A las dos menos cuarto de la noche, horas después de que el Ayuntamiento hubiera ejecutado ya su amenaza de acudir ante la justicia y poner la limpieza de las calles de Madrid en manos de la empresa pública Tragsa, las concesionarias y los sindicatos han alcanzado un acuerdo sobre su convenio colectivo. Eso permitiría desactivar en las próximas horas la huelga que durante 11 días ha sepultado la capital bajo toneladas de porquería. Al cierre de esta edición se desconocían las condiciones del acuerdo. El motivo de la protesta es el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por las empresas, pero un acuerdo sobre el convenio colectivo allanará, según los sindicatos, la negociación del ERE.
Sin embargo, la huelga todavía no ha sido desconvocada y, como estaba previsto, a las 4.00 de este sábado salió el dispositivo preparado por la empresa Tragsa para comenzar las labores de limpieza que garanticen los servicios mínimos. El operativo está integrado por 200 personas: 90 trabajadores que se han prestado voluntariamente para la labor y otros 110 empleados contratados a toda prisa mediante empresas de trabajo temporal. Los operarios han estado trabajando con escolta de la Policía Municipal y no se han registrado incidentes. Este dispositivo, formado por pequeños camiones para entrar en el centro de la capital, ha empezado a limpiar las calles a las 4.00, y se mantendrá hasta el final definitivo del conflicto, según adelantó el Ayuntamiento de la ciudad. A las 11.00 de la mañana el dispositivo será sustituido por otro turno para continuar las labores de recogida de basura.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), ha estado supervisando y dirigiendo desde la madrugada el despliegue operativo de limpieza en Madrid desde el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM). A las 8.00, los camiones habían recogido ya bastante de la basura acumulada en los últimos días en el centro de la capital y barrios como Lavapiés, Tirso de Molina, Arenal y Cibeles empezaban a notar la mano de los trabajadores de limpieza.
A las cinco de la tarde había expirado el ultimátum de la alcaldesa de Madrid que el pasado miércoles dio 48 horas a las empresas para cumplir los servicios mínimos. Según el Ayuntamiento, durante estos 11 días de huelga no se ha llegado ni al 70% de lo pactado, que establecía que siguieran trabajando cuatro de cada diez barrenderos. El concejal de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, acudió a las siete de la tardea los juzgados de la plaza de Castilla y denunció ante el Ministerio Fiscal el incumplimiento de los servicios mínimos.
A continuación, anunció la contratación de la empresa estatal Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura, para hacer cumplirlos desde las seis de la mañana del sábado y hasta el final de la huelga. Entre tanto, las concesionarias (OHL, Ferrovial, Sacyr y FCC) y los sindicatos (CC OO, UGT y CGT) siguieron negociando durante toda la tarde, en pos de un acuerdo que cerrara el conflicto e hiciera innecesaria la intervención de Tragsa.
Se sentaron a la mesa a las seis de la tarde. Rondando las dos de la madrugada alcanzaron un acuerdo sobre el convenio colectivo, que según los sindicatos allanará automáticamente la reunión que mantendrán para cerrar la negociación sobre el expediente de regulación de empleo que afecta a 1.134 empleados y que fue el detonante de la huelga.
El líder de CC OO en Madrid, Jaime Cedrún, deslizó ayer su deseo de que “no haya heridos” en las calles por la intervención de Tragsa, que, en su opinión, “echa más leña al fuego”. Trabajadores de las contratas se reunieron anoche en la calle Hormigueros, y los sindicatos temen que puedan cargar contra los empleados de la empresa estatal.
Para evitarlo, el Ayuntamiento preparó un fuerte despliegue de seguridad. La Policía Municipal envió a primera hora de ayer una orden urgente a todas las unidades para pedir voluntarios para trabajar el fin de semana. Los mandos montaron un fuerte dispositivo de escolta a los 200 trabajadores de Tragsa: más de 600 agentes (la mitad, antidisturbios) han vigilado los camiones de la empresa pública para evitar que los piqueteros o algún exaltado reviente los servicios mínimos.
El dispositivo lo forman en las primeras horas de la madrugada unas 150 patrullas, que han escoltado a los operarios. Los efectivos de las Unidades Centrales de Seguridad (los antidisturbios de la Policía Municipal) se concentran en las zonas más conflictivos.
Los camiones de Tragsa han salido del Templo de Debod y de la plaza de Legazpi. Desde allí, se han dibujado unas cuadrículas sobre el mapa de Madrid, de forma que las distintas cuadrillas han ido avanzando por toda la ciudad. En el centro, camiones pequeños recogen los residuos y los depositan luego en otros más grandes. Estos son los que se han desplazado al vertedero de Valdemingómez.
Han sido escoltados por coches patrulla para evitar que les pinchen las ruedas o les impidan llegar a su destino, según destacaron fuentes policiales. El resto de patrullas de los distritos se ha encargado de vigilar posibles ataques a contenedores y sedes de las concesionarias. En caso de que fueran necesarios, también podrían sumarse al dispositivo de escolta.
El Cuerpo Nacional de Policía también participa en el operativo. En concreto, las furgonetas de la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios) escoltan los camiones de Tragsa desde su sede en el kilómetro 6,800 de la autovía de Toledo (A-42), en el término municipal de Leganés, hasta los dos puntos de reunión. Fuentes policiales explicaron que los antidisturbios también podrían sumarse al despliegue de la Policía Municipal si se producen importantes altercados.
¿Quién pagará estas horas extras? En principio, fuentes municipales explicaron que el sobresueldo se repercutirá a las empresas concesionarias por haber incumplido los servicios mínimos.
CC OO ha acusado al Ayuntamiento ayer de “reventar” la protesta, y ha presentado una denuncia de urgencia ante la Inspección de Trabajo para que verifique si ha contratado a operarios para cubrir servicios mínimos a través de empresas de trabajo temporal. El líder de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, anunció también una denuncia por violación del derecho de huelga.
Hasta ayer, se había detenido a 19 personas por actos de vandalismo. Otras 249 personas han sido identificadas por su posible implicación. La factura por los destrozos roza el millón de euros. Las concesionarias calculan en 454.000 euros los daños sufridos, mientras que el Ayuntamiento añade a esa cifra otros 496.000 euros por 359 contenedores y 877 papeleras reventadas.
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