El juez José Castro, instructor del caso Urdangarin,
de supuesta corrupción por malversación de 5,8 millones de euros de
caudales públicos, ha reclamado este jueves a la Agencia Tributaria que
le remita las 10 últimas declaraciones de la renta efectuadas por la
infanta Cristina de Borbón. Castro subraya que mantiene viva su investigación porque la imputación de la hija del Rey
tiene “plena vigencia” pese a los recursos del fiscal y otras partes
ante la Audiencia de Palma, que resolverá finalmente si la duquesa de
Palma debe declarar.
La petición documental de una década de declaraciones fiscales afecta también al esposo de la Infanta, Iñaki Urdangarin,
principal implicado en la causa, con Diego Torres. En la compleja
acusación penal que afronta el duque de Palma consta una acusación por
tres delitos fiscales; previamente, y después en paralelo a la causa
penal, fue sometido a una inspección tributaria. Torres está acusado de
un delito de fraude fiscal.
El juez Castro, a petición del fiscal y sin que estuviera obligado por ley, aplazó la citación de Cristina de Borbón,
prevista para el día 27 de abril en Palma, hasta conocer lo que
resuelven los tres magistrados del tribunal de apelación sobre el
recurso presentado por los abogados de la Infanta para que no sea
imputada. Castro observa que, mientras tanto, la instrucción camina,
porque los recursos no “suspenden el curso del procedimiento”. El
magistrado dice que “nada impide” que se “puedan llevar a cabo
diligencias de investigación que se estimen oportunas”.
El instructor reclama los datos a Hacienda al aceptar la petición de
la acusación popular ejercida por el pseudo sindicato ultraderechista
Manos Limpias, que solicita, además, que las declaraciones sean
remitidas a la Audiencia de Palma para que los datos pesen en su
solución. Anteriormente, el juez había pedido información acerca de si
los duques de Palma se habían acogido a la amnistía fiscal.
La hija del Rey y su esposo, Iñaki Urdangarin, casados en régimen de
separación de bienes, efectúan declaraciones fiscales individuales, por
separado. Comparten la propiedad de la compañía patrimonial familiar
Aizóon, el palacete vivienda del barrio de Pedralbes, en Barcelona, y
tres inmuebles menores más en Baleares y Cataluña. Cristina de Borbón
trabaja como técnica en la fundación La Caixa y, además, recibe una
asignación económica de la Casa del Rey.
En la causa fue incorporada, de manera lateral, una copia manuscrita
de al menos un borrador de la declaración del Impuesto de la Renta de
Personas Físicas de la ciudadana Cristina de Borbón y Grecia. Esa
documentación afloró al ser intervenida a sus asesores fiscales,
imputados en la trama Nóos, y en otros correos electrónicos hallados en
los servidores informáticos del citado Instituto.
Los movimientos de las cuentas corrientes compartidas por el
matrimonio Urdangarin-Borbón están incluidos en los 41.000 folios del
sumario. Hay en la Fiscalía Anticorrupción numerosos análisis de la
situación económica de Urdangarin y su esposa por parte interventores
del Estado, los inspectores tributarios y los expertos policiales de la
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
El caso alude al presunto desvío de casi seis millones de euros de
los Gobiernos de Baleares (2,3) y de la Comunidad Valenciana (3,5) por
parte de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, a través del
Instituto Nóos, que se presentaba como una entidad sin ánimo de lucro.
El juez ve próximo el cierre de la instrucción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario