“Se observa una actuación [del PP] persistente en el tiempo
consistente en transformar donaciones nominales por encima del límite
legal en ingresos en la cuenta de donativos anónimos, dividiendo la
cuantía en múltiples partes por valor inferior, con lo que es imposible
verificar si se incumplen los límites máximos de aportación”. Esta es la
principal conclusión del informe de la Unidad de Delitos Económicos y
Financieros (UDEF) de la policía tras analizar los llamados papeles de Bárcenas (la supuesta caja B del PP de los últimos 20 años, entre 1990 y 2008) y cotejarlos con la contabilidad oficial de este partido.
El documento, de 131 folios y cinco anexos, confirma que el PP, a
través de su extesorero Luis Bárcenas, vulneró supuestamente la Ley de
Financiación de Partidos Políticos al ingresar en la cuenta especial del
Banco de Vitoria (luego Banesto) donaciones ilegales “troceadas en
pequeñas cantidades” para evitar que superasen el tope legal de los 60.000 euros, como adelantó EL PAÍS el pasado 17 de abril, y esquivar así la labor fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
La UDEF señala, además, que las empresas donantes (OHL, Sando, Sacyr,
Azvi, Aldesa o Contructora Hispánica, entre otras) recibieron contratas
de administraciones públicas, algunas gobernadas por el PP y otras por
el PSOE y otros partidos. La Ley Orgánica sobre Financiación de los
Partidos Políticos, que estuvo vigente desde 1987 hasta julio de 2007
—prácticamente toda la etapa que recogen los manuscritos de Bárcenas—,
señalaba que “los partidos no podrán recibir, directa o indirectamente,
aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica
superiores a la cantidad de 10.000.000 de pesetas al año (60.000
euros)”. Y añadía que también estaban prohibidas las aportaciones
procedentes de “empresas que, mediante contrato vigente, presten
servicios o realicen obras o suministros para alguna Administración
Pública”.
El informe abunda en la autenticidad de los papeles manuscritos de Bárcenas
que publicó EL PAÍS el pasado 31 de enero (están escritos de su puño y
letra, según el informe policial caligráfico). Y destaca que existen
numerosas coincidencias entre los apuntes de Bárcenas, la contabilidad
oficial del PP y los extractos que figuran en la cuenta especial del
Banco de Vitoria en la que, por imperativo legal, debían ingresarse esas
donaciones en aras de la transparencia.
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Los papeles de Bárcenas reflejan una supuesta caja B del PP en los
últimos 20 años. Una contabilidad paralela que recoge donaciones
ilegales al partido de grandes empresarios y supuestos pagos o sobresueldos con ese dinero a su cúpula dirigente.
Pagos a políticos (“complementos”, los define Bárcenas en su
declaración ante la fiscalía anticorrupción) que también serían ilegales
porque algunos de los beneficiarios ya cobraban sueldos como cargos de
la Administración y tenían prohibida cualquier otra retribución.
La Ley de Financiación de Partido Políticos prohibía, además, que empresas donantes de dinero a partidos pudieran contratar con la Administración. La policía ha analizado las contratas que recibieron 14 de las empresas que figuran como donantes en los papeles de Bárcenas. Y cita varios ejemplos en los que sus gestores dieron donativos y recibieron obras públicas, aunque en ningún caso la policía llega a relacionar las entregas de dinero con la adjudicación de contratos, puesto que en muchos casos recibieron obras de administraciones gobernadas por distintos partidos políticos y no existen pruebas en la investigación abierta de relación directa entre el pago y la obra adjudicada. Los únicos indicios a este respecto figuran en el sumario del caso Gürtel vinculados a Constructora Hispánica.
La Ley de Financiación de Partido Políticos prohibía, además, que empresas donantes de dinero a partidos pudieran contratar con la Administración. La policía ha analizado las contratas que recibieron 14 de las empresas que figuran como donantes en los papeles de Bárcenas. Y cita varios ejemplos en los que sus gestores dieron donativos y recibieron obras públicas, aunque en ningún caso la policía llega a relacionar las entregas de dinero con la adjudicación de contratos, puesto que en muchos casos recibieron obras de administraciones gobernadas por distintos partidos políticos y no existen pruebas en la investigación abierta de relación directa entre el pago y la obra adjudicada. Los únicos indicios a este respecto figuran en el sumario del caso Gürtel vinculados a Constructora Hispánica.
La UDEF concluye sobre las adjudicaciones a estas empresas: “Las
fórmulas de entregas [de donaciones] varían de unas cantidades a otras,
si bien se observa una continuidad en las aportaciones en el caso de las
sociedades Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa; y
en otros casos [de empresas analizadas] existe una concentración [de
adjudicaciones] en un momento determinado, como es el caso de Sedesa, en
el año 2004; Copasa, en 2007, y Rubau en 2004”.
Es decir, que en algunos casos coincide la entrega de donaciones con
un mayor volumen de adjudicaciones por parte de administraciones
públicas.
Ruz ha citado para fines de este mes a ocho de los empresarios
relacionados como donantes en los cuadernos manuscritos del extesorero
que publicó EL PAÍS. Pero no están todos: en los papeles de Bárcenas
constan otros grandes empresarios donantes que, de momento, no han sido
citados, entre ellos Ramón Aigé, de Sorigé, o Adolfo Sánchez, de Asphalt
Road.
Al término del informe, la policía propone al juez que indague las
adjudicaciones de obras recibidas por empresas vinculadas a estos dos
empresarios y a José Antonio Romero Polo; Joaquín Molpeceres (Licuas y
Desprosa) o Ignacio Javier López de Hierro Bravo (Metrovacesa y
Constructora Continental). López de Hierro es el marido de la secretaria
general del PP, María Dolores de Cospedal. Fuentes próximas al juez Ruz
otorgan gran valor a este “informe preliminar” de la policía. Lo
califican de “concienzudo” y “exhaustivo”,
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