El Gobierno cierra todas las salidas a la crisis catalana salvo la económica

Era una rueda de prensa muy preparada, en la que Soraya Sáenz de Santamaría siguió al pie de la letra el argumentario oficial y esquivó cualquier respuesta comprometida, pero tuvo un momento que parecía natural: cuando la vicepresidenta, al final de la enésima pregunta sobre la crisis catalana —la ausencia de respuestas claras provocó la insistencia de la prensa—, soltó un “no podemos hacer otra cosa”. Poco antes, ella había cerrado todas las posibles salidas políticas a la crisis: ni reforma constitucional, como plantea el PSOE, ni consulta de ningún tipo, como reclama CiU. Solo dejó abierta una: la negociación económica de la mejora de la financiación, que en cualquier caso no es inminente sino para 2015.

Ese “no podemos hacer otra cosa” puede referirse a los límites legales. Pero, en realidad, el Gobierno podría intentar forzar esos límites o incluso cambiarlos, ya que tiene el apoyo del PSOE para reformar la Constitución, y juntos suman casi el 90% del Parlamento. Por tanto esa respuesta espontánea parece referirse más al problema político interno al que se enfrenta Mariano Rajoy.

El presidente es consciente de que la situación se ha complicado mucho y tiene una presión muy fuerte para hacer algo que frene la crisis independentista catalana, pero los suyos creen que no tiene margen para hacer nada extraordinario, ni para una negociación política real con Artur Mas. Rajoy ha cultivado durante años a un electorado, unos medios de comunicación y un sector del PP que siempre están alerta por si hace cualquier concesión a Cataluña. Y aunque quisiera —que no parece querer porque no cree en un cambio constitucional, según explican fuentes del Gobierno—, no tiene margen para hacer política.

Ante el silencio de Rajoy tras la Diada —no hablará hasta el miércoles en el Congreso, cuando le pregunten el PSOE y CiU sobre este asunto— era muy esperada la rueda de prensa de su mano derecha, Sáenz de Santamaría. Pero la vicepresidenta se mantuvo fiel al argumentario de otras ocasiones, como si nada hubiera sucedido. “Diálogo y Constitución”, era el lema repetido. La única modificación del discurso, en realidad, estaba más pensada para el ala más conservadora del PP que para los manifestantes de la Diada. Presionada por este flanco —en el Gobierno ha generado preocupación un editorial de Abc en el que pedía medidas inmediatas contra los “secesionistas” catalanes—, la vicepresidenta abandonó el discurso ambiguo para prometer en varias ocasiones que el Gobierno mantendrá la “firmeza”.

En ningún momento se dirigió a los manifestantes para lanzarles ningún tipo de mensaje, para tratar de convencerles de que renuncien al independentismo. La respuesta del Gobierno es tajante: nada de referéndum, nada de reforma constitucional. La única oferta es el diálogo sobre la reforma de la financiación autonómica.

La vicepresidenta, al contrario, parecía mucho más interesada en lanzar mensajes a su propio electorado. “Tenemos un límite claro y una obligación, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Ese es nuestro margen, del que no vamos a salir. La posición del Gobierno es de firmeza y fortaleza. Serenos pero firmes. No tenemos que exteriorizar la firmeza con palabras. Lo hacemos con hechos. Cuando ha habido resoluciones contrarias a la Constitución, a pesar de las dudas de algunos, hemos buscado los argumentos para recurrirlas”, dijo. Lanzaba así un mensaje a su electorado conservador para tranquilizarle y recordarle que el Gobierno ha recurrido incluso la declaración soberanista del Parlamento catalán. Pero a la vez dejaba claro a los catalanes que esa vía está teóricamente cerrada.

En cualquier caso, una cosa es lo que se dice en público y otra las negociaciones en privado. Rajoy y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, mantienen los puentes abiertos tras la reunión secreta del 29 de agosto, y hay algunas personas de sus entornos buscando una salida. Aunque nadie parece encontrar de momento un punto que puedan aceptar ambos. Si el margen de Rajoy es estrecho, el del presidente catalán lo es aún más, ya que tiene tres frentes de presión cada vez más incontrolables: su socio de gobierno, ERC, por un lado; su histórico aliado, Unió, por el otro; y la movilización social de la Diada que le arrastra.

