El día en que le llevaron los papeles para dar a su hijo en adopción,
Paula (nombre ficticio, como buena parte de los de los padres que
aparecerán en este reportaje), que convalecía de una cesárea en la
planta de maternidad del hospital público Xeral Calde de Lugo, “estaba
drogada, parecía un zombi”. Le administraron tres Valium 10. Uno a las
nueve de la mañana, otro a las once y el tercero poco antes de la hora
de comer. “No sabía” lo que hacía, “habría firmado la muerte de Carrero
Blanco”, relata un celador del centro, que ha declarado como testigo en
la investigación judicial que comenzó, justo un año después de nacer el
pequeño Juan, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, y que ya
alcanza más de una docena de adopciones supuestamente irregulares.
El celador del hospital relata que quedó impresionado por la cantidad
de tranquilizante que se le había suministrado a la madre. Recuerda que
había orden de mantener la puerta siempre cerrada y no perder de vista a
la parturienta bajo ningún concepto. A él y a los otros dos compañeros
que se turnaban las 24 horas les explicaron que aquella paciente era una
esquizofrénica “peligrosa”, pero él asegura que no era cierto. “Más
bien al revés. Parecía un secuestro”, relató. “Había un mutismo
general”, justificó a la juez. Si alguien hablaba, “enseguida se acababa
el contrato”.
Después de que a Paula se le administrara la tercera pastilla del
ansiolítico hipnótico, llegaron cuatro mujeres. Dos que no llevaban bata
blanca entraron en el cuarto y mandaron marchar a todo el mundo,
describe el celador. Cuando salieron de nuevo, una llevaba en la mano
los papeles y la otra, la ropita del bebé. Los Valium hicieron dormir a
Paula el resto de la jornada. En las jornadas sucesivas, narra el
celador, cada vez que gritaba pidiendo a su bebé, volvían a darle otra
pastilla.
Hasta que la madre firmó el consentimiento de entrega, el crío, que
nació completamente sano, permaneció recluido en una “incubadora de
aislamiento”, separado de todos los demás. Entonces, según varios
testimonios recogidos por el juzgado, se lo llevaron las monjas del
Hogar Madre Encarnación. Ni a la madre ni al padre se lo dejaron ver.
Según el celador, que declaró que en el hospital se habían dado otros
casos semejantes, las enfermeras comentaban que era “una pena” lo que
estaba pasando, conmovidas porque aquel recién nacido era “muy guapo”.
Se conoce como Operación Bebé aunque hay quien la llama también caso
Chupete u Operación Cuna. Quizás la variedad de nombres que se oyen en
las calles de Lugo se deba a la falta de repercusión pública (y a la
escasa información que ha salido a la luz hasta el momento) de tan
delicadas indagaciones llevadas a cabo por la juez Estela San José en
los mismos meses en que instruía el sumario del caso Campeón, que
implica a numerosos empresarios y políticos, y que en una de sus
derivadas amenaza al exministro José Blanco.
El caso de los bebés robados incluye más de una docena de historias
de la última década. Algunas tan dramáticas como la de una mujer que en
2006, 30 días después de entregar a su criatura, se arrojó desesperada
desde un octavo piso y quedó tetrapléjica, con invalidez en el 99% de su
cuerpo. También el de una chica que en 2003 firmó el consentimiento de
adopción de un recién nacido amenazada por un mafioso de nacionalidad
rusa. El hombre le había asegurado que, si desobedecía, mataría a su
otra hija, según su denuncia. El extenso expediente de Elena es el de
una madre que habla de la desaparición de dos bebés. Asegura que la
Administración le arrebató el primero, que volvió a quedarse embarazada
para mitigar la pérdida y que le quitaron al segundo, que solo vio en el
parto. Cuenta Elena que le dijeron que el escollo más grande para
criarlos era la casa en la que vivía. Pequeña, pobre, con cocina de
leña. Hizo el esfuerzo, con su marido, de mudarse a un piso grande, “con
calefacción y cocina moderna”, y ha pagado las mejoras limpiando casas
ajenas. Hoy sus niños tienen seis y siete años y no sabe dónde viven.
“Cuando vemos en la prensa que se llenan páginas y páginas con sor
María y los bebés robados de hace décadas, nosotros decimos: ¡Pero si
algo parecido está pasando aquí y ahora!”, comenta el abogado de Nabila,
argelina, madre soltera que dio a luz en febrero de 2011 en el Hospital
de Burela (al norte de la provincia de Lugo) y que ahora intenta
recuperar a su hija “arrebatada”, mientras otro juzgado de Pontevedra
avanza paralelamente en el proceso de adopción.
