Salvo un cambio de posición, no previsto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tendrá que hablar en el Congreso sobre el caso Bárcenas y sus derivaciones hasta mediados de septiembre. El PP
hará valer hoy su mayoría absoluta para bloquear cualquier posibilidad
de comparecencia del presidente del Gobierno ante la Cámara, con el fin
de preservarlo. Primero, en la Junta de Portavoces, hará que el pleno
extraordinario de los días 16 y 17 de julio no incluya sesión de control
al Gobierno, y luego hará valer sus votos en la Diputación Permanente
para oponerse al deseo de todos los demás grupos de que comparezca en un
pleno monográfico.
La Moncloa alega que el pleno de la próxima semana incluye debates de calado y extensos, referidos, por ejemplo, a la ley de educación (Lomce),
la de emprendedores y varias normas procedentes del Senado. De esa
forma, el orden del día que elabore hoy la Junta de Portavoces incluirá
solo el trámite legislativo y, salvo cambio, no habrá sesión de control
al Gobierno en ese pleno. Si la hubiera, la oposición podría pedir
explicaciones sobre Bárcenas, aunque fuera de forma limitada a dos
minutos por pregunta. El próximo pleno con sesión de control será la
segunda semana de septiembre y entonces, dentro de dos meses, podrá
plantearse el asunto al presidente y al resto del Gobierno. De aquí a
entonces, las circunstancias del caso habrán cambiado con seguridad.
El parapeto parlamentario para el presidente se terminará de levantar
por la tarde, cuando, además, el PP impedirá que prosperen en la
Diputación Permanente las peticiones apoyadas por todos los grupos para
que Rajoy comparezca urgentemente. La tesis del Gobierno y el PP es que
el asunto está siendo investigado por la justicia y, sobre todo, que
Bárcenas no debe marcar con su presión o su estrategia de defensa la
actividad del Parlamento. No puede impedir el PP que en la Diputación
Permanente de hoy todos los demás grupos planteen sus críticas y
denuncias sobre el caso. Al portavoz del PP, Alfonso Alonso,
le corresponde el amargo trago de intervenir para negar la
comparecencia y defenderse de la previsible catarata de acusaciones.
¿Qué puede hacer la oposición? Nada: la mayoría absoluta sirve para
frenar peticiones de comparecencia. Solo puede esperar a nuevos
acontecimientos para que la firma de dos grupos parlamentarios fuerce
otra Diputación Permanente durante el verano para que el PP pase por el
trance del bloqueo. La oposición puede también expresar su protesta cada
vez que pueda o participar en gestos testimoniales como el que ayer
inició a propósito del proyecto de Ley de Transparencia. Todos los grupos, salvo UPyD,
boicotearon la reunión de la ponencia que discute las 500 enmiendas a
ese proyecto de ley, por entender que no puede hablarse de transparencia
sin aceptar primero que se interpele al presidente sobre corrupción. La
ponencia se reunió ayer y el PSOE y el resto de los grupos de la
izquierda decidieron irse, lo que forzó también la ausencia de CiU y
PNV. Hoy está convocada de nuevo la ponencia para antes de la Diputación
Permanente, pero el PSOE pretende extender su boicot hasta que Rajoy explique el caso Bárcenas en la Cámara.
PP y PSOE estaban cerca de un acuerdo sobre las enmiendas a esta ley,
aunque habían tropezado con el escollo de los capítulos dedicados al
buen gobierno. La Moncloa pretendía eliminar esta parte, que podría
solaparse con el estatuto de los políticos que prepara el Ejecutivo.
El vicesecretario del PP, Esteban González Pons, respondió vinculando el plante del PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) a la investigación sobre los ERE en Andalucía y acusó a esos grupos de hacer seguidismo de Amaiur al haber abandonado la reunión junto con los abertzales.
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