El extesorero del PP Luis Bárcenas destripó y rindió ayer ante el juez Pablo Ruz
los supuestos secretos financieros del primer partido de España y
certificó uno por uno los apuntes de su contabilidad paralela, publicada por EL PAÍS el 31 de enero.
Las revelaciones del guardián de las cuentas, que incluyen el pago de
sobresueldos en dinero negro desconocidos hasta ahora al presidente del
Gobierno Mariano Rajoy
y a la secretaria general Dolores de Cospedal —su gran enemiga— en 2009
y 2010, sacuden los cimientos de la formación conservadora. Y no solo
eso: destrozan la estrategia de comunicación del Ejecutivo, que vé cómo
los escándalos financieros que ha tratado en vano de tapar durante meses
invaden con estrépito y sin remedio todo el espacio informativo y
ocultan los mensajes sobre la supuesta salida de España de la recesión.
Todo ello ante la indignación ciudadana y la mirada atónita de la prensa
internacional y de los socios europeos.
Ayer fue una fecha clave en el caso de los papeles de Bárcenas, la
pieza separada del caso Gürtel de corrupción en el PP en la que se
investiga la contabilidad oculta de Génova 13. Bárcenas, en prisión
desde el pasado 27 de junio, reconoció por primera vez en sede judicial
lo que ya era una certeza para los investigadores: que él es el autor
material de la contabilidad b en la que figuran donaciones al partido
por 7,5 millones de empresarios del sector de la obra pública y su
reparto para gastos ordinarios de la formación y el abono de
sobresueldos a las sucesivas cúpulas conservadoras al menos entre 1991 y
2010. El extesorero acompañó su declaración con la entrega de la
“práctica totalidad” de los documentos que guardaba en dos cajas en su
despacho de Génova 13
y de un lápiz de memoria informática con la contabilidad secreta de los
años 1994 a 1996, que faltaban por conocerse hasta ahora.
En cuestión de pocos meses, Bárcenas ha pasado de ser para el PP un
empleado intachable cuya presunción de inocencia era respetada a ser
considerado un “delincuente” cuyo nombre no se puede ni mencionar. El
cambio de actitud del partido no ha venido dado por los descubrimientos
judiciales acerca de su fortuna oculta al fisco en bancos suizos —que
alcanzó los 48 millones de euros en el año 2007— sino por la certeza
creciente de que Bárcenas estaba dispuesto a “tirar de la manta” y
llenar de fango a los dirigentes conservadores a medida que se
recrudecía su situación penal. Durante meses y mientras estuvo libre,
Bárcenas negó todas las evidencias. El bloqueo judicial de sus cuentas,
primero, y el ingreso en prisión, acusado de cohecho, blanqueo de
capitales, delitos fiscales y estafa procesal, después, llevaron al
extesorero a emplear la artillería pesada.
Ayer, en una declaración de cinco horas, la más trascendental de las
10 que ha mantenido en sede judicial, Bárcenas admitió todas las
informaciones periodísticas de los últimos meses. Desde la contabilidad
publicada por EL PAÍS —y que ha costado a este periódico una demanda del
Partido Popular— a los sobresueldos millonarios —que calificó de
“compensación sistemática”— pasando por los donativos de los empresarios
de la construcción en cuantias que excedían la Ley de Financiación de
Partidos.
Entre los detalles más llamativos del interrogatorio figuraron las
dos supuestas entregas de dinero negro a Rajoy y Cospedal en los años
2009 y 2010, que totalizaron 95.000 euros, Esta acusación fue desmentida
“taxativamente” por la número dos de la formación conservadora.
Bárcenas, según varios abogados presentes en la comparecencia, trató
en su declaración de “proteger a los empresarios” que figuran como
donantes del partido y que también están imputados en la pieza separada
del caso Gürtel. El extesorero desvinculó los donativos de cualquier
adjudicación de obras o servicios —lo que hubiera supuesto admitir un
delito de cohecho—. Estos industriales han negado en todo momento el
pago de dinero, lo que conviene al extesorero, porque no puede
atribuírsele el haberse quedado con fondos destinados al partido.
Bárcenas también relató una serie de supuestas negociaciones con el
partido —también rechazadas por sus dirigentes— para lograr su silencio,
finalmente roto. Según él, abogados supuestamente enviados por el PP le
han ofrecido en los últimos días 500.000 euros a cambio de retirar las
demandas laborales tras su despido y conservar el 25% de su patrimonio a
cambio de mantener la boca cerrada. Tanto los abogados afectados como
la secretaria general del PP negaron cualquier negociación con Bárcenas.
Mientras el extesorero declaraba tranquilo ante Ruz, el fiscal y 18
abogados de las acusaciones y las defensas, los ojos del mundo estaban
puestos en la reacción del presidente del Gobierno. A las 15.00, hora en
la que Mariano Rajoy debía comparecer en una rueda de prensa con su
homólogo polaco Donald Tusk, ya se había filtrado que Bárcenas había
admitido todos los extremos de su contabilidad secreta. Rajoy despachó
el escándalo ciñéndose a las dos preguntas obligatorias en estas
conferencias de prensa con otros líderes europeos.
La reacción del jefe del Ejecutivo ante la acusación de cobrar
sobresueldos opacos —“No se le puede pedir a un presidente del Gobierno
que esté desmintiendo un día sí y otro también informaciones
publicadas”, dijo— encrespó aún más a la oposición. Los partidos
coinciden en que España se encuentra ante un escándalo de dimensiones
colosales y que afecta a las principales instituciones, desde la
Presidencia del Gobierno al Consejo de Estado, cuyo presidente José
Manuel Romay Beccaría fue nombrado por Bárcenas como supuesto receptor
final, en su calidad de tesorero provisional, de una donación de 300.000
euros del constructor José Manuel Villar Mir (OHL) en septiembre de
2011. Ningún partido se cree ya las explicaciones tardías del Gobierno,
pero no hay acuerdo sobre las medidas a adoptar y que oscilan entre la
petición de dimisión de Rajoy y su sustitución por otro diputado del PP y
la presentación de una moción de censura abocada al fracaso. Rajoy
aprovechó un pregunta dirigida en la rueda de prensa para contestar:
“Aquí hay un Gobierno estable”.
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