Nabila, que prácticamente acababa de llegar a España para trabajar
como empleada de hogar cuando quedó embarazada, asegura que cuando parió
no conocía el idioma y que en el hospital firmó los papeles que
autorizaban el acogimiento preadoptivo porque creía que era su alta
hospitalaria.
La Operación Bebé se puso en marcha a raíz de la denuncia que
presentaron cuatro abogadas por supuestas irregularidades detectadas en
la tramitación por parte del Gobierno gallego de expedientes de
desamparo de pequeños y, sobre todo, recién nacidos. Ahora, según
explica Elías Fernández Jorge, uno de los padres que lucha por recuperar
a su niño “secuestrado por la Xunta” —al que vio por última vez a
través de una ventana hace más de tres años—, en el juzgado se acumulan
historias de “casi 20 familias”. Otras fuentes hablan de algo más de una
docena. El último caso, por la documentación a la que ha tenido acceso
este periódico, es de mayo de 2011.
El número de abogados denunciantes, la mayoría de oficio, ha ido
aumentando desde las cuatro iniciales. Todos ellos coinciden en que, en
pleno siglo XXI, personal del Servicio de Menores de la Xunta de Galicia
en Lugo ha estado retirando niños “con vistas a la adopción” mediante
actuaciones “arbitrarias” basadas en informes subjetivos “que ellos
mismos elaboran” o que encargan, por ejemplo, a una orden de monjas, las
Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María, que regenta en la
ciudad el Hogar Madre Encarnación. La Congregación de las Causas de los
Santos tramita actualmente en el Vaticano la beatificación de la
religiosa que da nombre a esta residencia lucense para madres y niños
desamparados, fundadora de la orden de monjas, con casa matriz en Cádiz.
Kristina fue amenazada por la mafia: si no entregaba a su bebé unos hombres matarían a su niña mayor
En el caso de Paula, tampoco se tuvo en cuenta la figura paterna.
Según consta en la denuncia que presentó más tarde su marido, Braulio,
la declaración de desamparo del niño se tramitó en la Xunta haciendo
constar que el lactante era de “padre desconocido”. Pero Braulio luchaba
en la puerta del hospital por entrar a conocer a su vástago. Cumplía
por entonces una orden de alejamiento de su esposa. No obstante, su
consentimiento era igualmente imprescindible para tramitar la acogida
del menor. Y él no lo daba “bajo ningún concepto”, como hizo constar ya
en un primer escrito a la dirección del hospital. Inmediatamente, el
Servicio de Menores de la delegación de la Xunta en Lugo acordó prohibir
la relación del menor con toda su familia.
A Paula y a Braulio, fontanero de profesión, aquel embarazo les había
dado mucha alegría. Ella ya había comprado la cuna. Había hecho acopio
de patucos, de jubones, de pijamas diminutos. No quería por nada del
mundo desprenderse de ese crío. Después entró en barrena. Iba casi a
diario a hacerse pruebas de embarazo, pero ya no pudo tener más bebés.
Su historia fue la primera que llegó a manos de una abogada lucense y
también la primera que ha conocido la ciudad gracias a un reportaje que
publicó La Voz de Galicia en su edición local. Braulio rompió
el hielo que paralizaba a tantas familias al presentar su denuncia. Pero
aún hoy no puede ver a su niño.
Marta cuenta que fue ingresada por el Ayuntamiento de Lugo en la
residencia de las monjas del Rebaño de María cuando se quedó embarazada.
Había perdido ya a sus dos niños mayores por informes de la Xunta que
aludían como justificación a certificados médicos y escolares cuyo
contenido era diametralmente opuesto al real. Las religiosas, dice, no
le dejaron comprar el cochecito. Al poco tiempo de parir, presionada
para que entregase el bebé, se puso “un chándal sobre otro” y acudió al
pediatra, que le extendió un certificado que daba fe de que aquella cría
estaba “perfectamente cuidada”. Con él en la maleta y la niña en brazos
huyó a Portugal, y desde allí, con el padre de sus hijos, lucha por
recuperar a los mayores.
En unas diligencias previas de mayo de 2010, la juez se refería a
“graves irregularidades” que “podrían llegar a ser consideradas como
presuntos delitos de falsedad documental, desobediencia grave a la
autoridad e incluso prevaricación, por parte de funcionarios públicos”.
Más adelante explicaba que “en la tramitación referente a procedimientos
de acogida, preadopción y adopción” aparecen expedientes de la Xunta
que citan otros documentos “cuyo contenido no es el que aluden”. “Hablan
de informes médicos negativos que, en realidad, tienen un carácter
positivo” y “se toman decisiones” basándose en “otros informes médicos
que no existen”.