Susana Díaz pide cita a Rajoy

RAÚL LIMÓN

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, no quiere dejar pasar ni un día sin elevar a las más altas instancias los principales compromisos que ya adelantó en su investidura. Si el jueves le hablaba al Rey de las dificultades que afronta Andalucía y le exponía sus ideas sobre el nuevo modelo productivo al que debe encaminarse la Comunidad, solo unas horas después le enviaba una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con tres mensajes fundamentales: “relación de leal colaboración” frente a la política de confrontación, que el Gobierno central ha traducido en recursos contra leyes fundamentales como la de función social de la vivienda, que limita los desahucios; lucha contra el desempleo, y pacto nacional contra la corrupción.
“El problema del paro es uno de los principales males que aquejan a nuestra sociedad, y para ello quiero pedirte tu colaboración”, afirma Díaz en la carta, en la que insiste en la vía del acuerdo para hallar soluciones.
El otro gran asunto que plantea la presidenta también centró su investidura: el pacto nacional contra la corrupción. Esta petición coincide con los dos grandes casos que atenazan al PP —Bárcenas y Gürtel— y el último cruce de autos y decisiones judiciales en torno al caso ERE y que ha supuesto que sus antecesores en la presidencia de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como cinco exconsejeros del área económica, sean señalados como sujetos de la investigación judicial.
“Anuncié en el debate de mi investidura la iniciativa de proponerte un pacto para la regeneración democrática. De todo ello, y de lo que afecta a los intereses de Andalucía, me gustaría poder tratar contigo”, concluye la presidenta.

Por eso ambos, desde luego con claridad Rajoy, parecen haber apostado por la solución que más les gusta: ganar tiempo. El presidente está ofreciendo a Mas una negociación a favor de Cataluña en la reforma de la financiación. Pero su resultado llegaría en 2015, cuando la primera legislatura de Rajoy haya concluido y la de Mas esté igualmente en su fase final. Por eso en La Moncloa mostraron una gran satisfacción al ver que Mas trasladaba la posibilidad de no promover un referéndum en 2014 si no se lo autorizaban y planteaba dejar la decisión a los catalanes en las urnas en 2016, en unas elecciones plebiscitarias. Para Rajoy esa salida, que lleva el momento crítico a la siguiente legislatura, era aceptable. Aunque después de la Diada en el Gobierno no saben si Mas mantendrá la idea inicial y si podrá evitar el referéndum en 2014 que le exige ERC.

La respuesta política pública a Mas no llegará tanto de la rueda de prensa de ayer de Sáenz de Santamaría, que fue esquiva en casi todas sus respuestas y la dio por concluida al ver que se insistía sobre Cataluña, cuanto de la carta con la que Rajoy responderá a la que Mas envió hace dos meses a La Moncloa.

La vicepresidenta anunció que esa respuesta llegará en las próximas 48 horas y, aunque no quiso detallarla —probablemente sea la Generalitat quien la dé a conocer cuando llegue—, de sus respuestas se deduce con claridad que en la misiva se descartará cualquier tipo de consulta: “Las sentencias del Constitucional son muy claras”, argumentó. Se apostará más bien por las buenas palabras de invitación al diálogo sobre cuestiones económicas para trabajar juntos para salir de la crisis.

Sáenz de Santamaría no quiso desautorizar abiertamente al ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, que había admitido el “éxito” de la Diada y la “preocupación y tristeza” que le generaba. Margallo es un amigo de Rajoy de toda la vida con bula en el Ejecutivo para decir lo que quiera. Sin embargo, la vicepresidenta se alejó mucho de las palabras del ministro, que pedía una reflexión para entender por qué miles de catalanes se han alejado de España. Sáenz de Santamaría no hizo ninguna reflexión sobre esa realidad, la de los manifestantes, se limitó a expresar su “respeto” y se concentró en mensajes a Mas y a su propio electorado.

Algo más se detuvo en descartar por completo, de forma más clara que nunca, la propuesta que ofrece el PSOE, la de la reforma constitucional. “En el debate del estado de la nación de febrero varios portavoces plantearon propuestas de reforma contradictorias. Unos quieren una mayor centralización, otros descentralización, otros reforma federal sin explicar en qué consiste. Falta algo esencial, no hay un mínimo consenso entre grupos para llevar a cabo una reforma de la Constitución que tendría que dar marco de estabilidad al menos como la actual”, señaló.

El Gobierno sigue así en su doble vía: en público no plantea ninguna salida política y lanza la idea de que cualquier movimiento hacia la independencia será cortado con la Constitución en la mano. En privado sigue negociando para buscar una salida que buena parte del Gobierno ve cada vez más difícil. Y para ganar otra vez algo más de tiempo.