate social ya superado: casi las tres cuartas partes de los encuestados -el 73,3%- quiere que se mantenga el actual sistema de plazos, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo durante las 14 primeras semanas, y apenas un escuálido 16,6% -uno de cada seis- aprobaría el regreso al sistema de indicaciones que propone el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Si, como era previsible, los porcentajes son especialmente contundentes entre votantes de izquierdas -también entre los de UPyD-, de la encuesta resulta asimismo que existe una clara mayoría de electores del PP que está en contra de la reforma. Menos de un tercio -el 31,5%- de quienes confiaron en Rajoy está satisfecho con el proyecto, mientras que un 52,9% lo rechaza. Esto es: incluso en el centroderecha hay más de 20 puntos de diferencia a favor de que no se modifique la regulación.
Los datos se completan con la evidencia de que las nuevas generaciones observan la controversia como anacrónica: ya entre los mayores de 65, educados en los valores de la escuela franquista, hay un amplio 57,9% contrario a cambiar la norma, pero el porcentaje crece hasta un abrumador 84,3% cuando se pregunta a los jóvenes de entre 18 y 29.
Error de cálculo
Los resultados sugieren un posible error de cálculo del PP a la hora de escoger una estrategia política que parece pasar por dar impulso a una polémica de pretendido calado ideológico para evitar la desmovilización de su electorado más a la derecha, al que se supone descontento hacia muchas decisiones de Rajoy.
La reforma que propone Gallardón y que el presidente del Gobierno ha elogiado como "equilibrada" es más restrictiva que la Ley del Aborto de 1985, la primera aprobada en España, principalmente porque reduce a dos los tres supuestos en los que aquella despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo -deja fuera de su ámbito de protección los casos de graves malformaciones del feto- y cuya legalidad fue respaldada por unanimidad del Constitucional al resolver un recurso de Alianza Popular elaborado por el padre del actual ministro de Justicia.
La iniciativa ha provocado tensiones dentro del propio partido, que aunque probablemente las daba por descontadas, quizá no que se manifestasen con tanta intensidad. El PP ha respondido a esas críticas internas con el argumento de que la reforma estaba prevista en su programa electoral, que sin embargo se limitaba a afirmar la siguiente generalidad: "Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores", sin más precisiones.
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