El Gobierno catalán esperaba desde hace días la suspensión cautelar de la declaración de soberanía
del Parlamento autonómico y tenía a punto un extenso argumentario para
rebatirla. De ahí que Artur Mas no tardara ni una hora en comparecer
ante los periodistas y dejar claro que ni piensa desistir en el plan
soberanista ni corregir la estrategia. “El camino sigue, pese a los
obstáculos”, aseguró el presidente de la Generalitat, al tiempo que
argumentaba que la declaración de soberanía fue aprobada por un
Parlamento “elegido democráticamente” y con un mandato claro de los
electores. A partir de ahora es el Parlamento catalán el que debe mover
ficha. Hoy mismo se reunirá la Junta de Portavoces para trazar la
estrategia. Antes de 20 días la cámara catalana tiene que enviar las
alegaciones para evitar la suspensión definitiva del acuerdo. Mas no
respondió este miércoles a la pregunta de si estaría dispuesto a volver a
votar la declaración como medida de protesta.
La opinión dominante en la Generalitat y también en el Partit dels Socialistes (PSC), que en su día rechazó mayoritariamente la declaración,
es que la suspensión del texto tendrá un efecto legal muy limitado. Por
esta razón el Parlamento catalán no dudó este miércoles en dar un nuevo
paso en el proceso soberanista y crear, como estaba previsto antes de
la resolución judicial, una comisión de seguimiento del “derecho a
decidir”. Los socialistas apoyaron este nuevo paso porque entienden que
dicha comisión de seguimiento no implica que la independencia sea la
meta final. El PP, en cambio, se opuso a él con gran firmeza y lo
interpretó como “un acto de insumisión y desacato”. Por esta razón, la
mayor parte de los diputados de esta formación se ausentaron del debate
y ninguno de ellos participó en la votación. El PP también abrió la
puerta a acudir al Tribunal Constitucional por esta nueva votación.
Artur Mas tildó de “insólita, altamente preocupante y profundamente
decepcionante” la decisión del tribunal. “Es tremendamente preocupante
que en un Parlamento elegido y constituido democráticamente no se pueda
ni pronunciar ni aprobar una declaración”, afirmó, mientras hacía
hincapié en que el texto no tenía validez jurídica más allá de ser una
declaración de intenciones. Tanto el presidente como muchos dirigentes
de CiU insistieron en que la decisión del Constitucional no hace más que
poner en evidencia que se quiere evitar que los catalanes puedan elegir
libre y democráticamente su futuro. “El proceso seguirá mientras
quieran los catalanes”, resumió. En este punto tuvo el apoyo total de
sus socios de Esquerra Republicana.
Pere Navarro, primer secretario del PSC, no se mostró sorprendido al
conocer la suspensión de la resolución. “Ya sabíamos que llegaría el día
de hoy. Lo que empieza mal, acaba mal”, afirmó para lamentar que, a su
juicio, la decisión “alimenta el escenario de confrontación que alguien
previó hace meses”. “Alguien aprobó la resolución sabiendo que habría
una respuesta del Gobierno del PP, que también se alimenta de esta
confrontación”, añadió.
Lo que el PSC quiere ahora poner en valor es la existencia de una
segunda resolución aprobada por el Parlamento autonómico el 13 de marzo,
que no ha sido recurrida y que defiende el diálogo entre el Gobierno
español y el catalán para facilitar la celebración de una consulta
pactada y, por tanto, fuera de toda duda de legalidad. Los socialistas
entienden que esa debe ser la vía para dar salida a la demanda de
consulta que propugnan todos los partidos catalanes, menos PP y
Ciutadans, y en la que el PSC defendería la posición de que Cataluña se
mantenga dentro de España.
Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, defendió la
resolución del Tribunal Constitucional y, una vez más, acusó a Pere
Navarro de “ser el socio más directo en el camino de la independencia”.
En una línea similar se pronunció el presidente de Ciutadans, Albert
Rivera. “Estamos satisfechos por la decisión, aunque el Gobierno
recurriese tarde, pero más vale tarde que nunca”, dijo. Además pidió,
sin éxito, que el debate celebrado este miércoles para crear la comisión
de seguimiento se suspendiese para siempre. “No queremos que se debata
nunca”, insistió.
La decisión del Tribunal Constitucional volvió a cimentar el consenso
de los partidos catalanes que defienden el derecho a decidir. El caso
más paradigmático es el de Iniciativa, que, si bien se ha mostrado
crítica los últimos días con Artur Mas por intentar vincular la
superación de la crisis al derecho a decidir, este miércoles optó por
cerrar filas. Joan Herrera aseguró que la decisión del tribunal ha hecho
perder a este el poco prestigio que tenía y la tildó de “profundamente
antidemocrática”.
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