Las víctimas de la dictadura franquista deberán esperar. Estaba
previsto que durante cuatro jornadas, entre este miércoles y el próximo
16 de mayo, varios familiares de víctimas declararan por
videoconferencia ante la juez Masría Romilda Servini de Cubría. Sin
embargo, una protesta del Ministerio de Relaciones Exteriores frenó la
convocatoria: la juez decidió postergar las declaraciones para evitar
así que el Estado español decidiera decretar la nulidad del
procedimiento, lo que podría suponer trabas burocráticas más dilatadas.
Era inédito en todos los sentidos: primero, porque la juez escucharía
por videoconferencia desde su despacho en Buenos Aires; también, porque
la única vez que la justicia escuchó a las víctimas del franquismo en
37 años desde el fin del régimen fue, paradójicamente, cuando el Tribunal Supremo español procesó al juez Baltasar Garzón por declararse competente para investigar aquellos crímenes.
El director de Asuntos Jurídicos y Consulares español, Luis
Fernández, manifestó al embajador argentino en España, Carlos Bettini,
su «preocupación» por que se pudieran violar los artículos 30 y 31 del
tratado bilateral de extradición y asistencia judicial, según el
diplomático explicó a la agencia Télam. Según ese tratado, firmado entre
los dos países en 1987, este tipo de declaraciones debe hacerse a
través de una comisión rogatoria, y con previo aviso a las autoridades
españolas.
Además, el secretario de Estado de España para Iberoamérica, Jesús
Gracia, llamó a Bettini para notificarle "una nota verbal", esto es, un
aviso previo a la protesta formal. Por todo ello, Bettini pidió a la
juez "que las declaraciones se lleven a cabo con todas las garantías"
exigidas por las autoridades españolas, para así evitar que se declare
la nulidad de lo actuado. "Un procedimiento de nulidad podría llevar
varios años, y esto perjudicaría a las víctimas", explicó Bettini.
Esperando justicia para Salvador
Así que Merçona Puig Antich tendrá que esperar, más aún, para
alcanzar su objetivo de que los culpables de la muerte de su hermano "se
disculpen y reconozcan que esto fue un crimen", como le expresó al
diario 'Página 12. Al anarquista Salvador Puig Antich lo condenaron a
morir en el garrote en enero 1974, en un polémico juicio que, para
muchos, era una respuesta del régimen agonizante tras el atentado de ETA
que mató a Luis Carrero Blanco, presidente del Consejo de Ministros de
Franco, en diciembre de 1973.
Puig Antich militaba en el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), un
grupo anarquista. La policía iba tras sus pasos por un coche alquilado
que no había devuelto y una bolsa que dejó olvidada tras un robo
organizado por el grupo para financiarse. Lo arrestaron junto a un
compañero en 1973 y lo acusaron de matar un policía durante el tiroteo
que siguió al arresto. Un juicio sumarísimo, a cargo de un tribunal
militar, lo condenó, pese a las irregularidades que rodearon al caso. Lo mataron el 2 de marzo de 1974; al día siguiente, una multitud salió a protestar a las calles de Barcelona.
37 años después
Merçona era, junto a Pablo Mayoral Rueda y Pedro Fausto Canales, una
de las personas convocadas a declarar a las 14.00 horas de España (9
horas en Argentina) en el Consulado argentino de Madrid. Eran los tres
primeros de un total de doce víctimas de la dictadura que fueron
llamados a testificar por la juez a cargo de la querella por crímenes de lesa humanidad y/o genocidio cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.
La querella fue interpuesta por un grupo de familiares y víctimas del
franquismo el 14 de abril de 2010. La Justicia argentina asumió la
causa bajo el principio de justicia universal que permite perseguir
allende las fronteras a los responsables de delitos de lesa humanidad.
La magistrada deberá resolver sobre el pedido de detención
internacional que pesa sobre ocho españoles acusados de haber cometido
esos crímenes. Uno de ellos es José Utrera Molina, suegro del ministro
de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Utrera fue uno de los ministros de
Franco que firmó la sentencia a muerte de Salvador Puig Antich.
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