La huelga de hambre de los presos de Guantánamo
va a entrar en su tercer mes con más de la mitad de la población del
centro de reclusión sumada a ella y con la casi totalidad de los
efectivos militares dedicados a atender y alimentar por la fuerza a los
huelguistas.
La situación que se vive en la base naval militar norteamericana
instalada en territorio cubano es tan límite que el Pentágono ha enviado
personal médico adicional para que pueda ocuparse del creciente número
de presos que se niegan a comer.
El pasado viernes, las autoridades de la base reconocían que 94 reos
están en huelga de hambre sobre un total de 166, y que 17 estaban siendo
alimentados con vías por la nariz hasta el estómago para evitar su
deshidratación y pérdida de peso que les podría acarrear la muerte.
En la semana que comienza deberían de llegar a la instalación militar
40 personas enviadas por el Departamento de Defensa —entre médicos,
enfermeras y otro personal hospitalario— que ayudará a las cerca de 100
personas actualmente de servicio en las instalaciones médicas de la
Armada, según el coronel Samuel House, uno de los portavoces del centro
de reclusión de Guantánamo.
No es ésta la primera huelga de hambre que se vive en la prisión.
Poco después de su creación, en enero de 2002, para alejar de las leyes
de EE UU a los capturados en el extranjero en la guerra contra Al Qaeda
—denominados por la Administración de George Bush “combatientes
enemigos”—, se desarrollaba la primera.
En 2006, las autoridades militares acababan por la fuerza con otra
que llegó a sumar a casi 200 personas —por aquel entonces había más de
600 prisioneros—. Pero la que ahora se lleva a cabo obedece a razones
distintas a las de hace años. Si, según el teniente coronel de turno a
cargo entonces de las relaciones con la prensa, la huelga era "una
táctica de Al Qaeda" para captar la atención de los medios de
comunicación, ahora responde a razones que difieren según las versiones
pero que tiene la frustración y la desesperación como telón de fondo:
los presos están dispuestos a dejarse morir antes que pasar otro día más
encerrados.
En un principio, los presos se quejaron de registros indiscriminados
en los que sus objetos personales –entre ellos el Corán- eran tratados
de forma irrespetuosa por los militares. Pero tanto los abogados como
las autoridades de la base aseguran que lo que subyace es el sentimiento
de que la única manera de abandonar el penal es en un féretro.
Para el general John Kelly, jefe del Comando Sur del Ejército de
Estados Unidos y al frente del penal de Guantánamo, los presos tenían
grandes expectativas de que con Barack Obama se cerrase el centro que se
han visto frustradas. “Estaban devastados cuando percibieron que el
presidente daba marcha atrás”, asegura Kelly, en entrevistas con la
prensa norteamericana la semana pasada. A esa decisión se sumó la firma
presidencial en enero de 2011 para restringir al máximo los traslados a
terceros países.
El pasado viernes, la influyente senadora demócrata Dianne Feinstein
–presidenta del Comité de Inteligencia del Senado- pedía a la Casa
Blanca que reanudase el proceso de transferencia y liberación de 86 reos
que hace más de tres años que cuentan con el visto bueno de la
Administración para regresar a sus países. De esos 86 presos, 56 son de
Yemen, país hacia el que el presidente Barack Obama frenó futuras
transferencias después del intento de atentado el día de navidad de 2009
por parte de un yemení y la base de Al Qaeda en ese país asiático
frente al cuerno de África.
“El hecho de que muchos detenidos hayan pasado más de una década en Guantánamo y crean que no hay luz al final del túnel para ellos es una razón más para los crecientes problemas
y los cada vez más y más reclusos en huelga de hambre”, ha escrito
Feinstein en una carta dirigida a Tom Donilon, consejero de Seguridad
Nacional de la Casa Blanca.
Feinstein recordaba en su carta al consejero de seguridad de Obama
que cuando sucedió el intento de atentado el día de Navidad ella misma
pidió al presidente que se paralizaran las transferencias “hasta que la
situación en Yemen se estabilizase”. Sin embargo, la senadora considera
que ha llegado el momento de examinar si el presidente yemení, Abdu
Rabbu Mansur Hadi –enemigo declarado de Al Qaeda
desde que llegó al poder el año pasado- puede garantizar que “los 56
yemenís que tienen carta blanca para ser transferidos” no serán un
peligro para la seguridad y proceder así a su traslado desde Guantánamo.
La senadora recuerda a la Casa Blanca
en su misiva que tras su visita al penal militar de Guantánamo a
principios de este mes, el Comité Internacional de la Cruz Roja indicó
que la desesperación entre los detenidos “no tiene precedentes”.
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