Las administraciones públicas responden a los ciudadanos sobre todo con silencio

El silencio es el comportamiento favorito de las administraciones públicas -nacional, comunidades autonómicas y administraciones locales- frente a las preguntas de los ciudadanos. Todo ello cuando la tramitación de la futura Ley de Transparencia entra en su recta final.

Las conclusiones de la actividad anual del sitio web 'Tuderechoasaber.es', creado el pasado año bajo el paraguas de la Fundación Civio y Access Info Europe para facilitar un cauce de diálogo entre ciudadanos y administraciones, indica una triste realidad: "Sólo 75 de las 567 preguntas válidas recibieron una respuesta satisfactoria" entre el 20 de marzo de 2012 -día de su lanzamiento- y el 31 de diciembre de 2012.

Los responsables de este sitio web han detectado barreras tales como el uso obligatorio de formularios en los que se exige demasiados datos personales de forma innecesaria a quien pide información. Además, "muchas instituciones no tienen un e-mail de contacto para poder dirigirse a ellas, algo que no tiene mucho sentido, ya que el correo electrónico es el medio de comunicación más utilizado", afirma en informe.

"El silencio es la principal barrera con la que se encuentran los ciudadanos que exigen información, un problema genérico a todos los niveles (nacional, autonómico y local) y que se repite en las peticiones de información sobre aspectos medioambientales, pese a contar con su propia ley de acceso a la información", recuerdan los responsables de este sitio web. Ese silencio, recuerda el informe, hace que las preguntas 'caduquen' a los tres meses, algo que no cambiará previsiblemente con la futura Ley de Transparencia, "según el planteamiento del Proyecto de Ley".

Así, más de la mitad de las peticiones de información de ciudadanos cursadas a través de este plataforma quedaron directamente sin respuesta, mientras que sólo un 13% recibieron una respuesta satisfactoria. Del resto, en el 12% de los casos la administración "no disponía de la información", mientras que hubo respuestas incompletas en el 7% de los casos e inadecuadas en el 5% de los casos. El 2% de las respuestas fue para rechazar cuestiones.

De este informe llama la atención el grado de opacidad de las adminsitraciones locales, es decir, ayuntamientos, comarcas y diputaciones. Nada menos que el 70% de las cuestiones plantea das recibieron 'la callada' como respuesta durante los últimos 12 meses. Tampoco pueden presumir de transparentes los partidos políticos: a excepción de UPyD, ningún partido responde a las preguntas y peticiones de los ciudadanos.

Demasiados obstáculos

El informe está cuajado de casos concretos. Así, por ejemplo, destaca cómo Metro de Madrid insta a los ciudadanos a utilizar su propio formulario "para exigir al solicitante información de carácter personal que no es relevante para la gestión de una petición de información", o bien que existen administraciones que exigen el uso del DNI electrónico y otros muchos requisitos, tal es el caso del Gobierno Foral de Navarra

Destaca el informe que "incluso entre las peticiones relacionadas con materias medioambientales, que sí cuentan con una ley de acceso a la información propia en España, el porcentaje de silencio administrativo es del 58,14%".

Las administraciones se niegan a contestar a preguntas tales como cuáles son los complementos vitalicios para altos cargos de la administración, el volumen total de deuda pública emitida entre 2008 y 2012, el coste de celebración de los comicios autonómicos catalanes de 2003, 2006 y 2010 o información sobre presupuestos y gasto desglosado de varios proyectos de ciudadanía digital en Andalucía.

Interior no contesta a una pregunta sobre número de manifestaciones registradas desde el año 2000, mientras que Presidencia ni siquiera porporciona información sobre la publicación de datos estadísticos de criminalidad, "uno de los casos más flagrantes" ya que "se comprometió a dar a conocer durante la Open Government Partnership".

Actitud de las administraciones

Victoria Anderica, coordinadora de Access Info Europe y una de las creadoras e impulsora de 'Tuderechoasaber.es' junto con David Cabo -responsable de la Fundación Civio-, sospecha que la futura Ley de Transparencia no va a resolver realmente esta 'opacidad' de las administraciones públicas.

Esta experta pone de manifiesto que, por ejemplo, "no hay excusa posible para que el Ministerio de Presidencia no responda a las preguntas porque no existe aún la ley, es absurdo, debería contestar aunque sea por mera educación". Se trata pues de una cuestión de actitud de las administraciones.

"La futura ley, al consagrar el silencio administrativo negativo como una respuesta válida a las preguntas de los ciudadanos, no revertirá esta situación", comenta Anderica en conversación telefónica con el Navegante. "Al final, el silencio es una violación más del derecho de acceso a la información pública". "Además", destaca Anderica, "no se prevén medidas de promoción de la transparencia, y tenemos el precedente del sector medioambiental, que cuenta con su propia normativa pero que no se aplica porque no se conoce", apunta.

Anderica apunta que la 'opacidad' en las entidades locales -hay que recordar que ha habido menos número de solicitudes de información en 'Tuderechoasaber.es' para estas entidades- podría continuar por la sencilla razón de que no hay dinero, un problema que será mayor cuanto menor sea el municipio. "Hay mucho trabajo que hacer, la ley exigirá un portal de acceso a la información pública, personal encargado de contestar a las preguntas de los ciudadanos... la aplicación de esta ley se va a hacer a trompicones, y esto es un riesgo". "La descentralización no debería suponer un problema para los ciudadanos", concluye.

'Tuderechosasaber.es' ha desarrollado una serie de campañas concretas para impulsar tanto su utilización por cualquier ciudadanos como el planteamiento de problemas concretos relacionados con la transparencia institucional. Así, según explica una entrada de su blog, se han puesto en marcha preguntas a través de esta plataforma sobre temas como los protocolos policiales frente a las manifestaciones, la gestión del agua del Canal de Isabel II en Madrid (frente a su posible privatización) o directamente sobre la propia Ley de Transparencia.