Con la investigación judicial en marcha, se han producido registros
en la delegación de Familia y Menores en Lugo y en la residencia de las
religiosas. Aunque de momento no hay imputados, y la investigación,
según los abogados denunciantes, se ha estancado después de que cambió
de juzgado por decisión de la instructora. Con la investigación del caso
Campeón prácticamente concluido, pendiente solo del último papeleo,
Estela San José eligió el día de los Santos Inocentes de 2012 para
reactivar los interrogatorios relacionados con la retirada
administrativa de lactantes. La magistrada continuó las diligencias
hasta bien entrado este año, pero finalmente decidió inhibirse porque en
los años transcurridos entabló amistad, por cuestiones ajenas al caso,
con una de las letradas denunciantes. La investigación judicial está
ahora en manos de Sandra Piñeiro, titular del juzgado 2.
La primera juez del caso asegura que algunas adopciones se basaron en informes médicos “que no existen”
La Xunta intentó personarse en un momento de la investigación como
“perjudicada”, pero el juzgado desestimó la petición. Según una portavoz
oficial de la Consejería de Bienestar, el departamento responsable de
las adopciones, el Gobierno gallego está “deseando” que avancen las
diligencias y se empiecen a despejar culpabilidades. “Estamos en ascuas.
Al no poder personarnos no tenemos información y no podemos tan
siquiera abrir una investigación interna”, explica la misma persona. “No
sabemos nada de nada, solo que la juez estuvo en la delegación y se
llevó papeles. La sensación es de impotencia, porque no se sabe a quién
se investiga. Los trabajadores del departamento de Menores de Lugo se
sienten señalados, están personalmente mal”, y además, “reciben un
aluvión de llamadas telefónicas de familias que también están
preocupadas”. Los nombres de dos responsables del departamento aparecen
citados por un fiscal como personas que deben ser llamadas a declarar en
calidad de testigos, en relación con el caso de la niña que nació en
Burela. La Xunta asegura, sin embargo, que todavía no han recibido
notificación.
Una de las últimas actuaciones que hizo la juez San José antes de
dejar el caso fue tomar declaración como testigo, el pasado 21 de enero,
a sor Belén, la directora del Hogar Madre Encarnación. La institución
lleva a cabo un programa social, Sí a la vida, de acogida de gestantes
sin recursos en los últimos meses de embarazo. La orden se desvincula de
las decisiones que toma la Administración autonómica. Según sor Belén,
cuyo nombre civil es Alicia Berna, ellas se limitan a formar a las
mujeres internadas, les “enseñan a limpiar”. Luego, cuando nace el niño,
redactan informes “a requerimiento de Menores”.
A veces, explican varios abogados del grupo denunciante, no llega a
haber contacto entre la familia biológica y los críos, pero en otras
ocasiones les son retirados a las madres cuando ya han empezado a darles
de mamar. Al menos dos de las mujeres que revelaron haber sido
despojadas de sus bebés, y que declararon ya en los juzgados de Lugo,
relatan que las monjas, además de obligarlas a trabajar barriendo y
fregando la residencia, un edificio de cuatro plantas en plena ciudad,
pretendieron convencerlas de que entregasen a sus hijos en adopción. Les
hablaban, según estos testimonios del sumario, de que había matrimonios
“interesados” en esos bebés, hogares capaces de darles mejor vida a las
criaturas. Así lo afirma ante la Policía Judicial, por ejemplo,
Kristina, una testigo protegida que en abril de 2003, sin saber
castellano, según se recoge en la instrucción, firmó el consentimiento
de adopción (y la obligatoria ratificación al mes siguiente) presionada
por las amenazas de un “hombre ruso” residente en Ribadeo.
Este enigmático personaje del que ella, inmigrante de Europa del
Este, dice no saber nada, es quien la interna y quien la recoge, una vez
alumbrado el niño, en el Hogar Madre Encarnación, del que no podía
salir si no era acompañada por personal de la casa. Tal y como declara
la chica, el hombre le advirtió que “matarían” a su hija mayor (que
vivía con los abuelos en su país de origen) si no firmaba los papeles de
la Xunta. Presa del pánico, Kristina consintió separarse para siempre
de su recién nacido, al que nunca llegó a ver, aunque sabe que era varón
y pesó en el parto cuatro kilos. Un par de semanas antes del
nacimiento, describe en su declaración ante la Guardia Civil, “una de
las monjas” le dijo que “había dos familias interesadas” y que una de
estas podía “pagar más que la otra”.
Según el celador del Xeral Calde que decidió declarar y contar el
episodio de los Valium a favor de Paula y de su marido, Braulio, en el
hospital oyó que “una chica de Guntín [municipio del sur de Lugo] que
había dado a luz un niño, lo vendió voluntariamente y con el dinero
compró un tractor”.
