La Sindicatura de Greuges
se sumó ayer a los recientes avisos sobre los problemas de malnutrición
entre la infancia en Cataluña en casos relacionados con la probreza. El titular de la institución, Rafael Ribó,
alertó de que 50.000 menores catalanes sufren privaciones alimentarias y
señaló, además, que los servicios médicos detectaron más de 750 niños
con síntomas de desnutrición. “No se puede decir que los niños en
Cataluña pasen hambre, pero sí hemos constatado decenas de miles de
casos de malnutrición infantil”, apostilló el Síndic.
A la luz de una investigación de oficio impulsada para analizar el
problema de la malnutrición infantil en Cataluña, Ribó destacó que “no
existe un problema estructural de desnutrición infantil” derivado de la
situación económica, pero alertó que, según la Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población 2011
del Idescat, el 4% de los 345.600 niños en riesgo de pobreza en
Cataluña sufre carencias alimentarias como la ausencia de carne o
pescado de forma regular en su dieta.
Asimismo, el Síndic reveló que, a junio de 2013, los servicios de
atención primaria del Instituto Catalán de la Salud (ICS) había atendido
a 751 niños con problemas nutricionales relacionados con la pobreza
extrema y los bajos ingresos.
El Síndic de Greuges califica como “puntuales” los 751 casos de
desnutrición vinculados a la pobreza diagnosticados, hasta junio de
2013, por los centros de atención primaria (CAP) del ICS e insiste en
que no se trata de un problema estructural: “Los casos detectados por el
ICS no deben hacernos pensar que hay hambre en Cataluña”.
Aun así, Ribó recordó que la tasa de riesgo de pobreza infantil en
Cataluña se sitúa alrededor del 28% y que “no se puede pasar por alto
las situaciones de malnutrición existentes” entre los menores de 16
años. La ausencia de escolarización de los menores de tres años los
convierten, según el Síndic, en uno de los colectivos más vulnerables,
ya que no se les puede asegurar ni siquiera una comida diaria.
El informe, que el defensor del pueblo catalán ya ha hecho llegar al
Parlament, destaca también la prevalencia de situaciones de
“subnutrición” infantil por la ingesta insuficiente de alimentos en
determinados momentos del día o según la época del año.
El verano y los períodos vacacionales dificultan, según la
investigación, la posibilidad de garantizar una alimentación adecuada de
los niños en situación de malnutrición. El Síndic denunció las
desigualdades territoriales y los problemas económicos y de calendario
para acceder a los centros de ocio y campamentos de verano. “Agosto y
septiembre son meses donde algunos de los mecanismos que se prevén como
medidas para abordar la malnutrición infantil dejan de funcionar y
además, hay zonas de Cataluña donde ni existen estos servicios”. Ribó
exigió que las instituciones públicas garanticen la apertura de centros
durante todo el año, incluidas las épocas de vacaciones, para asegurar
al menos una comida diaria a los niños en riesgo de malnutrición.
El informe también reveló déficits en la cobertura de las ayudas al
comedor escolar y retrasos en la concesión y el pago de las becas. De
los más de 250.000 alumnos de las escuelas catalanas en riesgo de
pobreza, solo 63.659 recibieron ayudas para el comedor este año.
El Síndic tachó de “ineficaz y pobre de recursos” al actual sistema
de becas comedor e instó a la Generalitat a agilizar las prestaciones
para dar cobertura a este servicio. Calificó, además, como “un absurdo”
que las becas se hagan efectivas cuando el curso ya está avanzado
porque, aseguró, muchas familias se tienen que dar de baja ante la
imposibilidad de afrontar los primeros pagos. “Las becas comedor no
pueden ir solo a merced de las posibilidades presupuestarias”, apuntó.
Entre la treintena de recomendaciones que dirige el informe a la
Generalitat, los ayuntamientos y los consejos comarcales, Ribó destacó
también la revisión de la renta mínima de inserción (RMI), que sufrieron
numerosos recortes y restricciones desde 2011 y han dejado al margen a
miles de familias sin recursos.
El Síndic exigió a las administraciones públicas que condicionen las
partidas presupuestarias a las necesidades sociales y económicas
existentes. “Fuera las manos de cualquier recorte que afecte a los
derechos universales básicos de la infancia, en este caso la igualdad de
oportunidades en la nutrición infantil. No hay ningún argumento
presupuestario para recortar esas partidas”, sentenció.
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