Alicia Sánchez-Camacho, líder popular en Cataluña, debe maldecir la comida que mantuvo hace ahora tres años, el 7 de julio de 2010, con Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola.
Fue quizá buscando munición contra CiU —la cita se produjo a los cuatro
meses de las autonómicas— y ha acabado por convertirse en un arma
arrojadiza contra su carrera. Los exdetectives de la empresa Método 3,
que fueron detenidos e imputados, han declarado ante el juez que el
almuerzo en el restaurante La Camarga fue grabado con un micrófono
adosado a un centro de flores por encargo y con el consentimiento de la
popular. Y, en consecuencia, no sería delito.
Sánchez-Camacho niega ese relato y lamenta que se pueda dar credibilidad a personas detenidas e imputadas
que, dice, “han cambiado varias veces de versión”. Las sospechas sobre
su actuación las generó, sin embargo, la propia senadora tras llegar el
19 de junio a un acuerdo con la agencia Método 3 para retirar la demanda civil sin el conocimiento de los dirigentes de su partido, muy críticos con su decisión.
Tras conseguir en 2010 —y revalidar en 2012— los mejores resultados
de la historia del PP, Sánchez-Camacho ha pasado de ser la mujer más
poderosa de Cataluña, por su condición de socia del presidente de la
Generalitat, a ver cómo su carrera se llena de sombras. Y justo ahora en
que ha perdido su influyente papel en beneficio de Esquerra por el auge
del proceso soberanista. Tampoco ha ayudado que trascendiera que su salario se triplicara en dos años en plenos recortes. El partido le pagó 113.000 euros en 2011.
Pese a todo, dirigentes del partido niegan que su liderazgo no está
cuestionado —algunos insinúan que su carrera dependerá de cómo
evolucione el caso— y aseguran que no se menciona el asunto en las
ejecutivas.
Pero altos cargos del PP consideran sin ambages que Sánchez-Camacho
se equivocó de estrategia al suscribir el pacto con Método 3 a través
del cual Paco Marco, jefe de la agencia, admitía que dos de sus
exempleados realizaron la grabación y se comprometía a pagar 80.000
euros a cambio de que la política retirara la demanda y renunciara a la
vía penal.
“Fue un error. Ahora hay que aguantar”, reconoce una fuente del
partido. El acuerdo dejó estupefactos a miembros de la dirección porque,
entre otras cosas, fue el propio partido el que presentó la denuncia en
febrero que dio a pie a la detención de los detectives. Aun así, hay
quien desliza que Sanchez-Camacho jamás da un paso sin el beneplácito de
La Moncloa. “Alicia actúo así porque pesó el factor humano y quiso
cerrar el caso”, señalan las mismas fuentes con resignación, asegurando
que la senadora se asustó tras recibir amenazas relacionados con el
espionaje.
La sensación de la cúpula fue que el acuerdo solo iba a servir para
dar pábulo a todo tipo de insinuaciones porque desde el principio
Sánchez-Camacho dijo que quería llegar “hasta el final” para descubrir
quién la espió y difundió la conversación. Con su renuncia y asumir el
perdón del ofendido, la senadora puso en juego la investigación penal
que podía haber acabado archivada. El partido reaccionó e intentó
reanimar las pesquisas —con el apoyo de la propia Sánchez-Camacho—
presentando el día 25 una ampliación de demanda sobre el espionaje tras
descubrir cámaras y micrófonos en otro restaurante frecuentado por
populares y miembros de la judicatura. El fiscal general del Estado
alivió al PP al permitir que la investigación continúe.
Fuentes del PP confían en que el inminente levantamiento del secreto
de sumario aclarará las cosas. Y que el informe policial exonerará a la
política de toda culpa. El Mundo publicó en febrero que fue el
ahora diputado José Zaragoza, entonces secretario de organización del
PSC, el que encargó el espionaje. Él siempre negó su relación con los
hechos. La cuestión es que la senadora se ha remitido al secreto para no
despejar puntos oscuros del episodio: dice que el PP reservó el salón
privado en La Camarga, pero existe una grabación entre el exdetective
Álex Borreguero y un camarero en el momento en que hace la reserva a su
nombre. El PP tiene cuenta en ese restaurante, pero no aporta la
factura. El mismo Paco Marco declaró ante el juez antes de pactar con
Sánchez-Camacho que el encargo de espiar a Álvarez lo hizo “un hombre” a
nombre de la popular. Y el mismo Borreguero agrega que optaron por el
centro de flores y no por darle una grabadora a Alicia, por “si se ponía
nerviosa”. La senadora lo niega todo y añade que tiene la confianza
absoluta de Mariano Rajoy. Quien la conoce asegura que el episodio no
acabará con su carrera política. “También la daban por muerta cuando no
obtuvo en 2008 un escaño por Girona y aquí está”, aseguran.
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