Cada caso de los que recoge la instrucción daría para una novela.
Desde el 20 de octubre ya no pesa el secreto sumarial aunque el juzgado,
según critican abogados que presentaron las denuncias, solo ha dado
acceso a siete tomos, posiblemente “mucho menos de la mitad” de los que
ya se acumulan. Por sus páginas desfilan mujeres víctimas de malos
tratos, enfermas, sin recursos, sin familia, sin apenas estudios,
inmigrantes recién llegadas y desorientadas, invisibles para la
sociedad. Según sus letrados, tienen fe en la Administración, en los
servicios sociales, y no saben, en muchos casos, que tienen derecho a
defenderse frente a estos, ni tan siquiera que existe un cuerpo de
abogados gratuito.
Algunos de los primeros casos que se fueron sumando a la denuncia
inicial son de víctimas de trata. “Prostituta”, “bailarina”, son las
profesiones que declaran trabajadoras de clubes de alterne de Lugo y A
Coruña que cuentan cómo se vieron despojadas de sus recién nacidos, a
los que apenas o jamás llegaron a tener en brazos. Estas historias
formaban parte de la instrucción del truculento caso Carioca, que
destapó una auténtica mafia de proxenetismo que dominaba varios
prostíbulos, con base de operaciones en el club Queen’s, y que estaba
edificada sobre los recios cimientos de una policía corrupta. En la
Carioca, cientos de mujeres declararon contra agentes que no solo
amparaban los negocios clandestinos, sino que los regentaban.
Una madre declara que, tras ver cómo le arrebataban su hijo, se arrojó desde un octavo. Ahora está tetrapléjica
Dulce, otra de las testigos protegidas, esta vez brasileña, que
perdió a su bebé en el laberinto burocrático, relata que fue
precisamente un policía quien la llevó al Hogar Madre Encarnación y más
tarde a un psiquiátrico. La biografía gallega de esta madre es
aterradora. Decidió emigrar porque quedó viuda y necesitaba mantener a
los dos hijos que había tenido en Brasil. Llegó a España en 2002 con una
deuda de 3.800 euros que debía abonar a tres clásicos de los banquillos
sobre prostitución en la comunidad: Manuel Manteiga, alias El Increíble
(liberado por el Supremo de una condena de 34 años) y sus socios (en
paradero desconocido desde 2004 a raíz de la misma sentencia) Manuel
Ulloa, El Melenas; y José Rico, El Pelao.
Después, Dulce cambió de club varias veces, quedó embarazada de un
hombre que (probablemente por miedo) no quiso identificar en sus
declaraciones y se negó a abortar, ilusionada con la idea de tener un
tercer hijo a este lado del océano. Entonces fue internada en el Hogar
Madre Encarnación, y dio a luz una niña que entregó, supuestamente
presionada y confundida por las terribles experiencias vividas. Cayó en
una fuerte depresión, pasó por varios psiquiátricos, y en un episodio
negro del que no recuerda casi nada, acabó tetrapléjica y perdió un
brazo. La versión oficial cuenta que a los 30 días de dar a luz se
arrojó desde un octavo piso en un hospital de Pontevedra. La había
trastornado la idea de recuperar a su bebé. Hoy es una mujer lúcida,
testigo clave en la lucha contra las mafias del sexo en Galicia. No
recuerda qué fue lo que le pudo pasar, pero se acuerda cada minuto de su
bebé.
Las casualidades de la vida, en una ciudad pequeña como Lugo, se dan
con desquiciante frecuencia. Si una operación judicial desemboca en otra
y todas, en algún momento, son parientes, resulta que en algunas
tarjetas sanitarias que aparecen fotocopiadas dentro de la instrucción,
de mujeres recluidas en la recta final de su embarazo en la residencia
de las religiosas, figura como médico de cabecera el ya tristemente
famoso doctor Carlos Jesús Abuín, imputado en la Operación Carioca.
Varias trabajadoras de burdeles de Lugo lo identificaron como autor de
abortos ilegales en una sórdida clínica en la que presuntamente, a
cambio de 500 o 600 euros, el ginecólogo extraía los fetos con “una
manguera” y sin aplicar anestesia. Una de las gestantes describe en sus
declaraciones la escena. Gritaba y gritaba “muerta de dolor”, y nada más
terminar Abuín le dijo fríamente: “Vístete rápido y vete a casa”. A los
pocos días sufrió una fuerte hemorragia. Las que, enfrentándose a las
amenazas de sus chulos, decidían llevar a término sus embarazos
recluidas en las monjas, se topaban también con él en el Servicio
Gallego de Salud, donde ejercía como médico de familia.
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